Guatemala se prepara para la vuelta al poder de un militar tras 26 años

Por primera vez desde el fin de las dictaduras militares en 1985, y rompiendo el periodo más largo de la historia de Guatemala sin un uniformado al mando del Estado -26 años-, un general podría llegar a la presidencia de este país centroamericano si se confirma la tendencia registrada en todas las encuestas. Se trata de Otto Pérez Molina, de 56 años, del derechista Partido Patriota, cuyo empeño se centra ya en alcanzar, este domingo, el 50% más uno de los votos y convertirse así en presidente electo de Guatemala.

Hasta ahora ningún candidato ha logrado esa mayoría, lo que ha obligado a una segunda ronda entre los dos mayoritarios. Si, de acuerdo con la tendencia, no hay ganador el 11 de septiembre, la nueva elección está prevista para el 6 de noviembre. De los 10 candidatos a la presidencia, las encuestas solo dan la posibilidad de competir con Pérez Molina al académico Eduardo Suger, del partido Compromiso, Renovación y Orden, (CREO), de la derecha liberal; a Manuel Baldizón (de Libertad Democrática Renovada (LIDER), un nuevo rico que juega al populismo; y al expastor evangélico Harold Caballeros, un cristiano renacido de sólidas credenciales académicas, impulsado por la coalición Visión y Valores (VIVA) y Encuentro por Guatemala, que se incorporó tarde a la campaña, que empezó el 2 de mayo, por dudas en cuanto a la legalidad de que se presentara a las elecciones, dada su calidad de ministro religioso. El Constitucional dio luz verde a la candidatura el 22 de agosto.

Como ocurre siempre en años electorales, aumenta la violencia, que en Guatemala alcanza índices considerados como "epidemia" por la ONU (47 asesinatos por cada 100.000 habitantes). Hasta el 30 de junio, 35 personas han sido asesinadas en hechos directamente vinculados a la política. La fuente de violencia permanente es, sin embargo, el narcotráfico. El Estado se ha visto incapaz de contener la invasión del cartel de la droga mexicano Los Zetas, que se ha hecho con el control del norte del país, así como las pugnas entre carteles rivales, lo que en la práctica convierte a Guatemala en el primer narcoestado de América Latina.

Con todo, la principal preocupación de los guatemaltecos, del Cuerpo Diplomático y de entidades como la Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) se centra en el gasto desmedido de las campañas y al oscuro origen de la financiación de los partidos. Esta campaña es ya la más cara en la historia de Guatemala. "Hay un gasto excesivo. Se han sobrepasado los límites permitidos por la ley y el Tribunal Supremo Electoral no cuenta con herramientas para ponerle freno. Lo más preocupante es que no se conoce de dónde viene ese dinero", advertía el lunes el jefe de la Misión de Observadores de la OEA, José Octavio Ordóñez.

Una auditoría del Tribunal Electoral revela que, hasta el 15 de agosto, los partidos habían invertido 213,875.407 quetzales (unos 17,8 millones de euros) y tres partidos, el PP, del general Pérez Molina; LÍDER, de Manuel Baldizón, y la coalición oficialista UNE-Gana, sin candidato tras la descalificación de la exprimera dama, Sandra Torres, habrían sobrepasado el límite que marca la ley.

Los partidos han mostrado un profundo desprecio por la legalidad. A esta actitud coadyuva la multa ridícula contemplada para delitos como sobrepasar el techo de gastos: 125 dólares. Se limitan a pagarla con un gesto de desprecio pero sin enmendar el proceder. "Es necesaria una reforma de la Ley Electoral para un mejor control de los gastos de campaña, así como para contar con medidas coercitivas eficaces que impidan a los partidos cometer esos abusos", clamaba, impotente, la presidenta del Tribunal Electoral, María Eugenia Villagrán.

Pero estas elecciones serán recordadas por los guatemaltecos por el espectáculo brindado por el presidente, Álvaro Colom, y la exprimera dama, Sandra Torres Casanova, que protagonizaron un divorcio increíble (abundan las fotos de besos y arrumacos de la pareja en decenas de actos públicos) con la finalidad de que Torres pudiera ser candidata a la presidencia, extremo que la Constitución veda a los parientes del mandatario en ejercicio.

La historia de Guatemala, plagada de dictadores que murieron en el poder, explica el afán del legislador por poner trabas no solo a la reelección directa, sino también a la posibilidad hacerlo por medio de parientes.

La exprimera dama y sus abogados hicieron encaje de bolillos durante meses para intentar burlar la prohibición, con argumentos como que impedir la candidatura era un atentado contra el derecho humano de Torres de elegir y ser elegida, cuando, sin necesidad del divorcio, tiene expedita la vía para postularse dentro de cuatro años. La estratagema no rindió frutos y el Constitucional, por decisión unánime de los magistrados, dijo no a Torres, lo que dejó sin candidatura presidencial al partido oficial, algo que nunca había ocurrido.