Ernestina Godoy: “En el caso de la Línea 12 del metro fue donde más autónomamente trabajó la Fiscalía”

Días cruciales en la carrera profesional de Ernestina Godoy (Ciudad de México, 69 años). La fiscal general de Ciudad de México busca alcanzar en las próximas semanas su ratificación. Ha ocupado el cargo por cuatro años y quiere quedarse otros cuatro. Su destino está en manos del Congreso local, y por la cantidad de votos que necesita, serán los legisladores de la oposición quienes decidan si se queda o debe marcharse el próximo 9 de enero. A pocos días de enfrentar su verdad, ha tenido que esquivar varios contratiempos. Como el debate por el supuesto descenso de las cifras de homicidios, que han sido motivo de celebración de las autoridades, pero que se contrapone a un aumento de muertes violentas de causa no determinada. “Nosotros no ocultamos, no estamos bajando la incidencia delictiva artificialmente”, dice la fiscal en entrevista. Godoy recibe a EL PAÍS en su oficina esta semana para hablar de su futuro, de la autonomía de la Fiscalía y de su trabajo en polémicos casos como la tragedia de la Línea 12 o la investigación que llevó a la cárcel al fiscal de Morelos, Uriel Carmona.

Apenas unas horas después de recibir a este periódico, una publicación en The New York Times puso bajo la lupa su Administración al frente de esa dependencia. El diario estadounidense reportó que la Fiscalía de Ciudad de México había vigilado los teléfonos de una decena de personajes políticos que incluía tanto a miembros de la oposición como a partidarios del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de acuerdo a documentos judiciales que citaron. Godoy ha negado en conferencia de prensa este viernes haber hecho espionaje y ha dicho que esos papeles son “falsos” o “apócrifos”. Luego ha atendido nuevamente a EL PAÍS, esta vez por teléfono, y ha dicho que no hay registros de haber intervenido esos teléfonos ni haber investigado a esa decena de personas.

“Ya buscamos los números de oficio, buscamos en el libro de Gobierno, y no salieron”, ha asegurado. Además ha explicado que van a llevar a cabo una investigación para dar con el origen de esos documentos, y que podrían haber sido falsificados por algún trabajador. “No sé si fue de acá dentro, o es alguien más, la verdad es que no sé. Es parte de lo que va a ir saliendo en la investigación. Ahora se tiene acceso al logotipo, a los registros públicos, a los nombres”, ha justificado. Godoy ha señalado que la investigación la va a llevar la Fiscalía que indaga a los servidores públicos: “Eso pensando que puede ser alguien de aquí, porque son documentos que dicen que son de la Fiscalía, pero primero hay que investigar si son servidores públicos”.

Pregunta. Su ratificación ha quedado en manos de la oposición, ¿qué le gustaría decirle a esos legisladores?

Respuesta. He platicado con todos los diputados que han accedido, manifestándoles que quisiéramos que hicieran una evaluación que no fuera de carácter político. Se unió este momento de cambio de administración de la Fiscalía con un momento político muy difícil no solo en la ciudad, sino en el país. Son momentos electorales y eso está permeando mucho. Ellos lo ven desde el punto de vista político, pero nuestro trabajo no se mueve a un ritmo político. La Constitución me da un mandato: tienes que investigar delitos, perseguir a los probables responsables, llevarlos a tribunales y obtener buenas sentencias. Y eso es lo que hemos hecho.

P. Uno de los logros que han celebrado es el descenso de los crímenes violentos. Pero hace unos días se abrió el debate de cómo la baja en homicidios se da al mismo tiempo que el alza en muertes violentas de causa no determinada, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Ustedes no tienen ese mismo registro. ¿Qué está pasando con esos números?

R. Nosotros cuando iniciamos en 2019 nos encontramos índices muy altos en prácticamente todos los delitos. No es que milagrosamente bajaron los índices delictivos en la ciudad. Se diseñó una estrategia que se ha ido cumpliendo y se ha ido adaptando. Además por primera vez fue una estrategia alineada con el Gobierno federal, la ciudad y las alcaldías. Ellos definen cuatro puntos: la atención a las causas, más y mejor policía, la utilización de la inteligencia policial y coordinación. Y en nuestro caso incluye a la policía de investigación, antes Policía Ministerial. Nosotros hicimos mucho esfuerzo. Hoy puedo decirte que tenemos un cuerpo de Policía de Investigación totalmente distinto al que encontramos. Incorporamos a mil nuevos elementos, con una nueva formación profesional.

P. ¿Y por qué subieron las cifras de muertes violentas de causa no determinada?

R. Lo que salió ahora con el INEGI, lo hemos estado analizando. Nosotros no ocultamos, ni andamos escondiendo cifras. Este no es un problema que nació con esta administración, ni es propio de la ciudad. Es un problema de trazabilidad de los cadáveres. En la Fiscalía van avanzando las investigaciones y vamos reclasificando cuando es necesario. En el tema de feminicidios, yo he logrado reclasificar desde que entramos 20 casos de suicidios y accidentes, que eran feminicidios. Pero el INEGI se queda con lo primero. Además aquí el Instituto de Ciencias Forenses [Incifo, que alimenta los números del INEGI] pertenece al Poder Judicial, no está en la Fiscalía como en prácticamente todo el país. Entonces el INEGI no recibe la retroalimentación, no es de mala fe. No recibe esa retroalimentación porque nunca se habían sentado a decir a ver qué pasa, por qué estos números no coinciden. Es un problema nacional de por lo menos hace 10 años.

