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El macro juicio contra la oposición iraní agrava la fractura del régimen islámico

"El juicio es contrario a la Constitución, a la ley y a los derechos de los ciudadanos", asegura el ex presidente iraní Jatamí

El juicio contra un centenar de figuras reformistas con el que las autoridades iraníes quieren acallar la contestación post electoral está agravando la fractura del sistema islámico. "Este tipo de puesta en escena es ante todo contrario a los intereses del régimen y atenta contra la confianza de la opinión pública", advirtió este domingo el ex presidente Mohamed Jatamí. Pero las críticas no se limitan al campo reformista. Cada vez son más las voces conservadoras que toman distancias. Esa actitud hace prever importantes dificultades para el segundo mandato de Mahmud Ahmadineyad, quien hoy recibirá el nombramiento oficial de manos del líder supremo y el miércoles jurará su cargo ante el Parlamento.

"El juicio es contrario a la Constitución, a la ley y a los derechos de los ciudadanos", declaró Jatamí, varios de cuyos colaboradores se sientan en el banquillo. En un comunicado colgado de su página web, el ex presidente denunció "la ausencia de condiciones para un verdadero proceso público". Según él, "los abogados y las personas juzgadas no fueron informados de la fecha del proceso ni de las acusaciones". Saleh Nikbakht, abogado de varios de los encausados, declaró que se había enterado del juicio dos horas después de que terminara.

"Las confesiones obtenidas en estas condiciones no tienen ninguna credibilidad", señala Jatamí. Mir-Hosein Musaví, el candidato que se considera ganador de las presidenciales del pasado 12 de junio, fue más allá al dar a entender en su página web que habían sido obtenidas bajo tortura. En su opinión, "todo en el proceso está trucado".

El tribunal revolucionario de Teherán comenzó a juzgar el sábado al centenar de acusados de participar en el movimiento que cuestiona la victoria de Ahmadineyad en aquellos comicios. Los iraníes vieron estupefactos en el telediario de las nueve de la noche la confesión del que fuera vicepresidente en el Gobierno de Jatamí, Mohammad Ali Abtahí. Visiblemente desmejorado (sus amigos estiman que ha perdido 15 kilos), el popular clérigo negó que hubiera habido fraude electoral y pidió perdón por sus "errores de juicio". También dijo que Jatamí, Musaví y el ex presidente Ali Akbar Hashemí Rafsanyaní se habían juramentado antes de las elecciones.

Otro de los testimonios mostrado por la televisión estatal fue el de Mohammad Atrianfar, cercano colaborador de Rafsanyaní y el hombre que lanzó el periódico reformista Sharg. Como Abtahí, rechazó que se falsificara el resultado de los comicios. Su retracto supone un golpe para los opositores que siguen insistiendo en la ilegitimidad del nuevo mandato de Ahmadineyad.

"Las confesiones no tienen ningún valor", titula este domingo Etemad Melli, el diario de Mehdi Karrubí, el otro candidato reformista derrotado. En el sitio Internet de ese periódico, la esposa de Abtahí, Fahimeh Musavineyad, manifiesta que su marido "no estaba normal" durante el proceso.

Las críticas no proceden sólo del campo reformista. Emad Afrugh, un diputado que inicialmente respaldó a Ahmadineyad, ha declarado al moderado Etemad que debería juzgarse a quienes describen las protestas electorales como una "revolución de terciopelo". Otro destacado parlamentario conservador, Ali Motahari, ha criticado al presidente por el trato a los detenidos. En una entrevista con la agencia semi oficial Mehr, Motahari se pregunta por qué esperó hasta que intervino el líder supremo para cerrar la prisión de Kahrizak. "Podía haber actuado antes y tratado mejor a los detenidos", afirma el diputado. "Desgraciadamente, eso no ocurrió y algunos detenidos, incluido Mohsen Ruholamini, fueron tratados con violencia por algunos elementos", concluye.

El caso de Ruholamini ha conmocionado a los conservadores. Ese joven de 24 años que murió en detención era hijo de uno de los colaboradores del candidato conservador Mohsen Rezaí. A raíz de ese incidente, el ex jefe de los Guardianes de la Revolución, ha pedido que también se juzgue a los miembros de los servicios de seguridad responsables de la represión contra los manifestantes.

Las autoridades han reconocido la muerte de 30 personas y aseguran que sólo quedan 250 detenidos de los que han prometido liberar a 150 esta semana. Sin embargo, Ali Reza Beheshtí, aliado de Musaví e hijo de uno de los principales líderes de la revolución islámica de 1979, ha logrado documentar 1.700 detenidos ("a pesar de que muchos familiares no acuden a nosotros porque temen que dificulte su expediente") y teme que los muertos sean más.

Tras su investidura, Ahmadineyad tiene dos semanas para someter su Gabinete a la aprobación del Parlamento. Aunque la mayoría de los diputados son conservadores, los analistas estiman que puede encontrar dificultades si todos los ministros que propone pertenecen a su círculo.

El macro juicio, que no tiene precedentes en los 30 años de historia de la República Islámica, prosiguió este domingo con la comparecencia de otros 10 encausados, según informó la agencia Isna. Las deliberaciones se celebran a puerta cerrada y sólo los medios estatales tuvieron acceso a la sesión inaugural del sábado. Los procesados están acusados de provocar disturbios, atacar edificios militares y del Gobierno, tener lazos con grupos armados de oposición y conspirar contra el sistema, según informó la agencia oficial IRNA. En consecuencia, se enfrentan a entre cinco años de cárcel (por desórdenes públicos) y la pena de de muerte (en el caso de que sean declarados mohareb, enemigos de Dios).