Siete gobernadores opositores y el alcalde de Caracas exigen a Chávez un alto a la violencia en Venezuela

Petare es el barrio donde han muerto 367 personas de las 2.000 que han sido tiroteadas este año en Caracas. Una montaña arropada por chabolas de ladrillo rojo, con 500.000 habitantes, donde un sector se llama La Dolorita, otro El Infierno, otro El Nazareno. Este martes, el Alcalde Mayor de Caracas y siete de los 23 gobernadores de Venezuela firmaron ahí el Manifiesto de Petare, para exigir al Poder Ejecutivo políticas nacionales efectivas contra la inseguridad ciudadana, que no es un problema exclusivo de este barrio. Según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), más de 136.000 personas han sido asesinadas por el hampa en todo el país desde 1999, desde que Hugo Chávez asumió el poder. Cada dos horas, se comete un homicidio en Venezuela. El OVV calcula que el 90% de los crímenes que se cometen en el país quedan impunes, y la tasa de homicidios fue de 57 por cada 100 mil habitantes en 2010 (solo ese año murieron 17.600 personas). A ese paso, se calcula que a fines de 2011 podrían morir unas 19.000 personas más.

El 90% de los crímenes que se cometen en el país sudamericano quedan impunes

En los últimos 12 años, el Gobierno ha implementado sin éxito 11 planes distintos contra la inseguridad que, de acuerdo con las encuestas, es percibido por más del 80% de la población como el problema más grave que enfrenta el país. El último de ellos ha sido el Dispositivo Bicentenario de Seguridad, puesto en marcha en marzo de 2010 en 10 de los 23 Estados del país y coordinado por la Guardia Nacional Bolivariana (policía militar). En este último programa participan también la Policía Nacional y los cuerpos de policía regionales y municipales.

"Las policías regionales están trabajando coordinadamente con los planes del Gobierno. El problema es que los planes del Gobierno no funcionan", ha dicho a EL PAÍS Henrique Capriles Radonski, gobernador del Estado capitalino de Miranda y aspirante a ser el candidato único de la oposición en las presidenciales de 2012. En opinión de Capriles, anfitrión de la cumbre de gobernadores que se realizó este martes en Petare, la solución a la inseguridad pasa por entender el problema desde una perspectiva civil. "No se trata de tener tanques de guerra y pelotones en las calles. Se trata de tener educación, un modelo económico que no deteriore el empleo y un sistema efectivo de administración de justicia", afirma Capriles.

Chávez culpa a la oposición

Hugo Chávez cree, por el contrario, que son ellos, los gobernadores opositores y los policías que están a su cargo, los que conspiran para que la inseguridad siga aumentando. El 14 de septiembre pasado, el presidente venezolano exigió a la mayoría chavista en el Parlamento que investigara a los comandantes de las policías regionales. "Hay que investigarlo en la Asamblea Nacional, quiénes son los jefes policiales en los Estados donde hay gobernadores de la oposición; cuál es la relación que podría haber entre el incremento de los secuestros, atracos, con la presencia de estos personajes", dijo Chávez a través de una llamada telefónica que fue retransmitida por la estatal Venezolana de Televisión.

Por declaraciones como ésa es que el Manifiesto de Petare exige, además, al Poder Ejecutivo que respete la autoridad de gobernadores y alcaldes respecto a la administración de sus propios cuerpos policiales. También pide al Gobierno central que distribuya puntual y equitativamente la porción del presupuesto que nacional que les corresponde. El documento fue firmado por el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, y por los gobernadores de los Estados Amazonas, Carabobo, Lara, Miranda, Nueva Esparta, Táchira y Zulia Todos ellos, críticos del socialismo del siglo XXI que propone Hugo Chávez e integrantes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática.

Los gobernadores alegan que el presidente Chávez no está repartiendo en los Estados todo el dinero que ingresa al país gracias a las exportaciones de petróleo, con las que se financia el 60% del presupuesto. La explicación es la siguiente: para el gasto de este año, el precio promedio del barril de crudo venezolano fue calculado en 40 dólares; pero en 2011, el precio del barril ha superado los 100 dólares. Ese "dinero extra" se lo ha quedado el Gobierno central. "En términos nominales, los Estados estamos trabajando con el mismo presupuesto que teníamos en 2008", sostiene el gobernador Capriles. En el caso concreto de Miranda, el cuerpo de policía regional cuenta con 2.500 funcionarios que, distribuidos en tres turnos de patrullaje, deben resguardar a más de tres millones de habitantes. "Deberíamos tener más del doble de funcionarios. Pero para poder crecer, formar a los muchachos y darles un salario competitivo, se necesita presupuesto", dice Capriles.