Aprobada una ley en Guatemala que permite intervenir llamadas telefónicas para combatir el crimen organizado

El Gobierno de Guatemala ha aprobado una ley que permitirá la intervención de las llamadas telefónicas con el fin de obtener información para desarticular al crimen organizado y que entra en vigor hoy.

La ministra guatemalteca del Interior, Adela Torrebiarte, explicó ayer a los periodistas que la nueva normativa publicada en el Diario de Centroamérica (oficial) permitirá a las autoridades luchar contra la delincuencia.

Las autoridades podrán intervenir las llamadas telefónicas con una orden judicial siempre y cuando en ellas se justifique una investigación abierta al crimen organizado, el narcotráfico o probables secuestros, dijo la ministra. Esta orden, añadió, tiene como finalidad obtener información y evidencias que permitirán procesar a los miembros del crimen organizado y desarticularlo.

Tanto los efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC) como los agentes del Ministerio Público (MP), responsables de combatir el crimen, tendrán que conocer este acuerdo para no violar la ley, advirtió.

Sin embargo, la entrada en vigor de este reglamento preocupa a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), por considerar que puede ser utilizado para el control de la ciudadanía.

"Si no lo autoriza un juez, podría servir de espionaje para controlar a la ciudadanía y eso nos preocupa porque se pueden cometer abusos", manifestó a periodistas el director de ese organismo episcopal, Nery Ródenas.

Los altos índices de delincuencia en Guatemala mantienen atemorizada a la población pese a que el Gobierno de Óscar Berger ha autorizado la salida del Ejército a las calles para ayudar a la policía a contrarrestar la violencia.

En los primeros cinco meses de este año, la delincuencia se cobró la vida de más de 2.500 personas en el país centroamericano.

Berger reconoció el pasado miércoles que las bandas criminales han superado la capacidad de prevención y represión de las fuerzas de seguridad del Estado, que no han podido detener sus acciones, y reconoció que los niveles de violencia "son incontrolables".

Precisamente unos de los principales afectados por el aumento de la violencia, los transportistas del servicio urbano de pasajeros de Guatemala, amenazaron ayer con convocar un "paro general" en protesta por el incremento de los asesinatos de conductores de los vehículos y sus ayudantes por parte de las pandillas.

Luis Gómez, presidente de la Asociación de Transportistas de Guatemala, dijo a los periodistas que no pueden seguir prestando el servicio por el acoso de los pandilleros, que exigen a los conductores un "impuesto de circulación" a cambio de no agredirlos. Gómez se quejó de que los esfuerzos de las autoridades para garantizar la seguridad de los vehículos, los conductores y los pasajeros "son insuficientes", y dijo que los pandilleros actúan con "absoluta impunidad".

Pese a las protestas y los paros parciales que han realizado los transportistas desde hace dos meses, los ataques de los pandilleros a los chóferes y sus ayudantes se han incrementado. Los autobuses que cubren las principales rutas del sur de la capital y los municipios aledaños no ofrecieron ayer su servicio y los transportistas bloquearon importantes calles de esa zona, en protesta por el asesinato, el pasado sábado, de otro conductor. "Los chóferes y sus ayudantes tienen miedo de seguir prestando el servicio porque los pandilleros los asesinan a mansalva" al oponerse a pagar las extorsiones, precisó Gómez.

En lo que va de año los conductores y ayudantes asesinados son al menos 63, con lo que ya se ha superado la cifra de 52 de todo 2006. El viernes, un grupo de presuntos pandilleros disparó con fusiles de asalto y pistolas automáticas contra un vehículo de transporte público en un barrio popular del noreste de la capital, cuyo conductor murió y seis pasajeros resultaron heridos graves. El sábado, un pasajero y un supuesto asaltante murieron al enfrentarse a tiros en un vehículo de transporte público en un suburbio del este de la capital, hecho en el que tres personas más resultaron heridas graves.