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Comienza el juicio por el escándalo esclavista en China

El hijo de un alto cargo del Partido Comunista de China, entre los juzgados por el escándalo de esclavitud en una fábrica de ladrillos en Shanxi, al norte del país

El proceso contra 12 personas que regentaban una fábrica de ladrillos en Shanxi (norte de China), según ha informado la agencia estatal Xinhua, ha comenzado hoy en Pekín. Entre los primeros procesados por el Tribunal Popular Intermedio de Linfen figura Wang Bingbing, dueño de la primera fábrica donde se hallaron los esclavos e hijo del secretario general del Partido Comunista de China en Caosheng, municipio donde se situaba la factoría.

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Según ha informado Xinhua, la fábrica se encontraba en la casa del propio líder comunista, Wang Dongji, que al parecer no se encuentra de momento entre los enjuiciados. El que si está es Heng Tinghan, capataz de la fábrica, que estuvo varios días en la lista de los más buscados por la Justicia china y escandalizó a la opinión pública cuando, tras ser capturado, aseguró que no consideraba "gran cosa" el no pagar a sus obreros o golpearles si no cumplían sus órdenes.Los empleados de la fábrica Zhao Yanbing, Heng Minyang y Zhao Fengdi también forman parte de la lista de enjuiciados, por su relación con la fábrica.

31 obreros, 31 esclavos

A finales de mayo el escándalo salió a la luz: en la fábrica vivían 31 obreros encerrados, descalzos y cubiertos de harapos. Se alimentaban a base de pan y agua y sufrían maltratos si

intentaban huir. Uno de los obreros murió en el mes de noviembre de 2006, y su cadáver fue abandonado en el monte. La Fiscalía aseguró entonces que la sentencia del caso podría tardar más de lo habitual debido a la gran cantidad de involucrados.

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El escándalo de los esclavos en fábricas de ladrillo y minas de carbón salió a la luz la pasada primavera, cuando los padres de más de 400 niños desaparecidos en la provincia de Henan -vecina a Shanxi- denunciaron que muchos de ellos estaban trabajando en este tipo de lugares, en condiciones infrahumanas.

A raíz del escándalo, el Gobierno chino prometió una amplia inspección de fábricas de ladrillos y minas en todo el país y "duros castigos" a los responsables.

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