La Fiscalía apunta contra Santiago Taboada, alcalde de la Benito Juárez, por el desvío de 10 millones de pesos

La Fiscalía de Ciudad de México ha apuntado este martes contra el actual alcalde de la Benito Juárez, Santiago Taboada, por haber simulado operaciones financieras en la reparación del edificio de la alcaldía. En el último capítulo de las investigaciones conocidas como cartel inmobiliario, las autoridades han publicado la declaración de un empresario de la construcción —de quien no han querido dar a conocer el nombre— que relata que bajo órdenes de Taboada realizó reparaciones de las instalaciones del Gobierno local, dañadas en el sismo del 2017, por un monto total de 25,6 millones de pesos. Pero el empresario asegura que del total de trabajos que hizo solo cobró 15,5 millones, y que otras tres empresas supuestamente “cercanas a la alcaldía” presentaron facturas para cobrar los otros 10,1 millones de pesos.

La tercera entrega de la declaración hecha por el empresario de la construcción ha sido, hasta el momento, la más explosiva. Las dos anteriores habían apuntado contra el exalcalde de la Benito Juárez Christian von Roehrich, que fue detenido el pasado 20 de abril cuando intentaba cruzar la frontera hacia Estados Unidos. En esas dos ocasiones, el empresario, responsable de construir un lujoso complejo con el nombre de City Towers, aseguró que los funcionarios de la alcaldía le facilitaron los trámites de su obra y le dieron permisos para construir en exceso a cambio de que pagara anualmente una pista de patinaje sobre hielo y vendiera departamentos por debajo del precio real.

Esta semana ha llegado el turno de Taboada, que en los últimos días había anticipado que la Fiscalía le estaba investigando y había dicho que denunciaría a la fiscal Ernestina Godoy y a su vocero, Ulises Lara, por violar el derecho de presunción de inocencia. El alcalde de la Benito Juárez ha sido acusado este martes de pedirle al empresario reparar el edificio donde trabaja cada día, que había quedado dañado por el sismo. Según el dueño del City Towers, Taboada le citó en su oficina en febrero de 2019, apenas unos meses después de tomar posesión.

“Esos trabajos los realizamos desde febrero de 2019 y se terminaron en noviembre, también de 2019″, cuenta el hombre que ahora colabora con la justicia, con el rostro tapado. “Nosotros concluimos los trabajos y solamente recibimos 15.5 millones de pesos, quedando un adeudo de 10 millones de pesos”. El empresario agrega: “A finales de mayo de 2019, nuevamente recibí una llamada de parte del alcalde Santiago, me informaba que no serían pagados esos 10 millones de pesos, que sería el saldo en ese momento, y que no teníamos autorización para hacer ningún reclamo”. De acuerdo a esa misma declaración, Taboada le dijo en esa llamada que le diera a Nicias Aridjis Vázquez, exdirector de Obras de la alcaldía Benito Juárez y actualmente imputado, “todos los materiales de soporte, como estimaciones y números generadores, igual que los calendarios, programas de obra y avances, para que ellos pudieran hacer con esa documentación la facturación y cobro”.

El total de dinero que costó la reconstrucción del edificio fue entregado por la alcaldía a tres empresas, que el empresario estima, eran cercanas al Partido Acción Nacional, al frente de la Benito Juárez por más de 20 años. Esas empresas fueron las encargadas de pagarle al empresario de la construcción, pero solo le dieron 15,5 millones de pesos.

Von Roehrich se convirtió en diputado local en 2018, cuando dejó la alcaldía de la Benito Juárez. La declaración apunta además que el empresario recibió una llamada del entonces legislador para pedirle apoyo para que el suegro de Jorge Romero, diputado federal por el PAN, comprara un departamento en el complejo City Towers. La compra, a cambio de apoyo para continuar con sus construcciones, se hizo por un precio mejor al valor real. Von Roehrich le dijo supuestamente que hicieran “la operación de compra-venta del departamento en un monto de aproximadamente 3,9 millones de pesos, aunque se tiene que reconocer que el valor comercial de ese inmueble, de ese departamento, era de 6,1 millones”, dice el empresario.

En un primer capítulo judicial sobre el cartel inmobiliario, las autoridades capitalinas desvelaron que existía una red de políticos que había administrado durante varios Gobiernos la alcaldía, y había autorizado a inmobiliarias a levantar pisos por encima de lo permitido a cambio de sobornos, que en muchas ocasiones venían en forma de departamentos.

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