Emigrantes africanos varados en Libia frente al sueño europeo

“En la vida tienes que aprovechar las oportunidades para conseguir algo mejor”, dice Osman, emigrante gambiano de 21 años, “a veces tienes que arriesgar lo que sea para lograr lo que quieres, y lo que quiero es llegar a Europa”. “A veces”, continúa, “tienes que arriesgar tu vida, pero morir nunca es tu intención”. Osman lo intentó pero no lo logró. El bote en el que se había embarcado en una playa de Libia hacia el sueño europeo fue detectado por los guardacostas. Al menos sobrevivió al intento. Muchos otros no lo hacen.

Hasta octubre de 2013, de las 32.000 personas que han intentado llegar a Europa, más de 700 han perdido la vida, según el recuento de Frontex, la agencia europea para la protección de fronteras que colabora con el Gobierno libio en la contención de la inmigración a través de EUBAM, una misión de entrenamiento de guardias fronterizos.

“Trabajamos con la guardia costera, la guardia fronteriza y la policía de aduanas”, confirma la portavoz de la misión, “el mandato se restringe a seguridad fronteriza”. Los alrededor de 300 kilómetros de Mediterráneo que separan Libia de Lampedusa y Malta son una de las fronteras más monitorizadas del mundo. Lo que ocurre de puertas para adentro, sin embargo, se queda en casa.

Dos días después de su aventura, Osman se sacude la humedad. Él y los otros 179 inmigrantes que se apelotonan contra las paredes del centro de detención temporal de Abu Salim, un suburbio de Trípoli, no han pegado ojo por culpa de los litros de lluvia que se cuelan por el tejado. La tormenta les podía haber pillado en alta mar.

“Necesitamos volver a nuestra tierra”, finiquita Labil, de 19 años. El joven lucha contra el frío en manga corta y con un solo guante mientras su compatriota Jiby John, de 22 años, se desvive por un cigarro con el que olvidarse del hambre. En todo el día ha comido una barra de pan con un quesito: “Todos estamos de acuerdo: si nos llevan de vuelta a Gambia no vamos a volver aquí, ni siquiera a Italia”.

Abu Salim no es un centro de alojamiento, denominación oficial de los locales en los que se apiñan los inmigrantes arrestados en el mar o en redadas en las rotondas de Trípoli, donde se congregan cada mañana esperando un patrón. “No está preparado para que pasen ni una noche”, denuncia el propio Alí Milya, responsable de la brigada de extranjería de la Policía libia que gestiona el lugar. Abu Salim apenas sirve para agrupar la miseria de docenas de africanos antes de derivarlos a otros antros desde donde deportarlos (en el mejor de los casos) o, simplemente, acumularlos.

Con poco más de seis millones de habitantes, empleados en su mayoría en los servicios y la industria petrolífera, Libia ha sido tradicionalmente un país receptor de extranjeros. Unas 1.500 personas atraviesan cada día por algún punto de los 4.300 kilómetros de frontera, en su mayoría abierta en mitad del desierto, según el Consejo Danés de los Refugiados (DRC). Hasta la primavera árabe, en 2011, los datos bailaban entre 1,5 y 2,5 millones de personas cuya situación jamás se preocupó de regularizar el régimen de Muamar el Gadafi.

La herencia normativa, dos años después de la revolución que puso fin a cuatro décadas de dictadura, es lamentable: no se ha implementado ley alguna concerniente a política migratoria.

En Gueryán, a 80 kilómetros al sur de la capital, la desolación en la voz de los 18 africanos que hacen cola para recibir el rancho es tan opresiva como el olor a cuadra dentro del barracón. Allí, Destiny, nigeriano de 37 años, da vueltas a qué pasará con su familia si lo expulsan. “Tengo esposa y un hijo en Trípoli, no saben nada de mí, no me dejan llamar”, protesta. “Mi mujer no trabaja, no pueden simplemente mandarme a Nigeria, no puedo abandonarla”.

Las opciones son pocas tras cuatro meses retenido. Algunos inmigrantes han estado encerrados más de un año, entre ellos menores como Aout, eritreo de 15 años. Las repatriaciones, de las que el Estado no es capaz de hacerse cargo, dependen de organismos como la Organización Internacional para la Migración, que en el último año ha devuelto a 800 personas a sus países.

Nigel Clarke, jefe de misión de DRC, reconoce que la política europea en Libia parece “ampliamente concebida desde una perspectiva de seguridad fronteriza”. “La agenda y la financiación lo reflejan”. La organización recibe un millón de euros de la UE, muy por debajo de los 30 millones anuales que asigna a EUBAM.

Emmanuele Gignac, responsable de Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, es más incisivo. “Hay un gran interés en Europa por apoyar a Libia en la gestión del flujo migratorio, pero en la frontera. Aún estamos lejos de conseguir algo [en cuanto a derechos humanos], especialmente en lo que se refiere a refugiados”. Según sus datos, son en torno al 60% de quienes intentan cruzar el mar, provenientes de Somalia o Eritrea, y, desde el estallido de la guerra civil, de Siria. Acnur ha registrado más de 30.000 solicitantes de asilo y refugio en 2013, pero Libia no reconoce ese estatus: la única diferencia con el resto de inmigrantes es que no se les puede deportar.