El fiscal que pidió 96 años para Juana Chaos renuncia para no rebajar la pena

El fiscal Jesús Alonso, que pidió 96 años de prisión para el preso etarra José Ignacio de Juana Chaos, renunció el martes a asistir al juicio que se celebrará mañana después de que su superior considerara que no hay base jurídica para sostener la acusación por pertenencia a banda armada. La postura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se traducirá en una reducción de la pena que se solicitará.

Según fuentes de la Fiscalía, la renuncia de Alonso se produjo el pasado martes, en el transcurso de una reunión para preparar el juicio que mantuvo con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quien le pidió que le expusiera los argumentos con los que pensaba sostener la acusación de pertenencia a ETA. Las explicaciones no convencieron a Zaragoza -fuentes cercanas al fiscal jefe han llegado a asegurar que Alonso no pudo dar "ni un sólo argumento" que justificara su postura- y el fiscal del caso optó entonces por pedir a su superior que le excusara de representar al ministerio público en la vista. Zaragoza aceptó en ese momento la renuncia de Alonso y ayer designó a Fernando Burgos, uno de los fiscales más veteranos de la Audiencia, para sustituirle.

Otras fuentes han indicado hoy que antes de que se produjera la designación de Burgos, Zaragoza pidió a su segundo, el teniente fiscal Jesús Santos, que se hiciera cargo del caso, pero que éste se excusó alegando que motivos familiares le impedirán acudir mañana al tribunal. Un portavoz oficial de la Fiscalía ha asegurado hoy, sin embargo, que nunca hubo atribución de la causa a Santos, aunque ha admitido que el fiscal jefe "consulta con él todos los casos, incluido éste". En el debate jurídico que mantuvieron Alonso y Zaragoza no se llegó a tratar la postura que mantendrá la Fiscalía respecto de los seis delitos de amenazas terroristas que se imputan a De Juana, ya que las discrepancias en torno al delito de pertenencia motivaron la renuncia del primero, pero las fuentes consultadas han afirmado que dependerá de la prueba que resulte en el juicio.

Según el criterio de la Fiscalía, que se remite a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no se puede sostener una nueva acusación de pertenencia a ETA contra alguien ya condenado por integración en esta organización terrorista, pero tampoco es posible siempre calificar de terrorista ante un tribunal cualquier hecho delictivo que cometa esa persona. Las fuentes consultas han explicado que si un recluso etarra ataca a otro preso en la cárcel no se le acusaría automáticamente de atentado terrorista sólo por su condición de miembro de la banda y han recordado que hoy mismo la Audiencia Nacional absolvió al militante de ETA Harriet Iragi del delito de amenazas del que se le acusaba por haberse enfrentado a unos funcionarios de prisiones.

Así las cosas, la Fiscalía asegura que en ningún caso mantendrá los 96 años de prisión que solicitó inicialmente contra De Juana, y no duda en calificar de "error" esa petición. "En la Audiencia Nacional se ha tendido tradicionalmente a hacer peticiones de máximos que luego no había más remedio que rebajar en el juicio, pero eso se ha acabado", han dicho esas fuentes, que han afirmado que la decisión sobre la petición de pena se hará conforme

a criterios jurídicos de proporcionalidad y racionalidad, y que "no será una calificación política". En conversación con varios periodistas esta misma tarde, Zaragoza ha admitido que estará "en permanente contacto" con Burgos, pero ha descartado que vaya a asistir mañana a la vista.

En cualquier caso, y aunque la Fiscalía vaya a rebajar su petición de pena, el tribunal que mañana juzgará a De Juana podrá optar entre la absolución y una condena de 96 años de cárcel, ya que la acusación que ejerce la Asociación de Víctimas del Terrorismo solicitó esa misma pena y sus abogados ya han anunciado que no están dispuestos a descontar "ni un segundo". La sala estará presidida por Ricardo Rodríguez e integrada por Fermín Echarri, ponente de la sentencia, y Flor Sánchez. Las acusaciones contra De Juana, que en agosto del año pasado extinguió los más de 3.000 años de condena que se le impusieron por su participación en 25 asesinatos, resultan de dos artículos publicados en Gara en los que arremetía contra responsables de prisiones y contra el presidente de la sala de lo penal de la Audiencia. La apertura de esta nueva causa impidió su excarcelación, lo que el 7 de agosto le llevó a iniciar una huelga de hambre durante 63 días.