Burocracia contra inmigración

Entrar legalmente en España como inmigrante es muy difícil debido a la burocracia, a lo que hay que unir un sistema de inmigración que no tiene previstas las necesidades del mercado y que se caracteriza por una gestión basada en consideraciones a corto plazo, cuando el fenómeno de la inmigración tiene consecuencias a medio y largo plazo, destacaron expertos el pasado miércoles en Madrid, durante un seminario sobre políticas migratorias.

"Este debate, hasta la fecha en España, se ha caracterizado, sobre todo, por su superficialidad y simpleza", afirmó el catedrático de Sociología Joaquín Arango durante el encuentro, organizado por la Fundación Ramón Areces. Arango denunció que el Estado es "débil" para regular y dar forma a los flujos migratorios y subrayó que, desde la entrada en vigor de la primera ley de extranjería en 1985, la situación se puede definir como un binomio de "mercados salvajes y Estado débil".

Pero además hay una falta de relación entre la realidad migratoria y la política de inmigración española, como destacó el catedrático de Economía Juan José Dolado. "Llegamos a tener 668.000 [inmigrantes] en periodos, donde, a lo mejor, los cupos eran de 30.000 personas", indicó. Dolado añadió que "sin los inmigrantes" España no hubiera experimentado el auge económico de los últimos diez años. El catedrático explicó cómo el descenso del número de jóvenes nacidos en torno a 1985-86, junto a la bajada de los tipos de interés reales tras la introducción del euro, llevaron a una elevada demanda de mano de obra barata en los ámbitos de la construcción y los servicios. Una necesidad que la población activa nacional no podía satisfacer y que hizo que España se convirtiera en el segundo país del mundo tras Estados Unidos en cuanto a inmigrantes recibidos. De hecho, hoy en día, España, con un 12%, tiene más población inmigrante que Alemania, con un 9%, país este último con muchos más años de experiencia recibiendo a trabajadores extranjeros, entre ellos a los mismos españoles.

Dolado propuso, además, que se implante un depósito en dinero inicial que el trabajador inmigrante entregue a la empresa receptora. Algo parecido a un alquiler. Se trata de incentivar la temporalidad de la estancia, ya que, según el estudioso, son "los mejores los que se van, lo cual es una descapitalización humana de los países de origen". La legislación vigente, sin embargo, "no permite invitar a los mejores", subrayó Dolado, quien además echa en falta propuestas para abrir instituciones tan cerradas como la Universidad española a investigadores extranjeros.

Y hay quienes creen que la discusión que ha surgido recientemente en España poco tiene que ver con la realidad. "A lo mejor, el debate sobre si se empadronan irregulares tenía más sentido cuando los flujos de entrada eran de 600.000 personas, pero no ahora, cuando el saldo migratorio es prácticamente nulo", comentó sobre el actual revuelo mediático el Director General de Inmigración de la Comunidad de Madrid, Pablo Gómez-Tavira, quien sostuvo que existe un consenso bastante extendido entre las comunidades autónomas y el Gobierno español en todo lo referido a medidas de integración. "Todos los planes y todas las políticas tienden a ir hacia la normalización. Normalización, ¿qué significa? No creemos servicios específicos para los inmigrantes, sino que hagamos posible que se integren en los servicios normalizados para toda la ciudadanía". Además, Gómez-Tavira ofreció una descripción del "no-modelo" español, gracias al cual los inmigrantes en España, independientemente de su estatus, pueden acceder a servicios públicos como la atención médica o la educación. En otros países como Alemania, los inmigrantes irregulares viven en un limbo legal. No se pueden empadronar -acabarían registrados como ilegales y serían expulsados del país- y, por lo tanto, tampoco tienen derechos establecidos, como ocurre en España.