Sarkozy se agarra a la falta de pruebas

La fotografía tomada en Burdeos el jueves por la noche era un poema. Nicolas Sarkozy saliendo en coche del palacio de Justicia junto a sus abogados, el gesto desencajado mientras hablaba por el móvil. Acababan doce horas de interrogatorio al exjefe del Estado, y los jueces que instruyen el caso Bettencourt daban marcha atrás en su idea inicial de imputar a Sarkozy declarándole testigo asistido, una figura penal a medio camino entre la de testigo normal y la imputación. Es decir, Sarkozy sigue siendo sospechoso, pero salvo sorpresa mayúscula, se librará de ir a juicio. Según confesó a sus amigos el viernes, se siente “aliviado”. Su carrera política, truncada por su derrtoa en las presidenciales, podría continuar, y sigue vivo el sueño de regresar para salvar a su partido, la UMP inmersa en un caos absoluto.

El sábado, las 32 páginas del interrogatorio río se publicaron resumidas en el diario regional Sud Ouest. El ex jefe del Estado basó su defensa en afirmar que “nunca” recibió “un céntimo” de la multimillonaria Liliane Bettencourt, dueña del imperio cosmético L’Oréal, ni durante su campaña de 2007 ni después. Los tres jueces pensaban lo contrario, pero al no hallar pruebas “graves y concordantes” optaron por declarar al ilustre sospechoso testigo asistido, lo que significa que los indicios no se sostendrían en un juicio porque no hay testigos directos ni elementos materiales que los apoyen.

El desenlace supone una victoria pírrica para el ex líder de la UMP. Por un lado, Sarkozy puede considerarse casi a salvo del oprobio de ser el segundo jefe del Estado francés en recibir una acusación formal, tras su antecesor Jacques Chirac, condenado a dos años de cárcel por crear empleos ficticios en el ayuntamiento de París.

Si aparecieran nuevos testigos o pruebas los magistrados podrían imputarle, pero no parece probable porque su comparecencia se considera el acto final de la instrucción de un caso en el que hay ya cinco imputados. El ex ministro y extesorero de la campaña de Sarkozy en 2007, Eric Woerth; el administrador de la fortuna de Liliane Bettencourt, Patrice de Maistre; el artista y ex ‘protégé’ de la anciana, François Marie Banier; su exabogado, Pascal Wilhelm, y su exfiscalista, Fabrice Goguel.

Según el auto, Sarkozy visitó la casa de los Bettencourt en Neuilly sur Seine en febrero de 2007, cuando arrancaba la campaña que le llevó al Elíseo. Era el momento en que, según varios testigos, el administrador Patrice de Maistre pidió 150.000 euros en metálico a su contable, Claire Thibout, según dijo esta para dárselos al tesorero de Sarkozy, Eric Woerth, imputado por tráfico de influencias.

En noviembre de 2008, cuando Sarkozy ya era presidente, De Maistre, un hombre cercano a la UMP e imputado por “abuso de debilidad, complicidad en abuso de confianza y estafa agravada, abuso de bienes sociales y tráfico de influencias activo”, visitó al presidente en el Elíseo. Pocos días antes había retirado 2 millones en metálico de una cuenta suiza de Bettencourt. Sarkozy niega haber recibido un euro y apoya su defensa en la falta de pruebas y de testimonios. Tanto De Maistre como Woerth han desmentido que Sarkozy cobrara los 150.000 euros, y la principal testigo de esa supuesta entrega en metálico, la gobernanta de la casa, Nicole Berger, falleció antes de poder confirmarlo ante los jueces.

Otra frágil prueba indirecta era el diario íntimo incautado a Barnier, el dandy, fotógrafo y amigo de la viuda Bettencourt, sospechoso de haber sacado millones de euros a la cuarta fortuna de Francia, y que en abril de 2007 anotó: “De Maistre me ha preguntado si Sarkozy había vuelto a pedir dinero, y le he dicho que sí”. Los jueces no la han considerado porque el propio artista minimizó en su declaración judicial la fiabilidad de su diario.

Hay un último elemento embarazoso, el alto número de reuniones mantenidas por Sarkozy con el exfiscal de Nanterre, Philippe Courroye, encargado de la causa durante los primeros años. Entre 2008 y 2011, Sarkozy recibió al menos ocho veces al fiscal en el Elíseo, coincidiendo con los momentos más calientes del escándalo. Los jueces piensan que se trata de una injerencia del poder ejecutivo sobre el judicial, pero, a sus ojos, no constituye delito.

El calvario judicial de Sarkozy, en todo caso, no ha terminado. Otros dos escándalos, el caso Karachi (presunta financiación ilegal de la campaña de Edouard Balladur en 1995), y el de los sondeos del Elíseo (supuesto desvío de fondos públicos para beneficiar a la empresa de su asesor Patrick Buisson, que cobró 3,3 millones) están respectivamente en fase de instrucción e investigación preliminar. En el primero parece lejana la imputación; el segundo debe superar un conflicto de competencias entre tribunales.