Tres militares y un civil guatemaltecos, en el banquillo

Por primera vez en la historia de Guatemala, tres militares y un civil, que en su momento ejercieron un poder absoluto en el país, deberán responder por delitos como torturas, terrorismo de Estado y genocidio, ocurridos a lo largo de la guerra sucia que entre 1960 y 1996 ensangrentó a esta nación centroamericana. Se trata de los generales Aníbal Guevara, ex ministro de Defensa durante el régimen de Romeo Lucas García (1978-1982); Germán Chupina, director general de la policía durante el mismo periodo, cuando fue asaltada la Embajada de España; Óscar Humberto Mejía, también ministro de Defensa del régimen luquista, y el civil Pedro García Arredondo, jefe del temible Comando 5 de la policía, encargado de reprimir a los opositores políticos.

La historia se remonta a 1999, cuando Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, cuyo padre murió calcinado en el brutal asalto de la policía guatemalteca a la Embajada española el 31 de enero de 1980, elevó una demanda por genocidio ante la Audiencia Nacional española.

En aquel asalto sangriento murieron 37 personas, entre ellas tres españoles: el primer secretario de la Embajada, Jaime Ruiz del Árbol; el canciller, Felipe Sáenz Martínez, y María Teresa de Villa, que realizaba gestiones en la cancillería.

El proceso se prolongó durante siete años hasta que, en 2000, la Audiencia española aceptó a trámite la denuncia de Menchú y extendió las investigaciones al asesinato de cuatro sacerdotes españoles: los misioneros del Sagrado Corazón José María Gran Cirera, Faustino Villanueva y Juan Alonso, y el jesuita Carlos Pérez Alonso. Un quinto, el misionero Andrés Lanz, continúa desaparecido. Sin embargo, fue en 2005 cuando el Tribunal Constitucional español declaró a la justicia de ese país competente para juzgar el genocidio y dio vía libre a la Audiencia Nacional.

En cumplimiento con esa resolución, el juez español Santiago Pedraz viajó a Guatemala en junio de este año para recabar el testimonio de los involucrados, pero su gestión se vio imposibilitada por la lluvia de recursos interpuesta por los abogados de los militares. Ante ello, Pedraz emitió desde Madrid una orden internacional de búsqueda y captura en contra de los señalados. Al fin, esta orden empezó a hacerse efectiva la semana pasada.

Al poco de conocerse la orden internacional de captura por parte de la Audiencia Nacional y tras las dos primeras detenciones (Aníbal Guevara guarda prisión y Germán Chupina se encuentra hospitalizado bajo vigilancia policiaca, mientras se encuentran prófugos Mejía Víctores y Pedro Arredondo), las profundas divisiones que marcan la sociedad guatemalteca han salido a la luz. Mientras organizaciones humanitarias celebran que la justicia pueda alcanzar a los poderosos, los sectores más recalcitrantes califican la medida como una "inaceptable" intervención extranjera en asuntos internos del país y tratan de revivir la historia negra de la conquista y la colonia, teóricamente cerrada con la independencia política de Guatemala, en septiembre de 1821.

Para Ada García, cuyo padre, un catedrático universitario, murió asesinado por los escuadrones de la muerte en 1980, la detención de los militares y sus comparsas civiles es la concreción de un viejo sueño. "Creí que nunca lo vería", dijo a la prensa local.

En el otro extremo, los abogados de los defensores insisten en su tesis de que no se puede juzgar en España a guatemaltecos por presuntos delitos cometidos en este país.

Sin embargo, la gran sorpresa es que las órdenes de captura dejaran al margen al general Efraín Ríos Montt, bajo cuyo mandato, entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983, ocurrieron las mayores atrocidades en contra de la población civil desarmada, según coinciden en señalar los informes Guatemala, nunca más, dirigido por el asesinado obispo Juan Gerardi, y Guatemala, memoria del silencio, patrocinado por la ONU. De acuerdo a este último, durante el Gobierno de Ríos Montt se cometió el 69% de todas las ejecuciones ocurridas durante la guerra sucia (entre 250.000 y 300.000 muertos y desaparecidos), un 41% de las violaciones sexuales, mayoritariamente contra mujeres indígenas del área rural, y un 45% de las torturas, según consta en el auto de captura emitido por el juez Pedraz.

Al parecer, un error en el largo proceso burocrático es el que ha permitido al mesiánico general permanecer al margen de la justicia española, extremo que la Fundación Rigoberta Menchú Tum y organizaciones humanitarias tratarán de enmendar a lo largo de esta misma semana. Según el diario local Prensa Libre, que cita a una fuente que pide el anonimato, "un empleado de la Audiencia equivocó los documentos" y envió un expediente anterior, "cuando no se había unificado el proceso de genocidio con el de la quema de la Embajada", extremo que se encuentra en proceso de corrección.