El buen juez por su casa empieza: Los Salarios del Supremo en México

Decía Quino (vía Mafalda) que "lo urgente no deja tiempo para lo importante" y esto difícilmente podría ser más valido hoy en México; entre la crisis económica, el narcotráfico, la influenza y las inminentes elecciones difícilmente hemos tenido tiempo para algo más.

Sin embargo, lo urgente ha hecho que pasen de largo o con muy poca atención temas muy relevantes, así por ejemplo hace un par de meses se aprobó en México la Ley de Salarios Máximos, y aún cuando en su momento se discutió mucho, algunas de sus aristas más interesantes fueron dejadas de lado ante problemáticas más urgentes.

La sola existencia de esta ley habla de un problema muy específico: el abuso que un gran número de servidores públicos hizo de salarios y prerrogativas, muchas de las cuales eran propuestas y aprobadas por ellos mismos.

Muy conocido es el caso protagonizado en 1997 por el entonces novel gobernador de Querétaro Ignacio Loyola, quien bajo el argumento de que su responsabilidad era la más alta del estado propuso pagarse un salario igual al del empresario mejor pagado del estado, alrededor de 300 mil pesos netos al mes, el equivalente a mas de 600 mil dólares brutos al año al tipo de cambio de entonces. Tal vez deberíamos estar agradecidos de que el señor Loyola era gobernador de Querétaro y no del estado de Washington, lo que le habría posibilitado demandar ingresos similares a los Bill Gates.

Pero lo que aceleró la discusión y la aprobación de la ley no fueron eventos como los del gobernador Loyola (aunque la indignación que causaron si abonó el terreno en ese sentido) sino la decisión de los consejeros del Instituto Federal Electoral, IFE, de homologar sus salarios (como lo marca su propia ley) a los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (el supremo en España).

¿Por qué el enojo? Un ministro de la Corte gana 251 mil pesos netos al mes, esto equivale a un salario bruto anual (incluyendo aguinaldo) cercano a los 350 mil dólares. (En México los salarios típicamente se calculan netos de impuestos y de manera mensual mientras que en otros países, como Estados Unidos, se calculan brutos anuales).

El desempeño del IFE y sus miembros habían sido muy cuestionados a partir de las elecciones federales de 2006, la substitución de la mayoría de ellos permitía augurar un cambio de actitud y un desempeño más adecuado. Por ello sorprendió cuando en una de las primeras medidas relevantes decidieron aumentarse el sueldo.

La falta de sensibilidad política de los miembros del IFE reabrió el debate sobre los topes salariales a los servidores públicos, obligó al IFE a recular en la medida adoptada y finalmente llevó a la aprobación de la Ley de Salarios Máximos.

Pero si bien esto es un paso muy relevante, perdido en la discusión está el hecho de que el abusivo salario que se querían asignar los miembros del IFE no era una cifra arbitraria sino la que se pagan los ministros de la Corte.

Los aspectos jurídicos, financieros y éticos de esto son muy interesantes. Como se sabe, las leyes no son de aplicación retroactiva, por lo tanto a pesar de la ley los ministros de la Corte siguen ganando el equivalente a 350 mil dólares brutos al año, y si bien en su momento los consejeros del IFE fueron duramente cuestionados nadie parece haber hecho extensiva dicha crítica a los miembros del máximo órgano de justicia en México.

Esto no deja de ser un tanto inusual. Sólo para efectos comparativos baste decir que en Estados Unidos los ministros de la Corte ganan 208 mil dólares anuales, es decir 40% menos que los mexicanos. Pero si corregimos lo que los economistas llamamos el poder de paridad de compra (es decir el costo de la vida, el cual por supuesto es mayor en Washington DC que en la Ciudad de México) entonces el salario de los ministros mexicanos sería equivalente a ¡527 mil dólares! 2.5 veces el de sus homólogos del norte.

Estos son niveles salariales claramente excesivos, resulta curioso que en el debate se cuestionara a los consejeros del IFE pero no a los ministros de la Corte; tal vez no hubo político o analista que quisiera enemistarse con los miembros del supremo.

El fondo del asunto es qué tipo de justicia podemos esperar de un grupo de ministros que claramente se asignaron un trato preferencial e inequitativo con relación a las condiciones sociales y laborales del país. Uno quisiera pensar que el máximo tribunal está formado por personas que velan por el bien común con un gran sentido de equidad y justicia social, pero la magnitud de los salarios que se han asignado no parece apuntar en tal dirección. Y eso sin hablar de las prestaciones que también se han asignado, varias de las cuales se les siguen dando incluso tras su retiro.

Como decía al principio, la urgencia de los problemas que enfrenta México hoy en día no nos permite ocuparnos de temas como el aquí reseñado, pero tal vez deberíamos hacerlo, o mejor aún tal vez debería haber una autocorrección por parte de la misma Corte; sería lo correcto y sería bien recibido, no hay que olvidar que como dice el dicho "el buen juez por su casa empieza."

* El autor es economista por la Universidad de Nueva York, trabaja en la banca privada y durante tres años fue el encargado de las finanzas del gobierno del Distrito Federal (2003-2006).