La Francia de Hollande convierte a los gitanos en mercancía electoral

23 de julio de 2013. El diputado y alcalde centrista Gilles Bourdouleix pierde los nervios ante un grupo de gitanos franceses instalados en un terreno agrícola de Cholet, cerca de Nantes. Los romaníes hacen el saludo nazi para recordar que durante el Holocausto —Porraimos, devoración, en caló— Hitler exterminó a 800.000 gitanos. El alcalde responde: “Quizá Hitler no mató lo suficiente”.

Antes, el 4 de julio, el eurodiputado Jean-Marie Le Pen, exlíder del Frente Nacional, ha abierto la veda en Niza: “Tenéis cierta preocupación, parece, por unos cientos de gitanos que dan a la ciudad una presencia urticante y odorífera”. “No es más que la pequeña punta del iceberg. A partir del 1 de enero de 2014, llegarán a Niza no menos de 50.000 gitanos, porque los 12 millones de romaníes que viven en Rumania, Bulgaria y Hungría podrán establecerse libremente en todos los países europeos”.

Le Pen exagera, porque la comunidad gitana europea no sobrepasa los diez millones de personas. Pero el exparacaidista consigue su objetivo, abrir la campaña de las municipales de marzo de 2014; durante el verano, alcaldes y cargos compiten en soltar la mayor barbaridad sobre los gitanos.

Cuando parece que ya no hay quién dé más, esta semana, el ministro del Interior, Manuel Valls, hijo y nieto de republicanos españoles, afirma que “el problema gitano solo puede solucionarse con expulsiones”, ya que los romaníes “no tienen vocación de integrarse sino de volver a sus países”.

Aunque muchos de esos 20.000 gitanos europeos son niños, y algunos miles residen en Francia desde hace años —la cifra se mantiene desde hace 20—, Valls estima que “la integración solo puede concernir a una minoría, porque sus modos de vida son extremadamente distintos de los nuestros y chocan con nuestra cultura”.

Luego, el ministro socialista anuncia que Francia quiere que Europa solo permita la libre circulación de rumanos y búlgaros por los aeropuertos. “Así los hombres de negocios podrían viajar”.

Hace años, el sociólogo Eric Fassin acuñó la fórmula “xenofobia de Estado” para explicar la política de identidad nacional de Nicolas Sarkozy. “Era xenófoba porque marginaba a los extranjeros, aunque también puso en la diana de forma ambigua a los musulmanes franceses”, explica Fassin. “Ahora, el Gobierno socialista añade racismo a la xenofobia. Valls evoca diferencias culturales y quiere que Europa trate de forma distinta a empresarios y gitanos”.

Las ONG denuncian que se adopta el mismo “racismo de Estado” de Sarkozy.

El profesor de la Universidad París VIII advierte que “Francia no es la excepción sino la vanguardia de una nueva definición de Europa. La política económica neoliberal que ha impuesto la UE crea miedo y xenofobia”, explica Fassin. “Francia sabe que tiene que dar algo a los electores para compensar su inseguridad económica. Así que, a falta de pan, Valls propone circo. El circo son los gitanos. Europa elige defender la política neoliberal antes que los derechos humanos. El criterio es el mismo que se usó en los años treinta contra los judíos, pero no se justifica diciendo que los otros son diferentes biológicamente sino culturalmente”.

Fassin concluye: “La situación es muy grave porque supone el fin de la Europa construida contra la idea de la raza tras la II Guerra Mundial. Estamos en la Europa de los mercados. Sí a los empresarios rumanos, no a los gitanos; esa es la vocación de Valls”.

