La justicia argentina exculpa al ex presidente De la Rúa de la muerte de cinco opositores

La justicia argentina ha sobreseído este martes dos causas contra el ex presidente Fernando de la Rúa, una vinculada con la muerte de cinco manifestantes durante su Gobierno (1999-2001) y otra con la presunta contratación irregular de un jardinero, han informado fuentes judiciales.

En la primera de las causas, el juez Claudio Bonadío ha exculpado al ex mandatario por considerar que "no está probado" que De la Rúa "hubiera estado en la cadena de mando" que ordenó desalojar a los manifestantes de la Plaza de Mayo. Los disturbios, que se registraron en varias ciudades del país y en los que murieron una treintena de personas, ocurrieron en diciembre de 2001 y culminaron con la renuncia de Fernando de la Rúa. Además de De la Rúa, han quedado sin castigo por los mismos motivos otros cinco oficiales de la Policía Federal imputados en la misma causa, han precisado las fuentes.

De la Rúa ha reaccionado al fallo acusando al juez a cargo del caso de llevar a cabo un "juicio político" y de ningunear algunas pruebas y privilegiar otras en su contra. "Pese al fallo, sigue la congoja y el dolor por la violencia que ocurrió durante mi gobierno. Fue muy doloroso y espero que se investigue qué ocurrió. Hay que investigar las muertes", ha dicho el ex mandatario al diario La Nación.

Las manifestaciones de descontento popular por la grave crisis económica que sacudía Argentina se habían agudizado a raíz de la decisión de De la Rúa de dictar el estado de sitio. La renuncia de Fernando De la Rúa, quien sostiene que fue víctima de un complot, desembocó en una crisis institucional en la que Argentina tuvo cinco presidentes que fueron dimitiendo de forma sucesiva hasta que el 2 de enero de 2002 el Parlamento designó jefe del Estado a Eduardo Duhalde (2002-2003).

Aunque de menor calado, la otra buena noticia para el ex presidente llegó del Tribunal Oral Criminal 16, que investigaba si De la Rúa usó gratuitamente los servicios de un jardinero que trabajaba para la Legislatura de Buenos Aires cuando el dirigente político fue alcalde de la ciudad. En este caso, el tribunal consideró que la acción penal se encuentra "extinguida por el paso del tiempo". Esta causa se inició cuando De la Rúa era alcalde bonaerense, cargo desde el que fue catapultado a la Presidencia.