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Debate en Chile sobre la "obediencia debida" tras la renuncia de un general

Se considera que un 30% de los oficiales estuvo presuntamente implicado en violaciones de derechos humanos durante la dictadura

La renuncia del general chileno Gonzalo Santelices por el caso "caravana de la muerte" ha abierto un debate en el país sobre la "obediencia debida" de los oficiales, un 30% de los cuales se considera que estuvo presuntamente implicado en violaciones de derechos humanos durante la dictadura (1973-1990).

El general de división Santelices, que estaba al frente de la Guarnición Militar de Santiago, renunció el lunes a su carrera militar tras ser inculpado en 14 crímenes de la "caravana de la muerte", una comitiva militar que tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 ejecutó sin juicio a 70 presos políticos.

Santelices dijo que renunciaba porque no quería implicar a las Fuerzas Armadas en una causa judicial, pero puntualizó que en aquel tiempo "era impensable no cumplir una orden de un superior" sin arriesgarse a ser fusilado.

Al respecto, el director en Chile de Amnistía Internacional, Sergio Laurenti, recuerda que "la obediencia debida es inadmisible como defensa". "Asumamos que es cierto lo que dice el general Santelices respecto a que él no cumplió una orden ilegal, pero ¿qué hizo que él y tantos otros oficiales se quedaran callados después?", se preguntó.Amnistía Internacional considera muy grave que Santelices ocupara la jefatura de la principal unidad de batalla del Ejército. "Si hubiera hablado, probablemente no habría llegado a general, pero habría tenido la conciencia más limpia", manifestó Laurenti.

"Un subteniente"

En una declaración judicial en 2002, Santelices reconoció haber participado en la comitiva que trasladó a los presos, pero el juez a cargo del caso en esa época, Juan Guzmán, desechó procesarle al considerar que era sólo "un subteniente" recién salido de la Escuela Militar.

"Si no hubiera cumplido esa orden, lo más probable es que lo hubieran asesinado", afirmó Guzmán, el primer juez chileno que procesó a Augusto Pinochet, quien lideró el golpe de 1973 y la dictadura posterior.

Por su parte, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, manifestó que no comparte la tesis de la obediencia debida, pero puntualizó que los hoy oficiales eran jóvenes en la época del golpe militar y debían cumplir las órdenes, porque de lo contrario sus vidas corrían peligro.

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