Se desata la alarma sobre la ley indígena en Bolivia

A falta de un día para que el presidente Evo Morales promulgue, según las previsiones, una nueva ley que reconoce la validez de la jurisdicción indígena y comunitaria, una serie de linchamientos enciende el debate sobre los riesgos que la reforme supone. El último episodio conocido es el de un hombre torturado y linchado en el departamento de Potosí, al sur del país. Según las autoridades locales, Santiago Flores, de 51 años, fue golpeado hasta la muerte por sus vecinos que le habían descubierto el lunes violando a una mujer de 35 años. El hombre, que según la policía tenía antecedentes por robos, hurtos y otras violaciones, fue enterrado por los mismos vecinos en una fosa común de la localidad, Juruma, a unos 620 kilómetros de La Paz. No se trata de un caso aislado. Hace una semana en el mismo departamento de Potosí, un grupo de indígenas entregó a las familias los cuerpos de cuatro policías. Los pobladores eran los responsables de su linchamiento y entregaron los cadáveres amparándose a las normas de su jurisdicción y con la condición de no ser denunciados por el crimen.

Para la oposición, se trata de la prueba del error que supone el reconocimiento de la justicia comunitaria contenido en la ley aprobada el pasado martes por la Cámara baja y que forma parte de una más amplia reforma del sistema judicial. "Uno de los problemas que se incorporó en la nueva ley es que la justicia originaria tiene el mismo rango que la justicia ordinaria, pero sus fallos son inapelables para instancias superiores", dijo la diputada opositora Norma Piérola a la AFP. Si un jilakata (autoridad indígena) emite un fallo, que es verbal y no escrito, las partes o víctimas no pueden recurrir a otra instancia mayor como las cortes de distrito regionales, la Corte Superior de Justicia o el Tribunal Constitucional, explicó Piérola. Además mencionó que tampoco se han delimitado los tipos de delitos que son de competencia indígena y ordinaria. "Una autoridad originaria puede creer que tiene potestad para juzgar delitos de narcotráfico, contra la seguridad del Estado o de contrabando, cuando estos delitos son de competencia exclusiva de la justicia ordinaria", agregó.

El oficialismo defiende la reforma aunque reconoce que hay que poner márgenes. "La justicia ordinaria ya tiene normas, pero la comunitaria no. Los hermanos de las comunidades tienen que trabajar una propuesta, convertirla en ley y aprobarla en el Congreso", dijo el diputado del Movimiento al Socialismo Isaac Ávalos, citado por el diario Los Tiempos. Según los legisladores oficialistas en la justicia indígena no estarían reconocidos los linchamientos, aunque se trata de una práctica muy utilizada por los nativos. No existen cifras precisa, pero en los últimos años se registraron varios casos en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Según datos del Defensor del Pueblo, en 2007 se registraron 57 casos de linchamientos. El politólogo Jorge Lazarte, en declaraciones a Los Tiempos, dijo que es normal que los que defienden la ley aleguen que linchamientos y pena de muerte no son justicia comunitaria. "Lo curioso es que son los propios comunitarios quienes aseguran que es así cómo aplican su justicia", afirmó.