Estados Unidos rebaja las penas de cárcel por posesión de drogas

Hamedah Hasan tenía 21 años cuando huyó con sus dos hijas de los maltratos de su pareja. Acogida por un primo traficante de cocaína, le ayudó con algunos recados y haciendo transferencias de dinero hasta que fue detenida por la policía. Nunca había consumido drogas, pero fue condenada a cadena perpetua por “conspiración y distribución de cocaína”.

El caso de Hasan ha sido destacado durante años por American Civil Liberties Union (ACLU), la coalición más importante en defensa de los derechos civiles en Estados Unidos. Una ley de 1986 respondió a la crisis social causada por las drogas endureciendo las penas por posesión de drogas. Las sentencias por posesión de crack pasaban a ser 100 veces más duras que por tenencia de cocaína en polvo, es decir, cinco gramos de crack estaban penalizados con cinco años de cárcel, pero se necesitaban 500 gramos de cocaína en polvo para recibir la misma condena.

Hasan ha cumplido ya 18 años en prisión. A partir de esta semana, podría beneficiarse de un cambio en la ley que regula las penas por posesión de drogas y que podría dejar en libertad a unos 12.000 presos en Estados Unidos. El Congreso inició el año pasado una reforma de la Ley de Sentencias Equilibradas con el objetivo de reducir la disparidad en las condenas por posesión de drogas, eliminando el abismo entre las condenas por uno y otro tipo de cocaína y anulando la pena mínima de cárcel obligatoria.

La Comisión de Sentencias de EE UU decidió además este verano que la ley debe ser aplicada de manera retroactiva, por lo que unos 1.900 reclusos han quedado en libertad esta semana de manera automática y miles de presos pueden solicitar ya que se revisen sus condenas.

ACLU y otras organizaciones denuncian desde los años 80 que la legislación anterior discriminaba en contra de la población afroamericana, consumidores más frecuentes de crack, sin afectar a los ciudadanos blancos, que suelen optar por cocaína en polvo. Según descubrió la Comisión de Sentencias en un informe de 2002 en reacción a las denuncias, el 85% de los condenados por posesión de cocaína son afroamericanos, una cifra que se ajusta a la disparidad de la población encarcelada. EE UU cuenta con casi dos millones y medio de personas en prisión: uno de cada cien adultos estadounidenses está en la cárcel, según un estudio del Centro Pew de Investigaciones en 2008. En el caso de la población afroamericana, el porcentaje asciende a uno de cada 11, frente a uno de cada 45 blancos.

Además de recortar las diferencias raciales en las sentencias, como reclaman estas organizaciones, la reforma legal responde a la situación económica que atraviesa en este momento el país. La nueva legislación de condenas por posesión de cocaína permitirá ahorrar 200 millones de dólares (145 millones de euros) en los próximos cinco años, según la Oficina de Centros Penitenciarios.

El incremento de la población encarcelada en Estados Unidos -en constante aumento desde hace cuatro décadas- y el coste económico que supone mantener el sistema de prisiones ha obligado a muchos estados a buscar alternativas ante la crisis. En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo anunció en junio que cerraba siete centros penitenciarios para recortar 184 millones de dólares (133 millones de euros). En California, miles de reclusos han quedado en libertad ante la imposibilidad de financiar su mantenimiento por parte de un estado que rozó la bancarrota en 2010.

Razones económicas para la reforma 

Los expertos aseguran que ha sido la crisis económica y no tanto la caída del crimen lo que ha obligado a modificar las políticas penitenciarias. Durante las últimas décadas, el sistema judicial ponía el énfasis en el encarcelamiento, dejando de lado la rehabilitación de los presos y los programas de reinserción, prácticamente inexistentes. El resultado es que Estados Unidos debe invertir cada año 50.000 millones de dólares (36.000 millones de euros) en sus cárceles y en algunos estados esto supone un 10% del presupuesto. Nueva York, por ejemplo, destina unos 70.000 dólares (50.000 euros) por recluso que ingresa en el penitenciario de Rikers Island, una cantidad muy superior a lo que invierten estudiantes por una licenciatura en una universidad pública.

Mientras, las cárceles de California acumulan el doble de presos de su capacidad, por lo que están obligados a buscar alternativas como reducir las condiciones para obtener la libertad condicional o estrenar programas de inserción. En enero de 2010 el entonces gobernador Arnold Schwarzenegger anunciaba el ahorro de mil millones de dólares anuales en el presupuesto estatal al “elegir las universidades antes que las cárceles”. California acababa de modificar la legislación para garantizar que sólo cumplen penas máximas de cárcel aquellos detenidos que supongan un alto riesgo para la población, mientras que el resto puede acceder a sentencias menores combinadas con programas de reinserción.

California necesitaba vaciar sus cárceles. El recuento de 2009 demostró que los centros penitenciarios estatales, diseñados para acoger a 80.000 personas, llegaron a albergar a 156.000. El Tribunal Supremo respondió con una sentencia que obliga a California a liberar hasta 30.000 reclusos en los próximos dos años por considerar que las condiciones de ocupación de las cárceles equivalen a un “trato cruel y castigo irregular” hacia los presos “causando daños y muertes innecesarias”.

Luisiana o Georgia, afectados por el mismo problema de saturación que California, también han recurrido al sistema de cárceles privadas para aliviar el exceso de reclusos. Estos centros cumplen las mismas condiciones y legislación que cualquier prisión estatal y cobran un servicio de alquiler por cada preso que acogen. Empezaron a construirse en los años 70, evitando las complicaciones de presupuesto y legislación a las que se enfrenta la edificación de cualquier cárcel financiada con dinero público, y cuatro décadas después se ha convertido en una industria que mueve 5.000 millones de dólares al año gracias a la promesa de reducir costes por persona encarcelada. Sin embargo, puede que sus intereses económicos estén detrás de diversos esfuerzos para influir en la legislación penitenciaria y lograr la extensión de condenas o la falta de alternativas a sentencias de cárcel, tal y como han denunciado varias organizaciones en los últimos meses.