El primer ministro de Pakistán acude a declarar al Tribunal Supremo

Entre la espada de los militares y el martillo de los jueces, el primer ministro de Pakistán, Yusuf Raza Gilani, se ha defendido hoy en el Tribunal Supremo de las acusaciones de desacato a la autoridad judicial que podrían inhabilitarle para seguir en el cargo. Gilani fue citado hace tres días para que explicara por qué su Gobierno ha ignorado el veredicto por el que se deroga la amnistía aprobada en 2007 para políticos con causas abiertas ante la justicia, la mayoría por corrupción, incluido el presidente Asif Ali Zardari.

Gilani ha expresado su respeto al máximo órgano de Justicia de Pakistán pero ha insistido en que Zardari, como jefe de Estado, goza de inmunidad total. "No será un buen mensaje enjuiciar a un presidente que ha sido elegido por una mayoría de dos tercios", ha declarado el primer ministro.

El tribunal sostiene que, una vez anulada en 2009 esa amnistía, el Gobierno debía de haber pedido a Suiza que reabriera un caso por corrupción contra Zardari y su esposa, la asesinada exprimera ministra Benazir Bhutto. Un tribunal suizo declaró a ambos culpables in absentia en 2003,  por blanqueo de millones de euros en empresas suizas, mientras Bhutto era jefa del Gobierno y Zardari uno de sus ministros.

Tras el atentado contra Benazir, en diciembre de 2007, el viudo heredó el liderazgo del Partido Popular de Pakistán (PPP), que ganó elecciones y gobierna en coalición con otros partidos menores.

Si Gilani es hallado culpable puede enfrentarse a una pena de cárcel y a la inhabilitación para cargo público

Gilani siempre se ha negado a solicitar a Berna la reapertura del caso contra Zardari, pero ayer su abogado Aitzaz Ahsan dejó la puerta abierta a un cambio de postura. "No hay nada malo en escribir una carta a las autoridades suizas", afirmó. "El presidente tiene inmunidad total contra cualquier procedimiento judicial", declaró el abogado al insistir en que el primer ministro "no es culpable de desacato".

La audiencia ha durado una hora y el caso ha sido pospuesto hasta el próximo 1 de febrero. Si Gilani es hallado culpable puede enfrentarse a una pena de cárcel y a la inhabilitación para cargo público, lo que conduciría a elecciones anticipadas en este inestable país, dotado de armas atómicas y amenazado por la insurgencia talibán.

Los militares que han gobernado Pakistán más de la mitad de sus 64 años de historia están también enfrentados con Gilani por el denominado memogate, una serie de documentos secretos entregados al Tribunal Supremo por el jefe del alto estado mayor del Ejército y el jefe del Servicio de Inteligencia Interior (ISI), que supuestamente revelan que el Ejecutivo pidió ayuda a Estados Unidos para frenar un posible golpe de Estado. El escándalo procede del malestar desatado en las Fuerzas Armadas tras la operación estadounidense en suelo paquistaní para matar a Osama bin Laden, en mayo pasado.

La amnistía anulada fue firmada por el dictador Pervez Musharraf quien, presionado por Estados Unidos para democratizar el país, decidió perdonar a Bhutto y a su marido la decena de cargos pendientes por corrupción, para facilitarles la vuelta al país. Con ellos fueron perdonados muchos otros políticos del cáncer que corroe el país y deja en la miseria a la inmensa mayoría de sus 190 millones de habitantes mientras la clase dirigente se llena los bolsillos.

Zardari, conocido como mister 10% por la comisiones que pedía durante los dos Gobiernos de su esposa (1988-1990 y 1993-1996), ya estuvo 11 años en la cárcel por las muchas acusaciones existentes contra él, incluida la de ordenar el asesinato de su cuñado Murtaza Bhutto. Salió de la cárcel en 2004 a cambio del exilio.

El Tribunal Supremo también ha declarado que si Musharraf vuelve a Pakistán, como anunció la semana pasada que haría, será detenido para responden ante la justicia por los distintos casos pendientes contra él. El expresidente dio un golpe de Estado en 1999 y permaneció en el poder hasta que en 2008 decidió exiliarse en Dubái ante el temor a se abriera un proceso para destituirle y llevarle a la cárcel.