Refugio para la 'tribu' Ríos Montt

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala admitió el pasado viernes la candidatura del general retirado Efraín Ríos Montt, lo que dota de inmunidad al viejo militar, de 81 años, y complica las acciones legales instruidas en su contra, tanto por la Audiencia Nacional de España, que ha emitido una orden internacional de captura por los delitos de genocidio, tortura, terrorismo y detención ilegal, como las iniciativas legales promovidas por dos juzgados locales relacionadas la represión ejercida durante el mandato de Ríos Montt, entre marzo de 1982 y agosto de 1983, cuando se cometieron las mayores atrocidades de la guerra civil de este país centroamericano, que se saldó con 250.000 muertos y desaparecidos.

El 9 de septiembre, unos cinco millones de guatemaltecos están convocados a votar en las elecciones para elegir presidente, diputados y alcaldes.

Ríos Montt y su familia buscan en tribu esta protección legal a través del Frente Republicano Guatemalteco (FRG, un partido-iglesia hecho a imagen y semejanza del viejo dictador) y han presentado sus candidaturas a cargos de elección popular buscando aquellas casillas que, al menos en teoría, les garantizan un escaño en el Congreso (legislativo y unicameral) y, con ello, la inmunidad necesaria para no comparecer ante los tribunales.

Así, el ex dictador y su hija Zury ocupan los dos primeros lugares del listado de candidatos al Congreso. Otro hijo, Enrique, también general, está sujeto a juicio por malversación de fondos mientras ocupaba altos cargos en el Ministerio de Defensa en la anterior legislatura, dominada por el FRG; busca ser elegido, en la primera casilla, al Parlamento Centroamericano. Un nieto, Juan Pablo Ríos y una sobrina, Ingrid Argueta, ambos con problemas legales, son otros de los candidatos.

El anuncio de la inscripción de Ríos ha provocado el rechazo de organizaciones humanitarias. La Fundación Rigoberta Menchú, que promueve la demanda contra Ríos ante la Audiencia Nacional española, anunció que analiza una vía para impedir que se formalice esta inscripción, alegando que el militar "es un prófugo de la justicia".

Sin embargo, una organización independiente de abogados constitucionalistas, el Centro de la Defensa de la Constitución (Cedecon), sostiene que las acciones en contra de esta candidatura serán difíciles de sostener jurídicamente, ya que, una vez inscrito, a Ríos lo ampara la inmunidad que la ley guatemalteca otorga a los candidatos, aunque deja abierta la puerta para que ésta le sea retirada mediante una sentencia en su contra.