El Supremo venezolano cierra la vía para el recuento manual de votos

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estela Morales, ha dado un portazo a las esperanzas opositoras de que se produzca un recuento manual de votos en Venezuela. “La Constitución de 1999 eliminó ese mecanismo. Las elecciones no se auditan a través de las papeletas depositadas en la urna, sino por medio del sistema. El conteo manual no existe”, dijo tajante la magistrada en una rueda de prensa.

Aunque no es la respuesta formal a un recurso presentado ante el máximo tribunal, la opinión de Morales, que nunca ha ocultado sus simpatías hacia la revolución bolivariana, prácticamente cierra la puerta de la jurisdicción local al candidato opositor Henrique Capriles. La víspera Capriles desactivó las masivas protestas de sus seguidores por el controvertido resultado de las elecciones del domingo, en las que resultó elegido el candidato oficialista Nicolás Maduro, al cancelar una manifestación para exigir el recuento de los votos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Capriles advirtió que el Gobierno podía esgrimir la excusa de una escalada de violencia para olvidar su petición de abrir las urnas.

Morales reveló que la Sala Constitucional, que también preside, recibió un amparo constitucional, relacionado con el proceso electoral, que busca suspender la proclamación como presidente del delfín del finado Hugo Chávez. Dados los antecedentes y la cuestionada independencia de los 32 magistrados del Supremo venezolano, que según la oposición se han comportado como escuderos de los intereses del Gobierno, a Capriles solo le quedaría cumplir los pasos ante las instancias locales para luego ir al exterior.

Uno de esos pasos es formalizar la reclamación ante el CNE. De acuerdo con la Ley Orgánica de Procesos Electorales, Capriles dispone de hasta 20 días hábiles para hacer una petición formal ante esa instancia. Tras recibir la documentación, el organismo electoral tendrá cinco días para evaluar si cumple las formalidades legales.

La normativa sugiere que la elaboración del reclamo es una tarea desproporcionada. El demandante debe identificar qué actos impugna y, en caso de impugnarse actas de votación o actas de escrutinio, deberá especificar, en cada caso, el número de mesas electorales en las cuales se presume que ocurrieron las irregularidades. De admitir el recurso, el CNE llamará a las partes para presentar sus alegatos y luego tomará una decisión sobre si procede la impugnación dentro del siguiente mes y medio, con la posibilidad de prorrogar su decisión otro tanto en virtud de la complejidad del recurso. Todo eso partiendo del supuesto de que se admita a trámite la reclamación legal. Para que eso sea así, tres de los cinco miembros principales del CNE deben consentirlo. Pero la oposición tiene también las de perder en ese terreno: cuatro de las cinco autoridades son chavistas fieles.

Parece casi imposible un fallo favorable a los intereses del candidato opositor en los tribunales locales. Desde el pasado 6 de diciembre el TSJ está libre de infieles. Ese día la Sala Constitucional destituyó a siete magistrados que estaban a punto de culminar su periodo o habían solicitado su jubilación. Entre ellos estaban los más veteranos e independientes de la Corte.

En una declaración al diario venezolano El Universal, el académico y exdiplomático Demetrio Boersner sugirió a la oposición, en caso de que el Gobierno interino de Maduro no acepte la petición de la oposición y si el Consejo Nacional Electoral se niega a realizar el recuento de votos, que denuncie la situación ante la Organización de Estados Americanos o la Organización de Naciones Unidas, para que ambas organizaciones fijen su posición.

Varios países han tomado distancia del acto de toma de posesión de Maduro debido a las denuncias de la oposición. El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, ya ha asegurado que 15 delegaciones habían confirmado su asistencia a la jura de Maduro, prevista para el viernes. La mayoría de esas naciones son las aliadas incondicionales de Caracas en el continente —Argentina, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Uruguay—, los gobiernos de otros países que reciben petróleo a precios preferenciales —República Dominicana, Dominica— y aliados de ultramar —Irán, China y Palestina—.