El Tribunal Supremo de Pakistán ordena el arresto del primer ministro
Pervez Ashraf deberá responder ante la justicia por un presunto caso de corrupción Su antecesor fue inhabilitado tras ser condenado por desacato por otro episodio similar
El Tribunal Supremo de Pakistán (TS) ha ordenado este martes el arresto del primer ministro del país, Rajá Pervez Ashraf, por un caso de corrupción registrado en la etapa en que era ministro de Energía. La decisión del TS reabre así la crisis institucional abierta en el país el pasado mes de junio, con la destitución de su antecesor en el cargo, Yusuf Razá Gilani, por desacato a una decisión del tribunal que le juzgaba por otro presunto caso de corrupción.
En su orden, el Supremo acusó a la Oficina Nacional de Cuentas (NAB) —un organismo público anticorrupción— de no haber ejecutado órdenes previas contra Ashraf y otras 15 personas implicadas en un escándalo relativo al alquiler de plantas eléctricas.
El texto hace directamente responsable al NAB de la fuga de cualquiera de los 16 implicados, cuyos nombres han sido incluidos, según medios locales, en la lista de personas que tienen prohibido salir del país.
La plana mayor de la formación de Ashraf, el Partido Popular de Pakistán (PPP), se reunirá esta noche para preparar una reacción a la decisión del Supremo; mientras, miembros del Gabinete declararon a los medios que esperaban notificación oficial de la orden.
El actual jefe de Gobierno fue responsable de Energía y Agua entre 2008 y 2011, período en el que se le hace responsable de irregularidades en una fracasada iniciativa para paliar la escasez energética con plantas eléctricas alquiladas.
La decisión del Supremo arroja incertidumbre sobre la celebración de las próximas elecciones, previstas para mayo
En 2006, el dictador Pervez Musharraf puso en marcha el proyecto, que fue asumido por el actual Gobierno del Partido Popular (PPP) al llegar al poder en 2008, en teoría mientras se iniciaban proyectos de mayor calado para acabar con la falta endémica de electricidad.
Para la iniciativa se contactó con diversas compañías privadas, pero el proceso de adjudicación fue poco transparente y la gestión de los fondos públicos suscitó numerosas sospechas de malversación que desembocaron en una causa judicial abierta por el Supremo.
Ashraf llegó a ser denominado por algunos medios locales como "alquileres Rajá", y la sombra del proceso judicial abierto contra él ya planeó sobre su nombramiento el pasado junio como sustituto de Gilani, el anterior primer ministro.
La destitución por orden del TS de Gilani era hasta la fecha el último capítulo de una guerra casi abierta entre el Supremo y el Gobierno del PPP, que ahora queda muy debilitado y se enfrenta a una posible segunda inhabilitación a dos meses del final del mandato.
El Supremo incluso torpedeó la designación del que debía ser el sustituto de Gilani el pasado junio, el también ministro Majdum Shahbudín, cuyo nombre cayó de las quinielas sucesorias porque el Supremo reactivó justo entonces un antiguo caso contra él.
El primer ministro Gilani fue destituido tras ser condenado por desacato al negarse a ejecutar las órdenes del máximo Tribunal en un caso de corrupción, en ese caso contra el presidente, Asif Alí Zardari.
La decisión del TS cayó este martes como una bomba en los medios y la clase política del país ya que coincidió con precisión milimétrica con el discurso contra la corrupción que pasado el mediodía daba el clérigo reformista Tahirul Qadri ante más de 100.000 personas en Islamabad.
El líder visible de la llamada 'larga marcha', que ocupa desde anoche la principal arteria de la capital, exigió la dimisión del Gobierno y recibió la noticia de la decisión judicial contra Ashraf con gritos de "viva el Tribunal Supremo".
La protesta, casi sin precedentes, en las calles de la capital, sumada a la inesperada orden del Supremo, pone al Gobierno contra las cuerdas a pocos meses de los próximos comicios, cuya fecha estaba prevista para mayo.
La celebración de las elecciones en la mencionada fecha no queda descartada, pero se abren muchos interrogantes sobre la capacidad del actual partido de Gobierno para mantener el control del Ejecutivo hasta la cita con las urnas.
El ministro de Información, Qamar Zamán Kaira, contraatacó poco después del jarro de agua fría enviado por los jueces y declaró al canal Dunya que "las elecciones tendrán lugar cuando estaba previsto" y afirmó que el Gobierno "no permitirá a nadie hacer descarrilar la democracia".
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