El gobierno egipcio estrecha el cerco sobre los Hermanos Musulmanes

Estrechando su cerco sobre los líderes de los Hermanos Musulmanes, que hasta la semana pasada gobernaron el país, la fiscalía del nuevo gobierno de Egipto ordenó el miércoles el arresto del guía supremo, Mohamed Badie, y otros nueve cabecillas de esa sociedad islámica, acusándoles de haber instigado la violencia en una carga policial y militar ocurrida en la madrugada del lunes, en la que fallecieron 55 islamistas partidarios del presidente depuesto Mohamed Morsi. Con Morsi y su círculo más estrecho de colaboradores bajo arresto militar, y las nuevas órdenes de detención, la organización islamista corre el riesgo de quedar descabezada, tan acosada y perseguida como en los años de régimen de Hosni Mubarak, cuando se veía obligada a operar en clandestinidad.

Además de a Badie, la fiscalía ordenó detener a su lugarteniente, Mahmud Ezzat, y dos de los líderes del Partido Libertad y Justicia, brazo político de la hermandad, Essam el Eriam y Mohamed Beltagy. El miércoles, según fuentes gubernamentales, seguían detenidos 206 islamistas y miembros de la hermandad detenidos tras la matanza. A otros 464 se les puso en libertad después de haber sido interrogados. El incidente ocurrió durante el rezo de la madrugada del lunes, frente al cuartel general de la Guardia Republicana, donde las fuerzas armadas retienen a Morsi. Los soldados y agentes de policía cargaron desde dos puntos distintos, primero con gas lacrimógeno y luego con perdigones y abriendo fuego con sus fusiles.

El portavoz de los Hermanos Musulmanes, Gehad el Haddad, dijo el miércoles que en su opinión las órdenes de arresto obedecen a “una campaña de persecución religiosa”. “Este estado policial creado por el golpe de estado militar quiere acallar las protestas a favor de Morsi, quiere que desaparezcan nuestros campamentos. El gobierno militar ha acudido al poder judicial a pedirle que presente cargos con pruebas que le ha exigido a la policía, para crear su propia narrativa. Así funcionan los golpes”, añadió. Los simpatizantes de los Hermanos Musulmanes han acampado a miles en el distrito cairota de Ciudad Nasser, donde dicen que permanecerán hasta que se restituya en el poder a Morsi.

El inicio, el miércoles, del mes sagrado del Ramadán se recibió en ese campamento con amargura y tensión. En el intenso calor de la tarde, y en pleno ayuno, el ánimo seguía siendo beligerante, las fotografías de Morsi ubicuas. “Aunque nos detengan a miles, esto no va a acabar. Piensan que pueden hacernos desaparecer”, decía, nervioso, Abdul Raman Gani, un simpatizante de Morsi de 43 años. “Primero nos matan a decenas y luego ordenan que detengan a nuestros líderes por las muertes. ¿En qué mente cabe que eso sea justicia?”.

El nuevo gobierno interino sigue buscando estabilizarse con decisiones de urgencia. El miércoles juró su cargo el nuevo fiscal general, el juez Hisham Barakat, que sustituye a Talaat Abdulá, elegido por Morsi. Un tribunal había declarado nulo el nombramiento de este último la semana pasada, en las últimas horas del anterior gobierno. Sobre Barakat recae ahora la responsabilidad de investigar tanto a Morsi y sus colaboradores más cercanos, sobre quienes la fiscalía ha dicho recientemente que tiene indicios de que han cometido la falta de “insultar al poder judicial”, como a los líderes de los Hermanos Musulmanes a los que se pueda detener por la carga frente al cuartel de la Guardia Republicana.

Las primeras decisiones del presidente han creado división entre los colectivos que apoyaron el golpe. Sobre todo, ha generado tensión el decreto emitido en la medianoche del martes en el que Masur se atribuye poderes casi plenos, con capacidad de declarar el estado de emergencia. Para muchos analistas, es la consumación del golpe. “Si esto no es un golpe de estado, no sé que puede serlo”, opina Nathan Brown, experto en Oriente Próximo en la universidad de George Washington. “Un golpe que tiene el apoyo popular, que se anuncia previamente, que se produce porque el presidente no ha obrado bien o que implica un regreso a un gobierno civil, sigue siendo un golpe”.

El movimiento juvenil Tamarod, que dijo haber recabado más de 22 millones de firmas pidiendo que Morsi abandonara la presidencia y que organizó las manifestaciones previas al golpe, ha sido muy crítico con el decreto de Mansur. En un comunicado dijo que esa orden ejecutiva sienta las bases “para una nueva dictadura”, porque “establece que los principios de la sharia [ley islámica] y sus normas, doctrina, jurisprudencia y fuentes, tal y como los entiende el islam suní, son las fuentes principales de legislación”.

El gobierno interino, apoyado por los militares, se ha visto obligado a hacer concesiones al islamismo para poder mantener la imagen de unidad nacional frente a los Hermanos Musulmanes. El nuevo gobierno cuenta con el apoyo del partido salafista Nur, más extremo en su interpretación del islam que la hermandad. “El nuevo gobierno quiere a toda costa que el levantamiento del 30 de junio no se entienda como una revuelta contra el islam, sino contra el gobierno autocrático de los Hermanos Musulmanes”, explica el analista político egipcio Bassem Sabry. “Por eso, en ese decreto, el presidente ha hecho notables concesiones a los salafistas”.