México destapa la complicidad entre policías y secuestradores

El portavoz del Gobierno, Eduardo Sánchez, destacó que los policías seguían en activo y perpetraban sus secuestros en Acapulco, una ciudad turística de gran renombre en la década de los ochenta aunque convertida actualmente en una de las más peligrosas del país (mil muertes violentas en 2012). Sánchez no dio muchos más detalles argumentando que no quería entorpecer la investigación judicial. “En ningún momento vamos a tolerar la impunidad ni actos de corrupción por parte de ningún servidor público”, ahondó Sánchez en un día en el que la prensa internacional había puesto sus ojos en el secuestro virtual (en realidad una extorsión) que había sufrido la banda española de música Delorean en la Ciudad de México.

Preguntado por los abultados números que publicó el INEGI (mayor de lo que imaginaba hasta el analista más pesimista), reconoció que hay “una enorme cifra negra” porque los ciudadanos que lo sufren no presentan denuncia por miedo. Sánchez animó a la ciudadanía a denunciar y plantar cara de una vez a este delito, que afecta especialmente a la clase media, la masa más crítica del país. La caída de los secuestradores de Acapulco, de hecho, se consiguió por la denuncia de anónima de un ciudadano. El presidente Enrique Peña Nieto, en su discurso de investidura en diciembre del año pasado, mencionó los secuestros como uno de los males que su administración quería atajar en materia de seguridad.

La puesta en evidencia del grado de infiltración criminal que existe en algunas instituciones policiales viene acompañada de la purga que los dirigentes aseguran estar haciendo en ellas. El Gobierno dio a conocer el nombre y los dos apellidos de los agentes involucrados y sus edades. Quedó de relieve que la corrupción no depende de la edad ni de los años que se lleve de servicio. El menor tiene 22 y el mayor 52. “Que quede claro: las instituciones no son ni serán refugio de complicidades. El peso de la ley caerá con todo su rigor contra todo aquel servidor público que traicione la confianza de la ciudadanía”, ahondó Sánchez. A continuación resaltó que algunos podrían ser condenados a 70 años de prisión por cada uno de los raptos en los que estén involucrados y se lamentó de que, en al menos en estos casos, hayan fallado los exámenes de confianza a los que son sometidos los agentes periódicamente.