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Daniel Ortega justifica la violencia de las turbas contra el Parlamento de Nicaragua

El líder del sandinismo tacha de "injerencista" a la Organización de Estados Americanos

La crisis política nicaragüense comienza a tener repercusiones diplomáticas. En un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, el Gobierno que encabeza Daniel Ortega llamó a la comunidad internacional a "no preocuparse" por la violencia desatada en Managua por simpatizantes del oficialista Frente Sandinista, que el Gobierno cataloga como "simples expresiones legítimas de los pueblos", a la vez que exige a la Organización de Estados Americanos (OEA) abstenerse de "brindar declaraciones con ribetes injerencistas" sobre la crisis nicaragüense. Mientras tanto, Estados Unidos expresó su apoyo a la OEA y exigió a Ortega poner fin al acoso al que ha sido sometida la oposición, objetivo de los ataques de las huestes sandinistas.

De esta manera el Gobierno rompe el silencio que había mantenido desde el martes pasado, cuando simpatizantes del FSLN iniciaron un continuo asedio a las instalaciones de la Asamblea Nacional para impedir el ingreso de diputados opositores. Estos pretendían derogar un decreto por el que Ortega ordena mantenerse en sus cargos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia a quienes se les ha vencido su periodo. Los simpatizantes del oficialismo atacaron además las sedes de organizaciones políticas opositoras, golpearon a diputados de la oposición e atacaron varios vehículos en Managua, incluyendo la unidad móvil de un canal de televisión.

El comunicado es una repuesta directa del gobierno de Ortega a una nota de prensa publicada el miércoles por la OEA, en la que el secretario general de esa organización, José Miguel Insulza, expresa su preocupación por la crisis política que sufre este país centroamericano y pide respeto a la institucionalidad. Según el Ejecutivo, las declaraciones de Insulza se basan "únicamente en reportes mediáticos parciales de medios de comunicación enemigos de nuestro pueblo y su Gobierno legítimamente constituidos".

La posición de Ortega significa un retroceso en las relaciones entre su Gobierno y la OEA, organización que ha gozado de la simpatía o el rechazo del presidente nicaragüense dependiendo de sus intereses políticos. Ortega respaldó la decisión de la organización interamericana de aislar a Honduras tras el golpe de Estado ocurrido el 28 de junio del año pasado contra el ex presidente Manuel Zelaya, pero antes de ese acontecimiento la OEA era para Ortega una organización "injerencista" a las órdenes de Washington.

Mientras el Gobierno resta importancia a los hechos ocurridos esta semana en Managua y crítica la posición de la OEA, varias personalidades de la vida política americana pidieron a Isulza, a través de una carta, que convoque a una reunión del Consejo Permanente de esa organización para analizar la crisis nicaragüense. La solicitud está firmada, entre otros, por Jimmy Carter, ex presidente de Estados Unidos, Osvaldo Hurtado, ex presidente de Ecuador, y Humberto de la Calle, ex vicepresidente de Colombia.

Además, el Gobierno estadounidense expresó su preocupación por lo que sucede en Nicaragua. En declaraciones a France Presse el portavoz del Departamento de Estado para América Latina, Charles Louma-Overstreet, dijo que Washington está preocupado porque "la violencia de una turba está obstaculizando el proceso político democrático, el respeto de los derechos humanos y también erosiona el estado de derecho" en Nicaragua. Louma-Overstreet instó al gobierno de Ortega a poner fin al acoso a la oposición, a la vez que apoyó la posición de la OEA.

Y mientras la crisis nicaragüense tomaba ribetes diplomáticos, la violencia en Managua continuaba. El jueves, supuestos simpatizantes del Frente Sandinista dispararon contra la sede del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) sin causar heridos, mientras mantenían el asedio a la Asamblea Nacional, el centro de los ataques. Las cámaras empresariales y organizaciones civiles exigieron el respeto al orden constitucional a la vez que instaban a los diputados a no reelegir a ninguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a quienes se les ha vencido su periodo y que Ortega ha ordenado mantenerse en sus cargos violando preceptos constitucionales, lo que ha sido el desencadenante de la crisis.