El galimatías electoral mexicano

Para entender la historia de las reformas electorales en México, lo primero que hay que saber es que en los procesos electorales de nuestro país siempre hay ganador, pero nunca nadie se reconoce como perdedor. Algunas veces con razón y muchísimas otras sin ella, los partidos que no resultan favorecidos por el voto de los electores se esmeran por encontrar los motivos de su derrota en cualquier parte, excepto en su propia incapacidad por conseguir la preferencia de las mayorías.

Desde 1988 -tras la controversial elección presidencial de Carlos Salinas contra Cuauhtémoc Cárdenas- cada vez que ha habido un proceso electoral federal, el marco legal con el que se rigen los procesos es la primera víctima de la que echan mano vencedores y vencidos para calmar los ánimos y supuestamente conseguir legitimidad. Así fue antes y después de la elección intermedia de 1991 -la primera federal después de la de Salinas-, se repitió después de la elección de Ernesto Zedillo en 1994, y se volvió a hacer después de la elección de diputados de 1997, cuando el PRI perdió la mayoría legislativa.

Cuando el Partido Acción Nacional en el año 2000 consiguió ganarle por primera vez una elección presidencial al PRI, todo parecía indicar que estos ánimos electo-reformistas de los partidos políticos por fin se habían calmado, y los electores mexicanos podíamos darnos por satisfechos con una ley electoral que nos aseguraba contiendas justas y resultados creíbles. Las reformas nos habían orillado a tener procesos electorales más complicados y caros del mundo, pero por lo menos parecían confiables.

La felicidad duró poco. En el sexenio en que gobernó Vicente Fox (2000-2006) quedaron claros dos problemas básicos en la legislación entonces vigente: primero, que la muy reformada ley electoral no preveía ningún mecanismo que asegurara la conformación de mayorías en el Congreso, lo que dio como resultado una exasperante parálisis legislativa durante todo el sexenio foxista, pero además la ley tampoco contemplaba ningún mecanismo para asegurar legitimidad a quien resultara triunfador en una elección muy cerrada, deficiencia que nos puso al borde de una de las mayores crisis políticas y constitucionales del México moderno cuando en las elecciones presidenciales del 2006 se declaró ganador a Felipe Calderón con apenas una ventaja de 250.000 votos en un universo de más de 70 millones de electores.

Como siempre el que perdió alegó no haber perdido, y se regresó a buscar los motivos de la derrota en las condiciones en las que se había dado la competencia. Se decidió, como siempre, utilizar el gancho de una reforma electoral para calmar ánimos y supuestamente conseguir legitimidad, pero en esta ocasión las presiones fueron tantas que la obsesión por conseguir consensos llevó a incluir en las reformas toda clase de peticiones y ocurrencias, nacidas algunas de razones válidas, muchas otras de fobias personales o paranoias colectivas, dando como resultado un galimatías legislativo que se está poniendo a prueba por primera vez en 2009, marco jurídico que desde ya hace pasar penurias a partidos, candidatos, líderes de opinión, medios de comunicación, estrategas, publicistas, autoridades, y por supuesto, a los electores.

En esta reforma los legisladores no se conformaron con retorcer el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, modificaron hasta la Carta Magna elevando a rango constitucional cuestiones tan absurdas como un transitorio para obligar a la renuncia del entonces Consejero Presidente del Instituto Federal Electora (IFE), Luis Carlos Ugalde, o dejar sentado como texto constitucional el número de minutos diarios de tiempos oficiales (48 al día, 3 minutos por hora) que los medios electrónicos debían ceder al IFE para propaganda de los partidos y del propio instituto durante las campañas.

Si esto hicieron los legisladores con la Constitución, se podrán imaginar lo que hicieron con las leyes complementarias: las reformaron, recortaron, parcharon y complicaron hasta que se cansaron de hacerlo, dando origen a 29 reglamentos legislativos (más los que se acumulen esta semana), los cuales el Instituto Federal Electoral ha tenido que aprobar para concretar los "detallitos" que exigen dichas leyes.

