Huelguistas argentinos asaltan e incendian empresas españolas

Unos 400 trabajadores argentinos de la pesca, que llevan 19 días en huelga por un aumento de nómina, tomaron el pasado viernes la sede del Ayuntamiento de Puerto Deseado (2.050 kilómetros al sur de Buenos Aires) y después incendiaron y destrozaron instalaciones de ocho empresas pesqueras, de las cuales cinco son de capital español. No hubo heridos ni detenidos.

Tras los destrozos, la provincia de Santa Cruz, donde se sitúa Puerto Deseado y de donde es oriundo el presidente argentino, Néstor Kirchner, acordó una tregua con los huelguistas. El Gobierno nacional envió a esta localidad efectivos de la Gendarmería (policía de frontera) y ayer se reanudaron las negociaciones.

Los pescadores de Puerto Deseado, de donde proviene el 30% de las exportaciones pesqueras de Argentina, se oponen al acuerdo que firmaron la patronal y el sindicato en el nivel nacional y que establece una subida salarial del 16% para los próximos tres años y medio, en un país donde la inflación anual ronda el 10%. La patronal alega que cualquier trabajador se lleva cada mes al bolsillo 2.352 euros, pero los obreros dicen que el sueldo básico es de 447 euros y a partir de ese nivel existen retribuciones por productividad. Además, piden que el Estado los exima del pago del impuesto sobre la renta, como ya lo hizo con los trabajadores petroleros de la Patagonia, porque alegan que sus sueldos son altos, pero los costes de vida en el Sur argentino también lo son.

El alcalde de Puerto Deseado, Arturo Rodríguez, había prometido a los huelguistas que les iba a recibir el viernes, pero se marchó a un acto de Kirchner en otra ciudad santacruceña. Y las negociaciones no llegaron entonces a buen puerto.

"Se fue a chuparle las medias hacerle la pelota] a Kirchner y acá están las consecuencias", dijo el sindicalista local Daniel Medina al periódio La Nación. Los marineros ocuparon el ayuntamiento y destrozaron sus muebles. Después marcharon al parque industrial pesquero de esta ciudad de 13.000 habitantes y atacaron las plantas de ocho empresas, entre ellas las españolas Santa Elena, Arbumasa, Santa Cruz y Pescargen y la hispanoargentina Empesur. Otras dos compañías agredidas son de capital argentino y la restante, japonesa.

La embajada de España en Buenos Aires pidió anteanoche a los Gobiernos argentino y santacruceño que adoptaran "las medidas necesarias para poner fin a la violencia y garantizar la seguridad de las personas y de los bienes". Con posterioridad, el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Jorge Taiana, llamó con su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, para repudiar los desmanes. El jefe de Gabinete de ministros argentino, Alberto Fernández, calificó ayer de "inadmisible" el ataque, pero aseguró que la situación ya "entró en terreno de diálogo".

"Nuestra gente no puede andar por la calle", advirtió el presidente de la Cámara de Armadores Pesqueros Congeladores de Argentina, Alfredo Pott. "Ya hay desabastecimiento de productos en el mercado interno, sobre todo merluza", señaló el empresario, que advirtió que el conflicto podría causar unas pérdidas de 83 millones de dólares, frente a los 250 millones anuales que factura la pesca de Puerto Deseado.