Bertha Alcalde Luján, una fiscal entre la defensa de la autonomía y unos fuertes lazos familiares con el poder

Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena y dirigente indiscutible de la izquierda mexicana, solía señalar, en sus tiempos de opositor, a la realeza de la política nacional y su nepotismo de manual. Desde los Del Mazo hasta los Murat, originarios del PRI, criticaba que en esas dinastías los cargos públicos se heredasen de generación en generación. México no es una monarquía, sino una república, decía el dirigente. Pero también en la izquierda hay familias prominentes cuyos apellidos son decisivos en la trayectoria política de sus integrantes. Están los Monreal, los Batres, los Concheiro, los Cárdenas, los Encinas. Y también los Alcalde, el signo de la nueva fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján. La abogada, de 38 años, ha sido designada en ese puesto clave entre cuestionamientos sobre sus méritos y la imparcialidad con que ejercerá el cargo. Su hermana, Luisa, es la dirigente nacional de Morena, el partido que gobierna la presidencia y la mayoría de los Estados, incluida Ciudad de México, además de tener el control absoluto del Congreso federal y el local. Su madre, Bertha Luján, ha sido una histórica colaboradora de López Obrador. Su padre, Arturo Alcalde, es un abogado laborista muy influyente en la izquierda.

La nueva fiscal capitalina obtuvo su primer cargo público en el sexenio de Felipe Calderón, en la Secretaría de Gobernación, donde colaboró entre 2009 y 2012 en la transición al sistema de justicia penal, una experiencia que los analistas consideran que es su principal fortaleza. Al margen de ello, la carrera profesional de Alcalde fue modesta los años siguientes, como litigante privada, hasta que llegó su gran despegue, en la Administración de López Obrador, iniciada en 2018.

Para entonces, Alcalde tenía 32 años y contaba con un título de licenciada en Derecho por la UNAM y una maestría en Estudios Legales Internacionales por la Universidad de Nueva York (NYU). La abogada ocupó durante el sexenio los puestos más variados en las carteras de la seguridad pública (SSPC), de atención de riesgos sanitarios (Cofepris), de transferencias gubernamentales (Bienestar) y de seguridad social (ISSSTE). La funcionaria habría llegado más lejos de haberse presentado la oportunidad. El presidente López Obrador quiso colocarla, sin éxito debido a la oposición en el Congreso, como consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) y como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cargo más prestigioso para un abogado. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Ciudad de México ha sido otra conquista en su corta pero prominente carrera en la función pública.

Días antes de su nombramiento, Alcalde fue cuestionada por el Consejo Judicial Ciudadano, el órgano encargado de evaluar a los aspirantes a la Fiscalía, sobre el posible conflicto de interés que entrañan los lazos de su familia con Morena. En México, las fiscalías son normativamente independientes del Ejecutivo en turno, a fin de garantizar la imparcialidad de las investigaciones. La entonces aspirante defendió su trayectoria y su especialización en derecho penal, y puso en segundo plano la importancia de su apellido. “Cierto, tengo relaciones familiares”, admitió. “Mi hermana, mi madre, que tienen un vínculo clarísimo con el partido en el poder, tanto en la ciudad como en el Ejecutivo federal.. Pero me parece que el hecho de tener lazos familiares con personas en el partido no me descalifica como candidata”, defendió. Alcalde aseguró que no milita en Morena y destacó que nunca ha contendido por un cargo de elección popular. “Yo he optado por una carrera distinta”, precisó. La nueva fiscal dijo incluso que sería “discriminatorio” si se la descalificase de la contienda “por el solo hecho de tener una relación familiar”.

Al final, no fue descalificada del proceso de selección. Al contrario, el Congreso capitalino, dominado por Morena, la nombró fiscal para un periodo de cuatro años, que comienza el próximo 10 de enero. “¡Sí se pudo, sí se pudo!”, gritaban los legisladores del bloque gobernante tras la designación, a la usanza de las celebraciones por los triunfos electorales. La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, también morenista, festejó su llegada a la Fiscalía. La mandataria local hizo referencia a su probidad, su “alta preparación” y su “experiencia probada”, y la calificó como “una mujer con principios”. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, secundó el elogio: “Es una mujer honesta”, dijo. Sebastián Ramírez, exdirigente de la formación oficialista en la capital, se unió a la celebración.

Quienes han colaborado con Alcalde la definen más allá del apellido. “Era una persona sumamente dedicada, intachable, una gran líder y una gran jefa”, comenta Juan de Dios Vázquez, que trabajó con la funcionaria durante su paso por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. “Siempre está dispuesta, a pie del cañón para ayudar en lo que sea necesario”, agrega en entrevista. Vázquez destaca la austeridad de Alcalde. Detalla que, si bien hay “pocas cosas” que se pueden considerar privilegios en los gobiernos de Morena, como que los funcionarios de alto nivel tengan un auto y un chofer pagados con recursos públicos, Alcalde “prefería rechazarlos y ahorrarle dinero a la secretaría”. Vázquez señala que en el tiempo en que laboraron juntos nunca vio que la funcionaria tomase decisiones para beneficiar a allegados suyos, familiares o a miembros de Morena. “Es muy institucional, se rige por las normas y protocolos de las instituciones. Si hay una persona que no tendría ese tipo de conflictos, es Bertha”, sostiene.