Después de todo eso, a partir de 2007 en México nos quedamos con una legislación electoral que no resuelve ninguno de los dos problemas que nos llevaron a la crisis del 2006: sigue sin haber ningún mecanismo que asegure la formación de mayoría legislativa, y tampoco contamos con nada que permita dar legitimad a quien se alce como vencedor en una contienda muy cerrada.

Eso sí, hoy hay disposiciones que a mi entender podrían considerarse como violatorias de los más elementales derechos ciudadanos. Por ejemplo, lo que establece para el supuesto control y vigilancia del origen y uso de los recursos con que cuenten los partidos políticos. En este tema, los brillantísimos señores legisladores se remitieron a una resolución de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, que los gringos le impusieron a México en tiempos de Fox, preocupados como estaban por el lavado de dinero y el terrorismo. Esta normatividad se utiliza ahora como pretexto para que las personas que la nueva ley define como "políticamente expuestas", definidas como todos los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas (lo que ello signifique) en un país extranjero o en territorio nacional, considerando, entre otros, a los jefes de Estado o de Gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos, lista a la que el IFE ha agregado por su cuenta a todos los ciudadanos que aspiran a cargos de elección popular y también a las personas que colaboran (otra vez, lo que ello signifique) en sus campañas, incluyendo a su cónyuge o concubina o concubino, a todos los que mantengan con ellos parentesco por consanguineidad o afinidad hasta el segundo grado, y de paso a las sociedades en las que la persona políticamente expuesta mantenga vínculos patrimoniales. Resumiendo, prácticamente a cualquiera que al IFE le dé la gana catalogar como persona políticamente expuesta somos vigilados por la Unidad de Inteligencia Financiera del Ministerio de Hacienda y nos vigilan porque sí, por mera sospecha o porque alguien con mala leche quiere fastidiarnos.

De un plumazo, los legisladores nos dejaron sin secreto bancario, -y digo nos dejaron porque en este país prácticamente todos tenemos algún pariente, amigo o conocido relacionado con el Gobierno o con los partidos políticos de manera directa o indirecta-, y ante la simple sospecha de manejos "raros" de dinero, se pueden hacer públicos nuestros consumos, ahorros y valores, y con ellos los de nuestros cónyuges, hijos, primos, padres, hermanos, tíos, abuelos, cuñados, suegros, etc., también los de la empresa donde trabajamos, y por ahí hasta los de algún triste novio que haya tenido la desgracia de cruzarse por nuestra vida.

Ya en el tema de fiscalización de los recursos de campañas, ¡el reglamento correspondiente es un poema! No sólo el IFE ha tenido que contratar a cientos y cientos de auditores para poder darle cabal seguimiento -contrataciones que por supuesto incluyen oficinas, teléfonos, salarios, viáticos, etcétera, etcétera, etcétera-, sino que además traen a los partidos y candidatos vueltos locos, porque algunas de estas disposiciones son ridículas, por decir lo menos.

Un ejemplo: si usted es un candidato o colabora en su campaña, es usted propietario de un modesto automóvil y comete la osadía de transportarse en él para ir a trabajar, entonces tiene usted la obligación de hacer un contrato de comodato con usted mismo y registrar como gasto de campaña el equivalente a la renta vigente que pagaría diariamente a cualquier arrendadora por alquilar un coche similar al suyo, incluyendo por supuesto combustible, seguro, reparaciones, servicios, etc. ¡Y cuidadito con que no lo haga!, porque como resulte ganador de la elección, su adversario puede tenerlo frente al tribunal electoral justificando cómo le hizo para llegar a su lugar de trabajo durante las campañas, y aquí no cabe aludir favores de familiares o amigos, porque también tendrían que haberse registrado como gastos de campaña en el capítulo de aportaciones en especie.

