Los choques en Rusia impiden el diálogo entre el Kremlin y la oposición

Las autoridades rusas estudian si hay motivo para procesar a los líderes de la oposición por supuestas responsabilidades en los desórdenes ocurridos el lunes por la noche en Moscú tras concluir el mitin autorizado de protesta contra Vladímir Putin. Las fuerzas antidisturbios actuaron sin contemplaciones contra quienes se negaron a disolverse tras el acto en la plaza Pushkin y contra quienes intentaron manifestarse por la vía pública. Un total de 250 personas fueron detenidas y liberadas después.

El Comité de Investigación de Rusia (CIR), un órgano con funciones de instrucción, estudia los videos grabados en la plaza, interroga a los participantes en el mitin y a agentes de la policía, para averiguar si se produjeron en él “llamamientos a desordenes y a infringir la ley”, dijo el representante del CIR, Vladímir Markin.

Varios líderes de oposición tienen cita en los juzgados de Moscú la próxima semana, entre ellos el bloguero Alekséi Navalni y el comunista Serguéi Udaltsov, objeto ambos de procedimientos administrativos cuyo desenlace pueden ser multas o arrestos de 15 días. Los disturbios públicos, sin embargo, se castigan con penas de cárcel de más envergadura.

El comité “por unas elecciones limpias”, que agrupa a liberales, nacionalistas y comunistas, trata de obtener el permiso del ayuntamiento de Moscú, ahora más reacio y desconfiado, para celebrar otro mitin contra el fraude electoral el 10 de marzo. Udaltsov y Navalni habían indicado antes del lunes que no iban ceñirse al pacto con el ayuntamiento. Udaltsov se negó a marcharse de la plaza hasta que cayera el régimen de Putin y Navalni ha dicho que, con o sin permiso, volverá a la calle “hasta la victoria”.

Mientras tanto, siguen apareciendo datos sobre irregularidades en los comicios presidenciales. Según la página conjunta de los observadores de los cuatro oponentes de Putin y varias organizaciones más, en 12 de 16 colegios de San Petersburgo donde han detectado fraude, este ha sido a favor de Putin y le ha añadido más de 4000 votos extras. Incluso Xenia Sobchak, la ahijada de Putin e hija del fallecido ex alcalde de San Petersburgo, Anatoli Sobchak, detectó en un colegio de Moscú una lista que permitía la votación fraudulenta de personas registradas como obreros de una industria de producción continua.

Para disipar la desconfianza en los comicios, los observadores de la OSCE han recomendado a Rusia que investigue a fondo las acusaciones de fraude. Haciéndose eco, Putin dijo que “hubo, claro está, infracciones. Hay que establecerlas, aclararlas y hacer que todos comprendan todo”. El presidente electo dijo que confiaba en “el máximo control” del esclarecimiento de las denuncias. Putin se expresó así el martes durante la visita a un centro de observación electoral vinculado a sus seguidores.

Las dudas sobre las elecciones no se centran en la victoria de Putin, reconocida por observadores críticos, sino en la forma abusiva de lograrla y en el porcentaje final. Tanto en diciembre como ahora, las autoridades reconocen la existencia irregularidades, pero afirman que eso no influye en la valoración cualitativa de los comicios en su conjunto. El jefe de la Comisión Electoral Central (CEC), Vladímir Chúrov, ha dicho que “solo en Rusia” se dan unas elecciones tan “abiertas, transparentes y honradas” como las presidenciales del domingo. Según fuentes próximas a la misión observadora de la OSCE/ODHIR, los dirigentes de la CEC son capaces de negar la evidencia. Tras las parlamentarias de diciembre rechazaron vídeos de los fraudes calificándolos de “representaciones teatrales”, ignoraron quejas y han desactivado denuncias pasándolas a la categoría de simples “observaciones” o “comunicaciones” sin consecuencias legales.