Maduro gana tiempo para sortear la crisis

Desbordado por la crisis política y de orden público, el presidente venezolano, Nicolás Maduro compra tiempo. Durante el fin de semana intentó recobrar la iniciativa con un llamado a la “gran política” para aplacar una oleada de disturbios que suma un saldo de once muertes.

La primera oportunidad para poner a prueba la efectividad de ese llamado se presentaba este lunes, con la reunión ordinaria del Consejo Federal de Gobierno, una instancia administrativa que congrega a las autoridades centrales con los gobernadores de Estado. El líder opositor y ex candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, como gobernador del estado de Miranda, figuraba entre los invitados. El sábado, hablando ante la multitud que colmó la avenida Francisco de Miranda de Caracas en lo que fue la mayor concentración opositora en casi un año, Capriles se dijo dispuesto a asistir si se garantizaba la transmisión del evento en directo y en cadena nacional de televisión “para que este país sepa la verdad y dejen la manipulación”. Sin embargo, Capriles primero debía sortear las presiones de algunos sectores de oposición que ven en esa apertura al diálogo poco menos que una claudicación ante el gobierno.

Sin aguardar los resultados de esa convocatoria, Maduro sacó otro comodín de la manga y llamó a celebrar el próximo miércoles una Conferencia Nacional de Paz a la que, dijo, podrían asistir diversos sectores nacionales. Aunque rechazó de plano las insinuaciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien poco antes, en carta a un diario chileno, había asomado la posibilidad de la intervención de “actores externos” en la crisis venezolana, el heredero de Hugo Chávez aceptó que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) podría hacer aportes en la conferencia.

Maduro se resguardó, en cualquier caso, ante el muy factible fracaso de ambas iniciativas y tomó una medida con la que literalmente busca ganar tiempo y ahogar las protestas: declaró días no laborables el próximo jueves, 27 de febrero, y el miércoles de ceniza, 5 de marzo. Ambos asuetos, junto al venidero carnaval, suman una semana de inesperadas vacaciones para los venezolanos. “¡Que viva el carnaval!”, proclamó el presidente venezolano el domingo desde el palacio de Miraflores, poco antes de ensayar algunos pasos de baile con su esposa, Cilia Flores, al final de una concentración de adultos mayores en apoyo a la revolución.

El 27 de febrero se cumplirán 25 años del llamado Caracazo, la ola de saqueos y revuelta popular contra el segundo gobierno del desaparecido presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, que produjo cientos de muertes y que el chavismo venera como momento de gestación de la futura revolución bolivariana. El 5 de marzo marca, por su parte, el primer aniversario del fallecimiento de Hugo Chávez. Maduro adelantó que para la conmemoración espera la presencia de varios mandatarios regionales, así como el estreno de Mi amigo Hugo, el más reciente documental del director estadounidense Oliver Stone, que contó con financiamiento venezolano.

Varias ciudades venezolanas amanecieron parcialmente paralizadas este lunes, bloqueadas sus vías principales por barricadas. Algunos sectores de la oposición atendieron el llamado a una Gran Barricada Nacional hecho por las redes sociales. Se trata de grupos de base radicalizados, con autonomía de la dirección opositora reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que condena estos hechos y los tacha de ineficaces. Los obstáculos improvisados para cerrar calles, llamados guarimbas en el castellano criollo de Venezuela, reflejarían así otra falla tectónica donde la oposición amenaza con fracturarse. El gobierno revolucionario, tratando de dar escala a las protestas estudiantiles que se desarrollan desde el 12 de febrero, insiste en señalar que éstas tienen lugar en solo 18 de los 335 municipios del país, todos gobernados por la oposición, y que equivalen a apenas ocho por ciento del territorio nacional.

Pero se trata de las ciudades más densamente pobladas de un país urbano en su mayoría. Las principales universidades, privadas o estatales autónomas, no tienen actividad desde hace dos semanas. La productividad, de por sí bastante afectada por la escasez de insumos y las cortapisas de la difícil vida cotidiana en Venezuela, se ha visto reducida. Expertos advierten acerca de la crisis de desabastecimiento e inflación que se cierne sobre el país y que, sumada a una crisis de gobernabilidad, podría tener efectos devastadores.

Con todo, las preocupaciones en las calles de Caracas eran más inmediatas. Muchos se preguntaban si el régimen de las guarimbas impuesto por la insurgencia radical en barrios y urbanizaciones del este de la ciudad entraría en conflicto con la Gran Marcha de Motorizados convocada por el gobierno este lunes y que debe llegar al presidencial palacio de Miraflores, en el casco histórico de la capital. Motorizado es el vocablo que en Venezuela designa al usuario de motocicleta. Si bien por lo regular esa figura representa el caos de la vida diaria en las inhóspitas urbes del país, en el marco político adquiere otra connotación, en tanto los militantes de los llamados “colectivos” –los grupos de choque armados del chavismo- suelen usar las motocicletas como vehículo para su rápido despliegue. En palabras del mismo presidente Maduro, así como del número dos del oficialismo, Diosdado Cabello, los ánimos de los grupos de motorizados están enardecidos desde el viernes en la noche, cuando uno de los suyos, Elvis Rafael Durán –un repartidor de 29años- murió al caer de su motocicleta tras ser atrapado en una emboscada de una guarimba.

La crisis no sólo está mostrando las grietas en la oposición. Este lunes, unas sorprendentes declaraciones del gobernador del estado de Táchira, José Vielma Mora, a un programa de radio en Caracas, dieron el primer testimonio público de las facciones latentes al interior del bando autodenominado bolivariano. Vielma, un ex oficial del ejército que ha ocupado diversos cargos en el gobierno tanto con Chávez como con Maduro, rige los asuntos de la provincia venezolana donde los disturbios se iniciaron y ya toman un cariz insurreccional. El gobernador, en palabras cuyo sentido político todavía costaba calibrar, aseguró que se opone a la militarización del Táchira ordenada desde Caracas para sofocar las protestas a toda costa. También criticó la detención del dirigente opositor Leopoldo López, y admitió fallas en la conducción económica del país, todas herejías para el discurso oficialista.

Sin embargo, al mismo tiempo que hacía esas declaraciones en Caracas, desde la capital de Táchira, San Cristóbal, se reportaban fuertes enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Guardia Nacional. La semana pasada el presidente Maduro se mostró dispuesto a declarar el Estado de Excepción en la provincia de ser necesario para aplacar las protestas. Mientras tanto envió tropas de refuerzo, incluyendo fuerzas de paracaidistas, cuerpo de élite del ejército.

El domingo se conoció la décimoprimera muerte producto de las protestas. Se trata de José Alejandro Márquez, un ingeniero de 45 años de edad. Márquez registraba el miércoles pasado en vídeo las acciones que agentes de la Guardia Nacional llevaban adelante para dispersar a manifestantes en la céntrica parroquia de La Candelaria de Caracas. Los militares quisieron confiscarle el teléfono móvil con el que hacía la grabación. Según testimonios, Márquez cayó al suelo al tratar de huir y recibió una paliza de los funcionarios militares. Su agonía se prolongó por casi 96 horas. Hasta ahora, el gobierno ha negado cualquier exceso de los cuerpos de seguridad durante el control de las manifestaciones.