Bertha Alcalde, hermana de la dirigente de Morena, despeja su camino a la Fiscalía de Ciudad de México

Ciudad de México se prepara para elegir a su nuevo fiscal, meses después de que Ulises Lara ha estado a la cabeza de la dependencia como encargado de despacho. La jefa de Gobierno de la capital, la morenista Clara Brugada, ha recibido la terna de aspirantes a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) que elaboró el Consejo Judicial Ciudadano. La mandataria elegirá a una de las tres propuestas y pedirá al Congreso, donde Morena tiene mayoría, su ratificación. El proceso de selección arranca con una clara favorita del oficialismo en la terna: la abogada Bertha Alcalde, hermana de la dirigente nacional del partido en el Gobierno, Luisa María Alcalde, y también hija de Bertha Luján, que fue contralora en la Administración de Andrés Manuel López Obrador en Ciudad de México (2000-2006) y posteriormente líder ella misma de la formación guinda. La terna de aspirantes a la Fiscalía también incluye a los abogados Ulrich Richter y Anaid Valero.

Ulises Lara se hizo cargo de la Fiscalía capitalina desde principios de año, luego de que la anterior titular, Ernestina Godoy, intentó su reelección en el cargo, sin éxito, ante el bloqueo de la oposición del PRI, PAN y PRD en el Congreso. Lara quedó como encargado de despacho en medio de cuestionamientos a su título de abogado, un requisito indispensable para ejercer de fiscal y que el funcionario obtuvo muy poco tiempo antes de tomar las riendas de la dependencia. Por su parte, frustrados sus planes, Godoy, muy cercana a la entonces mandataria capitalina y hoy presidenta, Claudia Sheinbaum, se hizo merecedora de una candidatura plurinominal al Senado. Una vez que Sheinbaum tomó posesión del cargo, la exfiscal solicitó licencia a su escaño para convertirse en la consejera jurídica de la oficina presidencial.

El Consejo Judicial Ciudadano concluyó el martes la terna de finalistas para encabezar la dependencia. El consejo fue formado expresamente por el Congreso capitalino con 11 integrantes independientes con la finalidad de que definiesen a tres aspirantes a la Fiscalía. La jefa de Gobierno elegirá a uno de ellos para ponerlo a consideración del Congreso local, que deberá ratificarlo. No fue sencillo que el Consejo Judicial sacara su listado de finalistas, que requería de la aprobación calificada de siete votos. La inclusión de Bertha Alcalde causó polémica al interior por las dudas respecto a su autonomía y por no haber revalidado aún en México sus estudios de posgrado en Derecho en la Universidad de Nueva York. Alcalde consiguió que le retirasen el veto luego de enviar a los consejeros una carta en la que se ha comprometido “a tomar decisiones autónomas y a revalidar su título de maestría”, según indica Reforma.

Alcalde, de 38 años, ha ocupado varios puestos públicos en el Gobierno de López Obrador. En los últimos meses de su sexenio fue la titular del ISSSTE, el sistema de seguridad social para los burócratas. López Obrador intentó colocarla previamente en otros puestos clave, primero como presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) y después como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Esos intentos fueron bloqueados por la oposición en el Congreso federal. Alcalde inició en la Administración de López Obrador de la mano de Alfonso Durazo, el primer secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el sexenio morenista. Alcalde se convirtió después en delegada de Programas del Bienestar en Chihuahua, de donde es originaria su madre, y luego en comisionada de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). La titularidad del ISSSTE ha sido el cargo de mayor rango que ha desempeñado.

Ulrich Richter, otro de los aspirantes, fue durante el sexenio del panista Felipe Calderón consejero ciudadano de la PGR, ahora Fiscalía General. Brincó a la fama tras ganar a Google una batalla judicial tras la cual el gigante digital debe pagarle una indemnización de 250 millones de dólares. Además de ser aspirante a la Fiscalía capitalina, Richter se ha postulado como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia, como parte de la reforma judicial impulsada por Morena y que somete al voto popular la elección de jueces. Por su parte, Anaid Valero ha sido secretaria en la ponencia de la ministra Norma Piña, presidenta del Supremo y cabeza del Poder Judicial, una de las principales adversarias del oficialismo.