Una protesta contra el autoritarismo

Los cañones de agua y las granadas de gases lacrimógenos han estallado en Turquía al final de la primavera. Las mayores protestas ciudadanas —si se exceptúan las manifestaciones independentistas kurdas y algunas marchas del Primero de Mayo— registradas en el país desde el golpe de Estado militar de 1980 han conmocionado Estambul y otras grandes ciudades, como Ankara y Esmirna, en los últimos días. No hay primavera turca —se trata de un Estado miembro de la OTAN y candidato a la UE— ni indignación por la marcha de la economía —que sigue creciendo pese a la crisis global—, sino malestar social contra el sesgo autoritario del primer ministro Recep Tayyip Erdogan, en el poder desde hace más de una década.

El plan de reforma de la plaza de Taksim, en el corazón de la parte europea de Estambul ha sido el detonante de una protesta sin precedentes. El descontento afloró de forma espontánea ante un Gobierno que impone su mayoría hegemónica (50% de los votos en las legislativas de 2011) y da la espalda a las quejas medioambientales y culturales de los ciudadanos.

Frente a la gestión pragmática que marcó los primeros años del Gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, en sus siglas en turco) para el acercamiento a la Unión Europea, la deriva autoritaria de una formación de conservadores religiosos que aspiraban a ser el equivalente musulmán a la democracia cristiana parece haber conducido a la Turquía de Erdogan más hacia la Rusia de Vladímir Putin que a la Alemania de Angela Merkel.

Bien es cierto que, tras recibir en 2005 la bendición de Bruselas para negociar la adhesión a la UE, Ankara tuvo que enfrentarse al portazo de París y Berlín a sus aspiraciones. Y que Erdogan se vio obligado a plantar cara al todopoderoso Ejército -que en 2007 protagonizó el llamado "golpe de Estado electrónico" al intentar vetar mediante un pronunciamiento en Internet a su número dos, Abdulá Gül, como presidente de la República- y al poder judicial -que poco después trató de ilegalizar al AKP e inhabilitar a toda su cúpula bajo la acusación de constituir "un foco de actividades contra el Estado laico"-, antes de poder sentar en el banquillo a los generales golpistas y reformar una judicatura surgida del régimen fundado por Mustafá Kemal, Atatürk.

Cada vez que se chocó con el inmovilismo de los guardianes del kemalismo, Erdogan recurrió a las urnas para obtener un aplastante respaldo del pueblo. Pero las promesas de reforma política del primer ministro quedaban en el olvido poco después de las votaciones. Un primer proyecto de nueva Constitución, quedó aparcado tras los comicios de 2007. Y la nueva propuesta de ley fundamental del AKP en 2011 sigue sin abrirse paso en el Parlamento turco.

Erdogan es partidario de instaurar un modelo presidencialista frente al actual sistema parlamentario. Como los estatutos de su partido le impiden presentarse a una nueva reelección parlamentaria en 2015, esta reforma constitucional le permitiría controlar el Ejecutivo durante otra década más, una vez elegido directamente presidente de la República con atribuciones similares a los mandatarios de Francia o EE UU. El sueño declarado de Erdogan es seguir al timón de Turquía en 2023, cuando se cumplirá el centenario del Estado fundado por Atatürk tras el hundimiento del Imperio Otomano.

Para muchos turcos esta perspectiva empieza a parecerse a una pesadilla. Tras la reciente legislación que restringe la publicidad y la venta de alcohol, el estallido de la protesta ciudadana en la plaza de ha hecho emerger un movimiento inédito de rechazo al AKP, que se había beneficiado hasta ahora de la debilidad de los partidos de oposición laicos y nacionalistas.

De la misma manera que la ascensión política de Erdogan se produjo en Estambul, donde se crio y trabajó como funcionario local, al conquistar su alcaldía en 1994, el declive del político turco más carismático de los últimos tiempos puede estar empezando a fraguarse ya en la ciudad del Bósforo. Hasta los periódicos más próximos al islamismo moderado del AKP advertían ayer al primer ministro que escuche la voz de la calle ante la amenaza de que los gases lacrimógenos acaben enturbiando los resultados de las elecciones municipales del año que viene.