Maryland acaba con la pena de muerte

Maryland es ya el 18 Estado de la Unión que ha abolido la pena de muerte de sus códigos penales. En una votación en la Cámara de Representantes con un resultado de 82-56, el Gobernador Martin O´Malley ha logrado una de sus mayores victorias legislativas. La ley pasó el visto bueno del Senado la semana pasada y ahora solo espera la firma de O´Malley, demócrata, quien ha peleado por este día desde que llegó al Capitolio de Annapolis en 2007.

A partir de ahora, la máxima pena en ese Estado será la cadena perpetua. En la actualidad, hay cinco presos que esperan en el corredor de la muerte de Maryland y la ley no es retroactiva. Pero la legislación que se acaba de aprobar deja claro que el Gobernador puede conmutar sus sentencias por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Maryland ejecutó a su último condenado en 2005, durante la Administración del republicano Robert Ehrlich, quien reanudó las ejecuciones tras una moratoria de cuatro años que comenzó en 2003 después de que un estudio de la Universidad de Maryland encontrara gran disparidad racial y geográfica en cómo se aplicaba ese castigo.

“Los humanos no podemos dibujar un sistema de justicia perfecto”, ha dicho la delegada Anne Healey a la agencia Associated Press. “Todos tenemos fallos y yo no podría vivir con el hecho de cometer un error que le costara la vida a alguien”.

Estados Unidos ha cometido más de 1.300 ‘homicidios legales’ desde 1976. Más de 3.200 personas esperan en los corredores de la muerte

En el otro lado de esta dura batalla –que hoy ha vivido dos emotivos debates en el Congreso antes de la votación-, están quienes consideran que la pena de muerte es una fuerte medida disuadoria contra el crimen. “Desearía que no necesitáramos la pena de muerte pero he visto cosas terribles y se que es necesaria”, ha declarado a AP el demócrata C. T. Wilson, antiguo fiscal.

O'Malley, católico, empezó su cruzada en 2007 pero el proyecto de ley que presentó quedó estancado en el Senado. Maryland tiene una gran población de confesión católica y la Iglesia se opone a la pena de muerte. Desde que se reinstauró la pena capital en EE UU en 1976, Maryland solo ha ejecutado a cinco condenados. Tres en 1990 y dos bajo el mandato de Ehrlich.

Estados Unidos ha cometido más de 1.300 ‘homicidios legales’ desde 1976. Más de 3.200 personas (según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, DPIC) esperan en los corredores de la muerte a que les llegue su turno, con una espera media de 15 años desde que se dicta la condena hasta que se les coloca la inyección letal en el brazo.

Excepto en 18, la pena de muerte está en vigor en el resto de los 50 Estados de la Unión. En los cinco últimos años, cinco Estados han acabado con la brutal práctica de la pena de muerte - Connecticut, Illinois, Nuevo México, Nueva Jersey y Nueva York-. Ahora lo ha hecho Maryland. Alaska, Hawai, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Dakota del Norte, Rhode Island, Vermont, Virginia Occidental y Wisconsin son el resto de Estados abolicionistas. California sometió la cuestión a referendo en noviembre y perdieron los contrarios a la máxima pena.

Estados abolicionistas: Alaska; Hawai; Iowa; Maine; Massachusetts; Michigan; Minnesota; Dakota del Norte; Rhode Island; Vermont; Virginia Occidental; Wisconsin; Connecticut; Illinois; Nuevo México; Nueva Jersey; Nueva York y Maryland

A la tendencia abolicionista se suman algunas otras buenas noticias en contra de la pena de muerte. Desde 2005 no se ejecuta a jóvenes por orden del Tribunal Supremo. Desde 2002 tampoco se acaba con la vida de aquellas personas con discapacidades o enfermedades mentales. Y en un capítulo aparte siempre se detalla la relación de las mujeres con la máxima pena. Desde el año 76 solo se ha acabado con la vida de 12 mujeres. Con fecha de abril de 2010 residían en los corredores de la muerte 62 mujeres -el 1,9% del total de la población que espera morir a manos del Estado-.

La pena de muerte, además de una práctica salvaje, es cara. Cada ejecución le cuesta al Estado de Carolina de Norte más de dos millones de dólares. En Texas, la cifra es muy similar y supone tres veces el coste de tener a alguien encerrado en una cárcel de máxima seguridad durante 40 años. En Florida, mantener en pie el mortal sistema asciende a 51 millones de dólares al año, lo que supone que cada una de las 44 ejecuciones que ha tenido ese Estado desde 1976 ha costado 24 millones de dólares cada una. El DPIC es responsable de un estudio que en principio podría sonar cínico. Su título: "Reconsiderando la pena de muerte en tiempos de crisis".