¡Y qué decir de la norma para la contratación de la publicidad política en los medios electrónicos! Además del asunto absurdo de plasmar en el texto constitucional el uso durante las precampañas y campañas de los tiempos oficiales que comentaba al inicio, los legisladores sintieron el deber impostergable de impedir que las fuerzas malévolas que viven en la televisión y la radio lavaran sin piedad el cerebro de los electores para favorecer a los candidatos o partidos que compraban tiempos comerciales, y por eso decidieron que los partidos políticos ya no tenían que preocuparse por pagar espacios publicitarios en los medios electrónicos, que era mejor convertir al Instituto Federal Electoral en la agencia de publicidad más grande y costosa del mundo, y encargarle directamente la colocación de más de 132 mil spots de 30 segundos (sin contar los de precampañas) en casi 800 estaciones de AM, en unas 400 de FM y casi 500 televisoras concesionarias de todo el país. A estos habrá que agregar los 15 minutos diarios que se destinarán a las elecciones de gobernadores, presidentes municipales y diputados locales que se llevarán a cabo de manera simultánea a la elección federal en 14 entidades federativas, y que bajo el amparo de una de las reformas más anti-federalistas que se han visto en la historia reciente de México, también quedarán a cargo del Instituto Federal para su colocación en medios.

¿Cuándo y dónde se trasmite la publicidad de cada uno de los partido? Repartida salomónicamente durante todo el día y por todos los medios, para que nadie se sienta menos, o sea que tendremos en las barras de programación infantil la publicidad de los partidos que están pro la despenalización de la droga o el aborto, durante una transmisión de box aparecerán la oferta de más guarderías, y cuando las amas de casa estén viendo sus las telenovelas les pasarán las pautas que tienen que ver con cuestiones tributarias. Vía de mientras, nos guste o no, tendremos que bebernos los tres minutos reglamentarios de publicidad política cada hora todos los días de los seis meses que dura el proceso electoral.

Nos dijeron a los electores que con la reforma se abaratarían los costos de las campañas porque los partidos ya no tendrían que contratar medios electrónicos, afirmación que en el fondo es totalmente falsa ya que no sólo aliviaron a los partidos el 60% del gasto que destinaban a la contratación de medios electrónicos y ahora van a gastarlo en otras cosas, sino que además los contribuyentes tenemos que pagar un titipuchal de dinero adicional para el monitoreo de medios con el que los señores del IFE podrán asegurarse del cabal cumplimiento de tan distinguida disposición, sin contar con que en año electoral campañas gubernamentales impostergables como la nacional de vacunación o las de fechas para el pagos de contribuciones se van a tener que pagar, con nuestros impuestos, contratando tiempos comerciales ¡Genial!

Podríamos seguir y seguir hablando de los absurdos de la nueva legislación en materia electoral, pero como no quiero aburrirlos baste con decir que en este momento en México, si usted se sabe un candidato perdedor, es infinitamente más fácil, menos costoso y no tiene ningún riesgo, dedicar su tiempo a buscar argucias legales para anular el triunfo de su adversario, que preocuparse por conseguir votos entre los electores.

¡Qué lástima que con las leyes no se pueda hacer lo mismo que con las computadoras que de un golpe de teclado se restauran! Si pudiéramos las dejaríamos rápidamente como estaban hasta antes de que los legisladores les metieran mano, que peor que ahora, les aseguro que no estaban.

Desgraciadamente no se pueden restaurar así de fácil, por lo que tendremos que esperar a que lleguen los nuevos diputados en septiembre para que, como se ha hecho desde 1989, dediquen la primera parte de su trienio a reformar la reforma que hicieron sus antecesores, y esperemos que algún día tengamos leyes que privilegien el trabajo político y el ahorro de los contribuyentes, por encima de las trabas jurídicas nacidas de las fobias de quienes no han podido conseguir el favor de las mayorías y los deleites de una autoridad electoral a la que cada vez le gusta más convertirse en el perejil de todas las salsas.

* María de las Heras es Directora General de Demotecnia, empresa dedicada al diseño y evaluación de estrategias electorales y encuestas. E-mail: mariadelasheras@demotecnia.com