Guatemala suspira ante las urnas

Sin reponerse de la resaca de una larga campaña electoral iniciada en mayo pasado y que apenas concluyó al mediodía de ayer, 5,9 millones de los 13 millones de guatemaltecos acudirán mañana a las urnas para elegir a su presidente para un periodo improrrogable de cuatro años.

Podrán escoger entre dos opciones: un ingeniero industrial, Álvaro Colom, de 57 años y socialdemócrata, y un general en situación de retiro, Otto Pérez de 56. El ganador encontrará un país en crisis institucional, con enormes deficiencias en materia de seguridad, empleo y educación.

Estas elecciones presentan algunas características especiales. Por primera vez desde el fin de las dictaduras militares en 1985, no hay un claro favorito. Las últimas encuestas reflejan un "empate técnico", dado que la ventaja de Colom sobre Pérez o de Pérez sobre Colom, de acuerdo a las muestras publicadas por el diario El Periódico y el Grupo Prensa Libre-Nuestro Diario, no sobrepasan el margen de error (más o menos el 3,5%) del sondeo. También por primera vez desde el retorno a la democracia, un general puede llegar al poder y su mayor fortaleza consiste en ofrecer "mano dura" para combatir el crimen.

La inseguridad es percibida por la mayoría de los guatemaltecos como el mayor problema social. Las estadísticas son lo suficientemente elocuentes: en 2007 murieron asesinadas 5.885 personas, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. Hasta el 28 de octubre de este año, el número de asesinatos se elevaba a 4.568, según el recuento de Nuestro Diario.

Con todo, lo más dramático es la impunidad. Yolanda Pérez, ex presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), afirma que sólo un 2% de los crímenes son investigados. Menos de la mitad llegan a juicio y la posibilidad de condenas es mínima, porque ni la policía ni los agentes de la fiscalía están lo suficientemente capacitados para aportar los elementos necesarios que permitan al juez emitir un veredicto condenatorio.

Otra de las grandes preocupaciones es la pobreza. De acuerdo a un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), seis de cada 10 guatemaltecos son pobres y el 22% de la población sobrevive en condiciones de extrema pobreza (menos de un euro al día). Las expectativas para revertir esta situación emanadas de la firma de paz en 1996, han fracasado. "En Guatemala está ocurriendo un proceso gradual de empobrecimiento que se agrava en el segmento que experimenta la pobreza extrema", subraya el estudio de la FLACSO. Puntualiza que el segmento de la población más rico incrementó sus ingresos de un 62,7% en 1989 a un 64% en 2002. En la población más pobre, estos índices decrecieron de 2,7% a 1,7%, cifras que colocan a Guatemala como el país más desigual en el hemisferio.

Quizá el dato que mejor refleja este drama es que el 50% de los 2.000.000 de niños guatemaltecos sufren desnutrición crónica, extremo que nubla el futuro del país al estar científicamente demostrado que un niño subalimentado crece con graves deficiencias tanto físicas como mentales, a la vez que agranda la brecha de la desigualdad social.

La educación es otra de las lacras endémicas del país, con graves ribetes racistas. De acuerdo con el capítulo guatemalteco del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en 2000 el nivel de alfabetización entre menores de 15 años se elevaba a un 79,4% entre los blancos, cifra que entre los indígenas se reduce al 49,9%.

En este contexto, el próximo Gobierno deberá, en primera instancia, "responder a las expectativas de la población con relación a los temas, que según todas las encuestas, constituyen sus mayores preocupaciones: la seguridad y el empleo", dijo a EL PAÍS el analista Manfredo Marroquín, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Asíes, entidad independiente de sólido prestigio en Guatemala.

El próximo gobernante deberá enfrentar, con una estrategia bien definida, la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en las estructuras del poder. "Esta presencia de las mafias en las instituciones las hacen inoperantes y fomentan la impunidad, por lo que su combate requerirá de un esfuerzo institucional muy grande". Añade que, durante la campaña, ninguno de los candidatos "ha expuesto un plan serio para frenar la penetración de estos grupos en las instituciones del Estado", a pesar de que "es evidente que éstas, lejos de estar al servicio del bien común, están a merced de los intereses de estas mafias".