Para la abogada y académica Ana Laura Magaloni, de entre todos los cargos previos que ha tenido previamente, el de fiscal es el que más corresponde con la formación en derecho penal de Alcalde, a quien, dice, hay que darle “el beneficio de la duda”. “Su ventaja es que tiene un perfil técnico, en el sentido de que es especialista en materia penal y eso es una gran ventaja en un puesto tan políticamente competido”, señala. La investigadora afirma que defender la autonomía de la Fiscalía y resistir a las presiones políticas serán sus mayores obstáculos. “En México se pensaba que la autonomía se lograría por designar a una persona que no fuera cercana al poder. Es más complejo que eso. La Fiscalía sigue siendo un lugar de poder político”, define.

Magaloni concede que es “claro que contó” el apellido de Alcalde en la decisión de las autoridades para darle el nombramiento, pero afirma que eso no determina de antemano si influirá en su desempeño. “La complejidad reside en tener cercanía [con el poder] y qué tanto vas a marcar distancia. Porque, si no tienes cercanía, no llegas, y menos en contextos de mayorías calificadas [en el Congreso] como el que estamos viviendo”, explica. “El de ella es un buen perfil. Es técnico. Tiene niveles de cercanía y —espero— de lejanía. Es muy honesta, no se le conocen hechos de corrupción, y eso, para la Fiscalía, es una bendición”, sopesa.

El vínculo de la familia Alcalde con el movimiento obradorista es sólido y profundo. La madre de la familia, Bertha Luján, con una larga trayectoria en el movimiento izquierdista, desempeñó algunas de las responsabilidades de mayor confianza para López Obrador. Fue la contralora en el gobierno de Ciudad de México, antes Distrito Federal, en el periodo en que el dirigente fue mandatario local (2000-2005). Luego de perder las elecciones presidenciales de 2006, López Obrador, autodenominado “presidente legítimo”, la incluyó en su “gabinete” en la cartera de Trabajo; después la envió como delegada al Estado norteño de Chihuahua, de donde es originaria, para coordinar la constitución de Morena, el partido creado por López Obrador. El líder le encargó por varios años la dirigencia de su formación, mientras él preparaba su tercera y definitiva campaña presidencial.

Luisa Alcalde, la hermana menor de la fiscal, también ha tenido una carrera meteórica: en poco más de una década, en sus años treinta, fue diputada federal, secretaria del Trabajo, secretaria de Gobernación —el equivalente a un poderoso Ministerio del Interior— y, por último, presidenta de Morena, donde lleva las riendas de la formación con Andrés Manuel López Beltrán, Andy, hijo del expresidente. El padre de la nueva fiscal, Arturo Alcalde, ha sido durante décadas asesor legal de sindicatos obreros, además de académico y autor de libros sobre derecho laboral. La periodista y directora de Notimex Sanjuana Martínez acusó que, mientras Luisa Alcalde fue secretaria de Gobernación, su padre asesoraba a sindicatos de trabajadores, entre ellos el de la agencia estatal que Martínez dirigía, en lo que consideraba un conflicto de interés.

López Obrador sacó pecho todas las veces que fueron necesarias para defender a sus colaboradoras. En otra de sus acusaciones, Martínez señaló a Luisa Alcalde de un supuesto desvío de recursos desde la Secretaría del Trabajo para financiar la campaña presidencial de Sheinbaum. López Obrador contradijo a Martínez —que había sido leal a su movimiento—, le exigió presentar pruebas y destacó las virtudes de Luisa Alcalde, a la que describió como “una mujer con principios, con ideales, honesta, incorruptible”. Luego, el presidente defendió su postulación de Bertha Alcalde a la Suprema Corte de Justicia, tras ser cuestionado por presentar una terna de personas muy vinculadas a él y a Morena. “Es incorruptible”, dijo de la nueva fiscal capitalina. Y, aprovechando el mensaje, dirigió un comentario a Bertha Luján: “Desde luego, su mamá, fundadora de nuestro movimiento”.

El académico Manuel Fuentes, que formó parte del Consejo Judicial Ciudadano que postuló a Ernestina Godoy, la anterior fiscal capitalina, sostiene que los casos políticamente más explosivos pondrán a prueba la autonomía de la institución en la nueva era de Alcalde. “Deberá garantizar que las investigaciones no sean tendenciosas, sino imparciales; que no sean dictadas por la política. Y deberá lograr la eficacia en un momento en que el nivel de impunidad en el país es tan alto. Un equilibrio entre efectividad y autonomía”, señala en entrevista.

Hay varios asuntos polémicos que le estallaron en las manos a Godoy y en los que la oposición denunció un uso faccioso de la Fiscalía: el caso del Cártel Inmobiliario; el del espionaje a políticos opositores; el de la caída de la Línea 12 del Metro (que exoneró de responsabilidad a Sheinbaum, la entonces mandataria); el del plagio de la ministra del Supremo Yasmín Esquivel, o el de la pugna familiar de Alejandro Gertz, el titular de la Fiscalía General de la República. Magaloni añade que otros retos de la fiscal entrante son combatir la corrupción interna, profesionalizar a los ministerios públicos en labores de investigación y administrar los casos rezagados. Las miradas están muy fijas sobre Bertha Alcalde. Es consecuencia de la importancia de los apellidos. Atraen doblemente para admirar y para someter a juicio.