¿Quieren dejarnos a oscuras?

Desde las estructuras funcionariales de los Estados europeos se suele cultivar con mayor pasión la cultura de la censura que la de la libertad. También les sucede a gobiernos y parlamentos, a los irlandeses sin ir muy lejos, que han convertido la blasfemia en delito. A los británicos, con su jurisprudencia antilibelo, que puede permitir a delincuentes protegerse o indemnizarse a costa de los periódicos que hacen su trabajo. A los italianos, detrás de su último Duce, con su monopolio televisivo y su acoso a los escasos medios escritos que no controla. Les sucede también a veces a gente aparentemente liberal, como los que consideraron una pasada la publicación de las caricaturas de Mahoma o andan siempre con su vara de medir desde sus distintas correcciones políticas para exigir una prudencia y una contención que son autocensura e inhibición automática ante los peligros de la libertad. Y en general a quienes desconfían de todo lo que sean medios, y sobre todo Internet, y consideran que debe someterse a una regulación superior.

Estar en contra de la censura, la restricción, el control y la regulación es una cuestión, ante todo, de filosofía política. Pero también lo es de actitud profesional: es difícil de concebir que periodistas, escritores y artistas estén a favor de que sus producciones sean sometidos a cualquier tipo de control o de sanción de una autoridad superior. Para mi gusto también es cuestión de ciudadanos libres, que desean tener acceso también libre a las informaciones relevantes. Y de confianza en el debate y la confrontación democráticas. Por eso es alarmante y extraña la reciente sentencia del juez de Madrid, Ricardo Rodríguez Fernández, que condena a un año y nueve meses de prisión, inhabilitación para ejercer el periodismo, multa de 18.000 euros e indemnización de 130.000 a los periodistas de la Cadena Ser, Daniel Anido y Rodolfo Irago, por un supuesto delito de revelación de secretos, consistente en haber dado a conocer a través de Internet una lista de los 78 militantes del PP de Villaviciosa de Odón irregularmente inscritos en este partido.

La inversión de valores y la tergiversación de la justicia no puede ser más escandalosa en este caso, en el que la información era veraz, se hizo correctamente, era relevante y en cambio se ha buscado los más intrincados recovecos jurídicos para proteger el secreto de las listas de militantes de los partidos y poder así condenar a quienes habían hecho decentemente su trabajo y cumplido con su obligación profesional y ciudadana. No difiere mucho del juez la actitud de la fiscalía general del Estado, que para congraciarse con los periodistas ha pedido que se rebaje la condena a cinco meses de prisión; es decir, que considera probada la existencia de un delito, en vez de pedir la libre absolución de cualquier cargo. ¿Delito revelar la lista de los afiliados a un partido? Debiera ser una obligación de todos los partidos poner a disposición del público la lista de todos sus miembros y cargos. ¿Qué tendrá de malo pertenecer a un partido que pueda formar parte de los datos privados a los que no puede tener acceso el periodista? Lo que hubiera sido una falta profesional imperdonable hubiera sido no publicar la información teniéndola, o esconder la prueba definitiva de su veracidad, que era la lista, pudiendo ponerla a disposición de los lectores.

La sentencia es de una extrema gravedad para la libertad de información. De prosperar esta extraña teoría que convierte la afiliación a un partido en un dato tan reservado como padecer una enfermedad nos encontraríamos con una nueva barrera que protegería unos datos perfectamente relevantes e interesantes para el conjunto de los ciudadanos. Y más, como era el caso, cuando la afiliación en cuestión fue irregular y estaba vinculada a un escándalo político como fue el llamado ‘tamayazo’. Pero, además, si avanzara la distinción que propone el juez, que excluye a Internet de la plena protección constitucional que tienen los otros medios, nos encontraríamos con la aparición de una aberrante jurisprudencia que nos devolvería directamente a los tiempos de la censura. El derecho a expresarse se convertiría meramente en un eximente en el caso de que entrara en colisión con otro derecho que hasta ahora no era prevalente, como es el de la intimidad o la propia imagen.

La lucha contra el secreto, el derecho a la denigración e incluso a la blasfemia, el acceso a las informaciones relevantes para el público, la libertad de prensa o el simple derecho a disentir y discrepar forman parte del mejor legado cultural y jurídico de la Europa de las luces. Pero a la vista de determinadas sentencias y actitudes, se diría que empieza a ser preocupante la insistencia de algunos en ir apagándolas una detrás de otra. ¿Quieren dejarnos a oscuras?

(Enlace con la información publicada en El País).