“Sucede igual que en los años treinta contra los judíos”, alerta un sociólogo

En el Partido Socialista y el Gobierno, las ideas del titular de Interior, el más popular del Gabinete, han generado suaves críticas. Los sondeos para 2014 son pésimos, y la mercancía electoral gitana cotiza al alza. El líder del Partido Socialista (PS), Harlem Désir, y su antecesora, Martine Aubry, han pedido sin éxito a Valls que rectifique. La ecologista Cécile Duflot, ministra de Vivienda, ha comparado a Valls con Sarkozy y ha exigido a Hollande que “cure las heridas”. Pero el presidente, que en la campaña de 2012 condenó la política de su antecesor y prometió proteger a “las poblaciones ultraprecarias”, calla.

Bruselas también ha respondido con menos ardor del que empleó al censurar a Sarkozy. La vicepresidenta primera de la CE y comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales, Viviane Reding, ha dicho que el asunto gitano siempre vuelve “cuando sopla aire de elecciones para no hablar de lo importante”, y ha recordado que Francia “utiliza mal” las ayudas del Fondo Social Europeo (FSE). Según los datos de la CE los países más generosos con los romaníes son Irlanda, Hungría, Eslovaquia y España, que entre 2007 y 2013 han destinado 806 millones a ese colectivo y han beneficiado a 100.000 personas.

Jonathan Todd, portavoz del comisario de Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor, confirma que Francia ha recibido 1.700 millones del FSE en el sexenio 2007-2013, y que en 2010 obtuvo 16,8 millones de Fondos Regionales para “mejorar las viviendas de sus minorías”. Todd no sabe cuánto dedica París a los gitanos. Según Le Monde, la cifra actual son cuatro millones de euros. Y según Reding, el dinero “no llega a los alcaldes que tienen problemas”.

París olvida cumplir algunas leyes. El informe de Amnistía Internacional Condenados a ser errantes afirma: “Los inmigrantes gitanos siguen viviendo en condiciones indignas y son expulsados de sus lugares de residencia de forma reiterada, sin ser consultados, informados ni realojados, incumpliendo los compromisos con los derechos humanos”.

La autora del estudio es Marion Cadier, una joven investigadora que ha recorrido durante un año los campamentos de Lille, París y Lyon para comprobar cómo se aplica la circular de agosto de 2012, que trataba de plasmar la política de “firmeza y humanidad” del Gobierno socialista. “La conclusión”, resume Cadier, “es que la circular es papel mojado, que hay más firmeza que humanidad, y que los desalojos forzosos son ilegales además de inútiles, porque solo contribuyen a marginar más a la comunidad gitana, a dificultar su acceso a la educación y el trabajo, y a trasladar el problema de una ciudad a otra”.

Según la Liga por los Derechos Humanos (LDH), la República Francesa dejó sin techo a más de 10.000 romaníes en los seis primeros meses de 2013, ignorando la norma que prohíbe desahuciar en invierno y duplicando el ritmo de 2012, cuando expulsó a 11.982.

Cadier ha entrevistado a docenas de desahuciados. Adela, de 26 años, madre de tres hijos, vive en Îlle de France desde 2002 con su marido, Gheorghe. Han sido desalojados 15 veces. “No me quedo en Francia porque esté bien, sino porque no tengo otra opción. Yo querría un trabajo y una casa como todo el mundo, y no tener que vivir en un campamento de chabolas”, dice Adela.

Pese a las promesas, las repatriaciones han disminuido pero siguen existiendo. En la primera mitad del año, París devolvió a sus países a 424 gitanos. La LDH cuenta que se siguen produciendo ataques de bandas vecinales contra campamentos. Coincidiendo con el aumento de expulsiones a cargo del Estado, el número de desalojados por agresiones, incendios e inundaciones pasó de 1.007 personas en el primer trimestre a 530 en el segundo.

Seguramente Adela, la joven rumana, no conozca Otras Inquisiciones, el libro donde Borges explicaba que, para que un problema sea realmente grande, conviene ponerle un apellido. Cuando el apellido es étnico, el desastre está garantizado, ironizaba Borges. De ese viejo hallazgo semántico derivan el “problema judío”, el “problema palestino”, el checheno... Y, por supuesto, desde hace siglos, el ancestral problema gitano. Con dos apellidos.