El titular de Hacienda, primer ministro colombiano salpicado en la 'parapolítica'
Zuluaga, que aparece en una foto con una paramilitar, niega cualquier nexo con las AUC
El ministro colombiano de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, abandonó ayer la fiscalía tranquilo, ya que, según él, logró demostrar que no tiene ningún nexo con los paramilitares. Zuluaga, que declaró voluntariamente ante la justicia, es el primer ministro salpicado en el escándalo de la parapolítica, que ha hecho públicas las estrechas relaciones entre estos grupos de ultraderecha, acusados de todo tipo de crímenes, con políticos colombianos. Ya hay 14 congresistas y dos ex funcionarios del actual Gobierno detenidos.
Al ministro se le complicó la vida a partir de la publicación, en una revista, de una foto en la que aparece con una concejal, que luego confesó ser paramilitar y se desmovilizó en los desarmes masivos liderados por el Ejecutivo de Álvaro Uribe.
Además, en un amplio estudio que realizó la Corporación Arco Iris sobre el macabro maridaje entre paras y políticos, hay hechos que muestran que el ministro contó al menos con un apoyo tácito de estos temidos grupos, que se apoderaron de gran parte del país. "Nuestro estudio es académico, no judicial; lo que la justicia debe ahora investigar es si detrás de este apoyo tácito hubo algún acuerdo, una alianza", dijo a EL PAÍS León Valencia, politólogo y analista de la Corporación Arco Iris.
Hay otras acusaciones: en 2005, cuando era senador, su unidad de trabajo legislativo recibió varios correos electrónicos del jefe político de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Ernesto Báez. El ministro afirma que el manejo de los correos electrónicos estaba en mano de sus asesores y que era el mecanismo para enviar información a más de 10.000 destinatarios. A través de un tercero, dice, terminó incluido Báez. De la comprometedora foto asegura que corresponde a un momento espontáneo de campaña, hace cuatro años.
No ha sido la única noticia reciente relacionada con el escándalo de la parapolítica. La Corte Suprema de Justicia —que investiga a los congresistas implicados— ha denunciado nuevas amenazas: el colegio donde estudia la hija menor de una magistrada de la Sala Penal tuvo que ser evacuado el viernes pasado por un aviso de bomba.
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