La crisis de seguridad

Nadie puede discutir a estas alturas que con el 11-S dieron un giro las políticas antiterroristas en todo el mundo. Aquello fue una crisis, una profunda crisis sobre seguridad, a la que se le pueden aplicar las mismas sentencias lapidarias que a la tremenda crisis económica que estamos viviendo: son crisis demasiado grandes cómo para desaprovecharlas. La crisis de seguridad fue aprovechada por todos, aunque algunos destacaron especialmente: Bush y sus neocons se lanzaron con toda la fiereza a cambiar el mundo, instalaron la guerra preventiva como sistema de acción exterior, eliminaron el habeas corpus, suspendieron la constitución, crearon cárceles secretas y limbos jurídicos, y entablaron una guerra global contra el terror que fácilmente pudo confundirse con una confrontación mundial entre Islam y occidente.

Todo aquello ya ha pasado (o está terminando de pasar, por cuanto sus secuelas son largas y de difícil disolución). Pero no ha pasado del todo en algunos puntos del planeta: las prácticas sobre seguridad y terrorismo de los actuales gobernantes israelíes no difieren en mucho de las de Bush. Las de Putin y de Hu Jintao son las mismas que tenían entonces y por eso siguen aplicando muy similares patronos en Georgia o en Tibet. Aprovecharon la crisis entonces y siguen todavía a rebufo de aquel cambio cuando las cosas empiezan a cambiar.

Pero una vez liquidados los excesos neocons y su aprovechamiento para colar mercancías de matute, hay que reconocer que el 11-S sigue marcando un giro copernicano en la lucha antiterrorista. Lo supieron ver anticipadamente los norirlandeses del IRA, que firmaron los acuerdos del Viernes Santo en 1998, tres años antes, y se quedaron papando moscas y así siguen todavía los violentos del nacionalismo radical vasco, que desperdiciaron la que fue quizás su última oportunidad de dejar las armas mediante la negociación directa con el Gobierno español en 2006, que terminó con el atentado de Barajas del 30 de diciembre de dicho año. Los irlandeses supieron aprovechar la crisis de seguridad para culminar su alejamiento de una violencia cada vez menos rentable y perjudicial para su propia causa y los etarras, en cambio, han dejado que la crisis les fuera mordiendo cada vez más terreno político, jurídico e ideológico.

Uno de los frutos españoles de la crisis de seguridad abierta en 2001 fue la ley de partidos, que ahora ha recibido todos los avales del Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa. No es casualidad que entre la legislación considerada por el tribunales cuenten las posiciones comunes del Consejo de Ministros de la UE respecto a las listas de grupos terroristas (entre los que están todos los avatares de ETA: KAS, Xaki, Jarrai, Haika, Segi. Gestoras pro Amnistía, Askatasuna, Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok), una resolución de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa y la Convención del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo. Todo esto forma parte del legado del 11-S, y distinguiendo un poco más, de la parte democrática e incluso garantista de este legado, a diferenciar claramente de la ya desechada y fracasada filosofía neocon. No está de más recordar que las lecciones de aquellos atentados y de todos los que les siguieron jamás debieron dejarse en manos de Bush y sus compinches.