Iguales ante el dolor pero no ante la ley

Durante un incendio en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en el norte de México, 46 niños y niñas bajo la atención de una guardería murieron y muchos otros quedarán con secuelas permanentes. Y aunque en México cada vez tenemos una relación más casual con las cifras de la muerte -riñas entre narcotraficantes, ejecuciones o enfrentamientos armados se cuentan ya en miles-, la muerte de los niños y las niñas en una guardería sigue siendo una tragedia que despunta.

Las investigaciones, todavía en curso, han revelado que la propiedad de la guardería, directa o indirectamente, involucraba a funcionarios del gobierno estatal, que la unidad de protección civil local no advirtió el peligro que constituía una bodega contigua, arrendada por una dependencia del gobierno estatal, con inflamables y papel, que las instalaciones no eran apropiadas para una guardería, que las puertas de emergencia estaban encadenadas; circunstancias que se agravan por tratarse de un centro de cuidado infantil subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las revelaciones seguramente continuarán, sumándose a la larga lista de decisiones tomadas en todos los niveles de gobierno que confirma y amplía la desconfianza en nuestras autoridades.

Tras lo ocurrido en Hermosillo, el delegado estatal del organismo de salud federal que entrega los subsidios, el IMSS, ha renunciado ya, y es probable que haya sanciones administrativas para los involucrados. Pero la sensación que se mantiene en la opinión pública es que la intrincada red de alianzas y favores políticos, la cercanía de los dueños de la guardería con los círculos del poder y la extendida corrupción de las instituciones mexicanas cubrirá todo, otra vez, con un manto de olvido e impunidad. Habrá algunos responsables, quizá algunas renuncias más, pero la maquinaria seguirá operando como siempre.

A la opinión pública mexicana, estoy seguro, le encantaría equivocarse por primera vez. Con gusto cambiaría su capacidad de prever cómo va terminar el incidente por una respuesta institucional estructurada e inteligente. Una respuesta que sancione administrativa o penalmente a los responsables de cualquier violación a reglamentos o leyes, o aún mejor una respuesta que busque una transformación estructural y, hasta donde se pueda, definitiva del problema encontrado.

Y el problema encontrado tras la tragedia de Hermosillo no es sólo la seguridad de las guarderías. Es la sensación de que los subsidios y las concesiones se entregan a unos cuantos, que la ley se aplica con discrecionalidad dependiendo del origen o la vinculación política de los actores y que los mecanismos de rendición de cuentas pueden sintetizarse en un informe descomunal que se imprime para beneplácito único de los estantes donde se guarda. Problemas que, si se quiere, son comunes a muchas democracias en el mundo, pero que ningún ciudadano en su sano juicio puede calificar como normales.

Encarar la muerte de los niños y niñas de la Guardería ABC de Hermosillo, tendrá que ser algo cualitativamente distinto a lo que hemos visto en el país. La opinión pública espera responsables, investigaciones creíbles, pero sobre todo un cambio profundo en la forma en la que se hacen las cosas.

Explicar con total claridad quiénes y cómo reciben los subsidios federales es un buen principio. El acceso a la información es punto de partida. Pero la cadena de responsabilidad completa deberá hacer lo propio: el delegado estatal, los concesionarios de las guarderías, los funcionarios municipales y los responsables administrativos. Y la comunidad, por su parte, deberá estar preparada para actuar en consecuencia.

Los padres y madres de familia tal vez tengan que dedicar algunas horas al año a revisar las instalaciones de la guardería, verificar los certificados que han entregado otras autoridades o exigir auditorías independientes. Aunque en apariencia difícil, son estas medidas de control social las que han aumentado la calidad de los servicios básicos en la India o en las escuelas privadas en Connecticut, en los Estados Unidos. El control social complementa al control del gobierno, y confirma o refuta la ineficacia de las administraciones públicas al intentar supervisarse a sí mismas.

La tragedia de Hermosillo confirma nuestra solidaridad en momentos de desgracia. Podemos entender la amargura que cada familia enfrenta y su innombrable frustración. Pero ser solidario, aunque deseable, no es una respuesta sistémica ante el problema. Como mexicanos, nuestro sentido de la protección colectiva hasta ahora se ha limitado a hacer nuestro el dolor del caído y a compartir la indignación de otros. Nos hace falta la parte activa: transformar nuestro dolor e indignación en acciones colectivas que muestren nuestra capacidad de organización social, de coordinación y de exigencia ciudadana ante las autoridades. Nos hace falta construir una respuesta sistémica e integral a la seguridad de las guarderías o, por qué no, a la calidad de nuestras escuelas. De no conseguirlo, los mexicanos seguiremos siendo iguales ante el dolor y la muerte, pero no ante la ley y los derechos que ésta nos otorga.

Director de la ONG Transparencia Mexicana, capítulo México de Transparencia Internacional