La ley de medios de Argentina se debate ante la Corte Suprema

Un debate público sobre la ley de medios audiovisuales de Argentina, que eleva la presencia del Estado y restringe la concentración privada en el sector, ha comenzado este miércoles. Fue convocado por la Corte Suprema de Argentina, que debe fallar sobre la constitucionalidad de cuatro artículos clave de esa norma aprobada en 2009 que siguen sin entrar en vigencia por una serie de presentaciones judiciales. Ante los siete magistrados del máximo tribunal se presentaron cinco expertos amicus curiae (amigos de la corte) designados por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y otros tantos nombrados por el Grupo Clarín, el principal conglomerado de medios de Argentina y autor de la demanda que ha frenado la aplicación plena de la ley. Este jueves continuará la audiencia pública con el enfrentamiento cara a cara de los abogados del Gobierno y Clarín, peleados sin cuartel desde que el conflicto agrario de 2008 acabó con una estrecha relación entre los Kirchner y el consejero delegado del grupo, Héctor Magnetto.

Afuera del Palacio de Tribunales, el kirchnerismo había convocado a una manifestación, que finalmente no fue muy multitudinaria. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dijo que su tribunal debía “analizar y decidir” sobre “un caso de trascendencia nacional, que interesa no solo a las partes sino a la sociedad” y que revestía de “gravedad institucional”. Lorenzetti y otros tres de los siete magistrados fueron nombrados en el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), pero este año él y cinco colegas más fallaron contra la principal reforma judicial que impulsaba Fernández, con lo que la relación entre ambos poderes del Estado ha quedado más que tensa. La sentencia definitiva sobre la ley de medios audiovisuales también impactará en este vínculo. Además, el Gobierno ha puesto muchas de sus energías en su defensa, al tiempo que para Clarín la ratificación de la norma implicaría la obligación de desarmar buena parte de su conglomerado de radios, canales y operadoras de televisión por cable. Otros grupos también deberían desprenderse de algunas licencias, como Telefónica y PRISA (editora de EL PAÍS), pero este proceso está detenido de hecho a la espera de la resolución de la Corte Suprema.

En favor del Gobierno, el rector de la Universidad de San Martín (periferia de Buenos Aires), Carlos Ruta, esgrimió: “Nos encontramos ante un dilema: o los poderes salvajes o las instituciones que dan garantías a los derechos”. Se refería a los derechos de las minorías a contar con sus medios de expresión. De hecho, la ley divide el espacio radioeléctrico en un tercio de señales estatales, un tercio de privadas y otro tanto para las ONG, una disposición que tampoco ha sido puesta plenamente en vigencia por el Gobierno. El presidente de la Asociación Argentina de Juristas, Beinusz Szmukler, llamó a “proteger la libertad de expresión” de “la manipulación de gobiernos de turno e intereses económicos” que ponen “límites a los derechos de los ciudadanos de acceder a las fuentes de información”.

Víctor Abramovich, profesor de la Universidad de Lanús (también del Gran Buenos Aires), defendió que el Estado “debe transformar las condiciones estructurales que impiden el ejercicio de la libertad de expresión; en especial de los sectores en desventaja para expresar su opinión”. Reconoció que el Estado puede amenazar la libertad de expresión, pero advirtió de que también lo hace “la concentración privada”. El presidente de la Confederación Cooperativa de Argentina, Miguel Rodríguez Villafañe, destacó que ahora su sector había accedido a la “palabra” y advirtió que “si el mercado no es regulado, tenderá a la concentración”.

Del lado de Clarín, el abogado Lucas Grosman, profesor de la Universidad de San Andrés (situada en San Fernando, en la periferia de Buenos Aires), opinó que ya existía una ley antimonopolio en Argentina que regulaba a todos los sectores y que no era necesaria otra norma específica sobre medios. El semiólogo Eliseo Verón, en nombre del Comité del Consumidor, calificó la legislación de “obsoleta” porque “no hay ninguna razón para limitar ciertas voces para que entren otras, porque todas caben” en la era de Internet.

El presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión, el chileno Luis Pardo, dijo que la legislación “conculca derechos constitucionales” de los propietarios de medios y constituye un “grave retroceso” para la “libertad de expresión, pluralismo y diversidad”. “De declararse la constitucionalidad (de la ley) se producirían efectos indeseables en términos de pluralismo y se precarizará la sustentabilidad de los medios privados”, alegó Pardo. En esa misma línea argumental, el abogado Grosman alertó: “Si existe una plétora de medios que se van a limitar a repetir cables (teletipos) de (la agencia estatal de noticias) Télam, porque no tienen los recursos para generar información, la libertad de expresión se habrá deteriorado notablemente”. El jurista venezolano Asdrúbal Aguiar, del Observatorio Iberoamericano de la Democracia, opinó que “las restricciones a los medios son restricciones a la libertad de expresión”.

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que es la jefa de los fiscales y es designada por el Ejecutivo, tomó la palabra como parte independiente, pero se pronunció contra Clarín. Dijo que el grupo controlado por Magnetto y Ernestina Herrera de Noble había crecido “violando derechos humanos” y recordó que construyó un “oligopolio” de la “prensa escrita durante el terrorismo de Estado”, en alusión a la compra de Papel Prensa, única fabricante local de papel para periódicos, en la última dictadura militar de Argentina (1976-1983). También señaló que a lo largo de décadas Clarín había logrado "excepciones legislativas y fallos judiciales contrarios a las leyes, gracias al enorme poder de lobby que tiene una potencialidad extorsiva proporcionada por la concentración mediática". Y sentenció: “Hoy son los medios los que ponen en jaque el poder de los gobiernos democráticos”. Afuera del debate quedaron otras voces independientes, como la Red Nacional de Medios Alternativos, que difundió un comunicado contra los “monopolios privados y gubernamentales” y lamentó que el Gobierno de Fernández hubiese beneficiado “a varias de las corporaciones que debían desconcentrar”, por fuera del caso de Clarín.