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La oposición panameña critica el acoso de Martinelli a la prensa

Medios de comunicación le acusan de mutilar la libertad de prensa mediante el acoso tributario

El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli.
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli. EFE

Conocido como un próspero empresario de supermercados que compite implacable con sus adversarios comerciales, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha puesto en guardia a sus opositores en la prensa del país, que denuncian sus destellos autoritarios. Medios de comunicación y políticos opositores acusaron esta semana a Martinelli de mutilar la libertad de prensa mediante el acoso tributario, amenazando con el cobro de impuestos para silenciar a radioemisoras y periódicos que han destapado en los últimos meses grandes escándalos de presunta corrupción gubernamental que han conmocionado al país, cuestionando el rumbo de su gestión presidencial.

Martinelli “tiene un problema dermatológico”, dice a EL PAÍS el periodista Guillermo Adames, dueño de Radio Omega Stereo, de la capital panameña. “Es intolerante a la crítica, impide el disenso y su piel es muy sensible”, añade.

“A mí me mandaron a los inspectores fiscales por un cuestionamiento que hice al Gobierno en la radioemisora y en el periódico La Prensa. Esto se puede interpretar como intimidación para que no haya críticas y es lo que siente la mayor parte de periodistas y dueños de medios: criticar involucra algún riesgo de naturaleza intimidatoria”, explica Adames.

Amenazas similares o de distinta índole sobre otros medios se han registrado en los últimos años, mientras emergían denuncias de negocios estatales que supuestamente encubrían actos de corrupción con socios locales y extranjeros. “Hay periodistas que han pasado por momentos tortuosos legales por hacer críticas al Gobierno de Panamá y presuntamente se les ha hecho algún tipo de amenaza con medidas intimidatorias más fuertes”, afirma Adames.

“Lo que tienen en común estos actos del Gobierno es que son contra personas críticas de la gestión de Martinelli”, afirma a este diario el presidente del opositor Partido Popular (PP), Milton Henríquez. “Estamos viendo el uso de documentos del Estado para acallar las voces disidentes. Eso es típico de lo que hacían los fascistas para controlar el poder absolutamente. La tendencia autoritaria de Martinelli se demostró desde el inicio” de su Gobierno, que empezó en 2009 y concluirá en 2014, agrega.

La crisis se agudizó esta semana, cuando el empresario y periodista Roberto Eisenmann, fundador del matutino La Prensa, el más importante de Panamá, denunció que agentes fiscales de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas llegaron por sorpresa a una de sus compañías a revisar la situación tributaria y le anunciaron que tiene una deuda con el fisco de un millón y medio de dólares.

Tras describir al presidente panameño como “destructor de instituciones”, el fundador de La Prensa afirmó que la persecución en su contra es la respuesta por sus artículos que denuncian y cuestionan a Martinelli, de 59 años. “Como buen empresario autócrata, para él [Martinelli] todo es una transacción y por esa vía compra cosas, negocios y diputados”, dijo el periodista. “Vamos de escándalo en escándalo, en lo que pareciera una bacanal de robos al dinero del Estado”, añadió Eisenmann.

Pero el mandatario, del partido conservador Cambio Democrático (CD), argumenta en su cuenta de Twitter que “resulta que la mejor receta para no pagar impuestos es criticar al Gobierno, y si te pillan es contra la libertad política”.

La Secretaría de Comunicación del Gobierno ha exigido pruebas de que las políticas tributarias amenacen a la libertad de expresión y rechazado lo que ha catalogado como “infundadas acusaciones” y advirtió que demandaría judicialmente a Eisenmann. El director de Ingresos, Luis Cucalón, adujo que el periodista desea “hacerse el mártir”.

La Secretaría no respondió a las solicitudes de EL PAÍS para obtener una reacción sobre las denuncias de la oposición, que afirma que Martinelli es autoritario, viola la libertad de expresión y pretende maniobrar para ser reelegido en 2014 aunque la Constitución se lo prohíba.

La oposición denuncia que Martinelli logra cada vez más control estatal. En la Asamblea Nacional (Congreso unicameral de 71 escaños), la bancada oficialista pasó de 13 a 36 diputados, “con todo tipo de presiones y ofrecimientos y sin que haya habido elecciones de por medio”, afirma Henríquez. El presidente también tiene “mayoría suficiente” de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, añade el líder del Partido Popular.

“Con esta concentración de poder y autoritarismo evidente, empezó a perseguir a periodistas y medios que no decían lo que él quería escuchar o que decían lo que él no quería escuchar. Sumado todo, es la conformación de un Gobierno autoritario en ciernes de un presidente que busca la reelección inmediata y perpetuarse en el poder”, recalca Henríquez.

Pero hay un hecho que, según la oposición, dibuja claramente al gobernante: en octubre de 2009, con menos de 120 días como presidente, se impuso para que la Asamblea designara contralora general —puesto político clave de vigilancia de los fondos públicos— a su empleada Gioconda de Bianchini, quien era jefa de auditoría de Importadora Ricamar, propiedad de Martinelli y casa matriz de Super99, su cadena de supermercados.