Destituidos siete funcionarios por un escándalo de delitos electorales en México

La polémica ha puesto en riesgo el Pacto por México, un centenar de acuerdos pactados en diciembre para sacar adelante reformas clave del país

La secretaria de Desarrollo Social de México, Rosario Robles.
La secretaria de Desarrollo Social de México, Rosario Robles.EFE

La secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, anunció este jueves que la destitución del delegado de su ministerio en Veracruz (este de México), Ranulfo Márquez, y otros seis funcionarios más mientras se investigan las acusaciones difundidas ayer por el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, de que su cartera habría participado junto con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en una estrategia para favorecer al PRI en las elecciones regionales del próximo 7 de julio. La Sedesol es la institución gubernamental encargada de gestionar los programas sociales destinados a los más pobres. En México, 51,9 millones de personas (un 45,6% de la población del país) viven por debajo de la línea de la pobreza.

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Madero había acusado ayer a Robles y al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, de dirigir una operación para gestionar la entrega de recursos para favorecer a los candidatos priistas. Difundió también una grabación de 30 minutos que muestra varias reuniones entre funcionarios del Gobierno de Duarte y de Sedesol para definir una estrategia de cara a los comicios. Después de que se conocieran las acusaciones, el Gobierno de Veracruz se limitó a difundir un comunicado en el que rechazó “cualquier injerencia” en las elecciones.

Robles –que en la rueda de prensa de esta mañana no aceptó preguntas de los periodistas– afirmó que ella no pertenece a ningún partido político y que su única lucha es para abatir el hambre y la pobreza. Rosario Robles, exmilitante del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), es la única mujer que ha estado al frente del Departamento del Distrito Federal (el gobierno de la capital del país), puesto que ocupó entre 1999 y 2000. La decisión de integrarse al gabinete de Enrique Peña Nieto en diciembre pasado le ganó varias críticas entre sus excompañeros de partido.

La polémica se ha convertido en el primer gran escollo que enfrenta el Pacto por México, un centenar de acuerdos pactados entre los tres principales partidos del país (PRI, PAN y PRD) para impulsar importantes reformas en el Congreso mexicano, muchas de ellas congeladas por lustros debido a las pugnas entre partidos en las dos cámaras. El líder del PAN amagó ayer con que, de no investigarse las denuncias hechas por su partido, su respaldo a los acuerdos promovidos por el Pacto por México quedaría en entredicho.

El PRI, también en un comunicado, dijo estar “a favor” de que las denuncias hechas por el PAN se investiguen. El texto matiza que es posible que “los servidores públicos puedan participar en los procesos políticos, sin contravenir la ley”. El partido de Peña Nieto reiteró su compromiso por el Pacto por México, cuyo objetivo es “la construcción de reformas que el país requiere para dar respuesta a las necesidades de los mexicanos”.

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