El Tribunal para Yugoslavia intenta enviar a prisión a su antigua portavoz

La periodista francesa Florence Hartmann fue la corresponsal de guerra del diario Le Monde durante las guerras de los Balcanes en los años noventa. Posteriormente, siguió ligada a aquella guerra y aquel tribunal, al aceptar el puesto de portavoz de la Fiscalía del TPIY, donde trabajó entre 2000 y 2006. Ahora, su vida ha dado un vuelco inesperado no exento de ironía. Los jueces del TPIY han ordenado su detención e ingreso en prisión durante siete días por desacato. Hartmann, que ha pedido ayuda a Naciones Unidas y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, se niega a pagar la multa de 7.000 euros que le ha sido impuesta por desvelar en un libro secretos sumariales de uno de los más famosos procesos del TPIY.

Publicado en 2007 bajo el título Paz y Castigo, en el libro Hartmann pretendía demostrar la implicación del Estado serbio en la matanza de musulmanes bosnios de Srebrenica, uno de los episodios más trágicos de la guerra y que desató la indignación internacional. Para demostrarlo, se valía de escritos utilizados en el proceso que se siguió en La Haya contra el expresidente serbio Slobodan Milosevic tras ser capturado. El Tribunal no condena por la interpretación que hace de esa información. Para los jueces, basta que haya desvelado esos papeles para multarla. Ella no piensa pagar y de ahí la pena de cárcel. Francia ha rechazado extraditarla.

En Srebrenica murieron 8.000 varones musulmanes a manos de las tropas serbobosnias al mando del exgeneral Ratko Mladic. Si bien Mladic está acusado de genocidio por haber ordenado los asesinatos, Milosevic (fallecido en prisión en 2006 sin que se hubiera dictado sentencia) siempre negó cualquier responsabilidad en la tragedia. En su obra, Hartmann habría demostrado que las órdenes de guerra procedían de la presidencia serbia.

El tira y afloja con los jueces por la publicación de los documentos comenzó en 2009. La negativa de Francia a extraditarla ha complicado las cosas y ha convertido el caso en un paradigma de los límites de la libertad de expresión. “Los acuerdos firmados por el Gobierno francés con el TPIY solo se aplican para los crímenes graves. Ante una desobediencia al Tribunal, Francia carece de fundamentos jurídicos para colaborar”, ha dicho el ministerio francés de Asuntos Exteriores. A mediados de diciembre, Reporteros sin Fronteras salió en defensa de Hartmann recordando que solo había hecho su trabajo. “Al investigar sobre una cuestión de interés general de particular importancia para las víctimas de Srebrenica, y en nombre de la verdad histórica, la periodista hizo su trabajo informativo”, dijeron sus compañeros de profesión.

Si bien los jueces admitieron que “parte de los documentos confidenciales revelados por Hartmann eran del dominio público, eso no significa que no siguieran siendo secretos”. Su conocimiento público, por tanto, "hubiera entorpecido la administración de justicia por parte del TPIY”, rezaba la sentencia por desacato dictada contra la periodista en 2009. Hartmann perdió luego la apelación y pasó a convertirse en otro de los prófugos de la justicia internacional.

Desde el punto de vista legal, la situación es delicada. El Caso Hartmann mezcla la libertad de expresión y la búsqueda de la verdad en nombre de las víctimas de una guerra, con las normas de la justicia internacional. Ella asegura que la revelación extraída de los documentos era de tal magnitud, que prevalecía el interés común. Los jueces mantienen que el desacato es intolerable porque entorpece el curso normal de la justicia. Sobre todo, después de que la propia Fiscalía del TPIY admitiera que Hartmann “nunca tuvo acceso a los documentos impugnados”. Entre sus atribuciones cuando trabajaba en la institución figuraba asesorar a la entonces fiscal, Carla del Ponte, sobre los Balcanes.

En la guerra de los Balcanes, Hartmann fue la primera periodista que descubrió, en 1992, la existencia de una fosa común en Croacia. Allí encontró 263 cadáveres que pertenecían a enfermos y heridos sacados a la fuerza, del hospital de Vukovar y asesinados en una granja cercana por soldados serbios. Años después, la reportera testificó ante el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia sobre el caso, conocido como la Masacre de Vukovar. Fue un momento doloroso a la vez que reconfortante, porque los autores del horror que presenció fueron castigados.