Legisladores piden a Obama que presione a México en defensa de los DD HH

Un grupo de 23 congresistas solicitó esta semana al Gobierno de Estados Unidos que priorice la defensa de los derechos humanos en la relación con México, apenas una semana antes del viaje del presidente, Barack Obama, a este país. Los legisladores quieren que la visita, que ha sido definida por varios miembros de la Administración como un intento de “desnarcotizar” las relaciones con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, también sirva para enfatizar el avance de los derechos de los ciudadanos. 

La carta, con fecha del 23 de abril, fue dirigida al secretario de Estado John Kerry, con la firma del grupo de congresistas más liberales de la Cámara de Representantes. Todos ellos trasladan al Gobierno de Obama su preocupación por las violaciones de derechos humanos en México, en especial por parte de las fuerzas de seguridad, el aumento de las denuncias y la impunidad de delitos que apenas son investigados.

El grupo está liderado por el demócrata James Moran, del Estado de Virginia, y Ted Poe, republicano de Texas, y cuenta con el apoyo de otros legisladores más influyentes como Luis Gutiérrez, de Illinois. Los legisladores aseguran que este es “el momento oportuno para trabajar con el gobierno mexicano para mejorar la situación en el país”, pero se muestran preocupados por la "persistencia de graves violaciones de los derechos humanos en México". La misiva insta a Obama a que la defensa de los derechos humanos sea "una parte clave" de la agenda bilateral con México.

El texto recuerda a la Administración que desde que Peña Nieto asumió su cargo en diciembre de 2012, éste ha reconocido que “el mayor desafío de México es que los derechos humanos que ya están reconocidos en papel lo sean también en la realidad”. Sin embargo, insisten, durante el mandato de seis años de Felipe Calderón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue testigo de la multiplicación por cinco del número de denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de soldados del Ejército mexicano y la policía general.

“Desgraciadamente, la mayoría de estos abusos ni siquiera se investigan, y como consecuencia, tampoco se sancionan”, dicen los legisladores, en referencia a abusos que incluyen “casos de tortura, violaciones, ejecuciones extrajudiciales, detenciones aleatorias y desapariciones forzosas”. La carta subraya que las denuncias pasaron de 534 casos en 2007 a 2.723 en 2012.

"El obstáculo principal a la investigación efectiva y el procesamiento de violaciones de derechos humanos cometidos por soldados mexicanos ha sido la incapacidad de reformar el Código de Justicia Militar", aseguran los legisladores. Éstos se muestran preocupados por el "uso generalizado de la tortura para obtener confesiones" ya que aseguran que la CNDH registró un aumento del 400 % en las denuncias al respecto en los últimos seis años.

“Queremos llamar su atención por el alarmante elevado número de desapariciones -estimadas en más de 26.000- que han tenido lugar en los últimos seis años”, dicen los legisladores. Éstos reconocen el valor de la creación hace un año del Registro Nacional de los Desaparecidos, pero denuncian que todavía no está en pleno funcionamiento ni cuenta con una base de datos de los cuerpos y restos por identificar.

La carta enviada esta semana también pone énfasis en las amenazas y ataques recibidos por periodistas y defensores de los derechos humanos “el asesinato selectivo y la desaparición forzada por actores estatales y no estatales". Los legisladores recuerdan a la Administración que el Departamento de Estado cuenta con una partida de 18 millones de dólares en asistencia a la seguridad en México y que permanece bloqueada hasta que EE UU identifica las áreas de colaboración en materia de derechos humanos.

“Nos sentimos esperanzados por las afirmaciones de Peña Nieto en cuanto a su compromiso y creemos que proporciona una buena oportunidad para trasladarle nuestras preocupaciones”, dicen los legisladores. “La crisis de los derechos humanos no va a mejorar hasta que existan mayores protecciones legales, las fuerzas de seguridad cuenten con mayor preparación en este sentido y se exija responsabilidad a los agentes por las violaciones que cometan”.