P. Algunos especialistas hablan de una mala formulación de datos desde el Incifo. ¿Cree que ahí se origina el problema?

R. No le quiero echar toda la culpa al Incifo, porque yo peleo para que se venga a la Fiscalía. Sí tiene mucho que ver con el tema de las necropsias y eso lo estamos trabajando. Hay que resolverlo. Nosotros decimos: tiene que haber trazabilidad desde que es cadáver hasta su destino final. No vamos a ocultar ni estamos ocultando, no estamos bajando la incidencia delictiva artificialmente.

P. Su Fiscalía se supone autónoma, pero se alineó con el Gobierno de Claudia Sheinbaum en las causas más importantes, como la tragedia de la Línea 12 del Metro o el caso del fiscal Uriel Carmona. ¿Cómo le garantiza esa autonomía a la gente?

R. La autonomía no se da solo por decreto, tiene que irse construyendo. Son decisiones que se toman más allá de los planteamientos políticos que puedan venir de un Poder Ejecutivo. En la Línea 12 fue donde más autónomamente trabajó la Fiscalía, porque el Gobierno dijo ‘yo voy a hacer mi propio dictamen, mi revisión técnica y voy a traer a unos noruegos’. La Fiscalía a los dos días estaba dando a conocer públicamente cuál era el plan de investigación. Voy a a buscar la reparación integral del daño a las víctimas, voy a ubicar a los posibles responsables y voy a buscar la no repetición. Pedí apoyo del Instituto de Ingeniería para que me propusieran a los peritos. Formé otro equipo de trabajo que se dedicó a revisar toda la documentación de la Línea 12. Porque yo tenía que saber cómo se fue desarrollando documentalmente para posibles responsabilidades. Yo no sabía quién podía ser responsable. Tenía un equipo de fiscales que no se dedicó a otra cosa en cinco o seis meses. Cuando llegó el dictamen pericial, la conclusión decía que era un problema de diseño y un problema de construcción.

P. El mantenimiento aparecía en esos peritajes, ¿no le dijeron nada de esas fallas?

R. No fue un tema de mantenimiento. Hablaron de mantenimiento, qué tipo de mantenimiento se había dado, todo. No lo dejaron fuera. Es un dictamen muy técnico, muy grande, muy exhaustivo. Cuando me decían: “¿Y por qué no llamas a los directores [del Metro]?”. Porque ellos no intervinieron. Si me hubieran dicho que era mantenimiento, me traigo a todos los directores. Mis técnicos me dijeron: diseño y construcción. Mucha gente dice que fue un mandato de la jefa de Gobierno que no llamaran a Florencia Serranía [directora del Metro en el momento del desplome]. No. Se lo he explicado a quien lo quiera ver, tengo toda la documentación. Ahí no tengo ninguna relación de subordinación.

P. ¿Y en el tema de Morelos?

R. Lo iniciamos nosotros en la Fiscalía, porque teníamos el caso de Ariadna [Fernanda López] por desaparición. Se localizó [el cuerpo] en el Estado de Morelos y ellos toman el caso. Desde el primer momento la familia nos dijo: “Allá están sucediendo cosas rarísimas”. Hasta que llegó la conferencia de prensa del fiscal diciendo que no era feminicidio. Cuando él anuncia eso, la familia estaba pidiéndonos que realizáramos una segunda necropsia, porque no estaban de acuerdo en los resultados de Morelos. Nuestra jefa de peritos estuvo en el Incifo dirigiendo nuestra necropsia. Vienen los cortes, bajan [señala con las manos la cabeza y el cuello]. Ella dijo corten más abajo, porque se alcanza a ver que tiene golpes más abajo. Cortan más abajo y era clarísimo: empezaron a ubicar con mucha precisión, fue una muerte muy dolorosa y muy violenta. El resultado aquí fue que la mataron. Tuvimos que salir a declarar públicamente que no estábamos de acuerdo con el fiscal y de ahí surgió todo. La jefa de Gobierno me pregunta cómo estaba eso y me dice: “No lo puedo creer”. Entonces lo manifiesta públicamente, qué le pasa a este fiscal. Ese es el origen. No es que yo le ordené a ella, ni que ella me dijera: “Haz esto”.

P. ¿Por qué decidieron actuar contra el fiscal?

R. La familia nunca dejó de insistir. ¿De veras no va a pasar nada con el fiscal después de todo lo que hizo? ¿Del maltrato que sufrieron? Porque ellos nos dijeron que les habían maltratado mucho. La Fiscalía General [de la República] anunció que iba a atraer el caso, y no fue posible. Nos dieron todas sus investigaciones y la familia todo el tiempo insistiendo. Cuando vimos sus investigaciones, dijimos: tenemos elementos para pedir órdenes de aprehensión contra el fiscal. Fue una decisión difícil y esas sí las tomas aquí. Esa es una parte de la autonomía que es riesgosa. Sí son dos casos muy polémicos, muy complicados, pero son decisiones que se van tomando. Y eso está permeando [la ratificación]. Mis investigaciones me han llevado a hacer imputaciones a un líder de un partido por trata, a detener a exfuncionarios de Ciudad de México por corrupción y a exfuncionarios de Benito Juárez porque lucraron con su poder. Si tú descubres todo eso, no puedes hacerte a un lado.

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