El grupo atunero español Calvo suprime 600 puestos de trabajo en El Salvador

El grupo español Calvo, dedicado al procesamiento y la comercialización de atún, ha anunciado el recorte de sus operaciones en El Salvador ante lo que denominaron "incertidumbre" por la inminente pérdida del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP plus), el próximo 31 de diciembre, que hasta ahora había permitido a la nación centroamericana exportar sin arancel a los 25 países de la Unión Europea (UE). Esto significa la supresión de 600 puestos de trabajo, en su mayoría ocupados por mujeres, según un comunicado hecho público por la empresa española.

En el comunicado de prensa, dado a conocer el lunes, dice: "Ante la incertidumbre que genera la situación arancelaria del SGP plus para el país, Grupo Calvo lamenta tener que reducir en la mitad sus operaciones en El Salvador, lo que significa cesar uno de los dos turnos de producción, 600 puestos de trabajo, que son representados mayormente por mujeres. La decisión ha sido difícil de tomar para la atunera, pero no ha habido otra alternativa".

La atunera había anunciado la semana pasada que estaba estudiando su retirada de El Salvador, dado que a partir del 31 de diciembre de 2006 la Unión Europea suspendería el SGP plus por no haber ratificado dos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referidos a la libre sindicalización y otros derechos laborales.

Prórroga

El Gobierno de Elías Antonio Saca ha enviado varias misiones a Europa para solventar la crisis. La vicepresidenta, Ana Vilma de Escobar, ha viajado a Francia; el canciller, Francisco Laínez, a Alemania, y la ministra de Economía, Yolanda de Gavidia, a Bruselas, en un intento de conseguir una prórroga para ratificar los convenios de la OIT.

Las misiones, según fuentes diplomáticas consultadas por EL PAÍS y que prefirieron el anonimato, no han dado frutos. La UE ya había concedido a El Salvador una prórroga desde mediados de 2005 al 31 de diciembre de 2006 en la que El Salvador no cumplió las condiciones. Esto, al parecer, ha defraudado las expectativas creadas por las gestiones de los Gobiernos de España y Alemania, entre otros, que habían intercedido por El Salvador. Los convenios de la OIT han sido aprobados por la mayoría de naciones latinoamericanas desde mediados del siglo pasado.

Calvo inició operaciones en El Salvador en 2001, cuando comenzó la construcción de una planta procesadora de lomos de atún y de conservas de alta calidad. En septiembre de 2003, la planta fue inaugurada por los entonces presidentes de El Salvador, Francisco Flores, y de la Junta de Galicia, Manuel Fraga. El proyecto fue presentado con la base de un potencial polo de desarrollo económico y social de la empobrecida región oriental y costera salvadoreña.

118 millones de dólares

Calvo asegura haber invertido hasta la fecha un total de 118 millones de dólares en una planta procesadora de atún, en otra enlatadora y en cuatro embarcaciones. Ha dado empleo a 1.500 personas, en su mayoría mujeres. Su producción está dirigida en un 95% a los países de la UE.

La oposición política salvadoreña culpa al Gobierno y a su partido, Alianza Republicana Nacionalista (Arena), por poner en peligro las inversiones y las empresas que exportan a los 25 países de la UE, así como de la más que probable retirada de Calvo, que tiene en El Salvador la tercera fábrica procesadora de atún más grande del mundo.

No obstante, sectores de la derecha política salvadoreña han mostrado displicencia. "Si quieren marcharse, que se marchen", porque otras empresas como Dell (de Estados Unidos) han dado más y mejores empleos, dijo recientemente el diputado oficialista Roberto D'Aubuisson.

Mientras, un editorial del periódico conservador El Diario de Hoy apuntaba que "aceptar el chantaje [de la OIT] equivaldría a entregar a las fuerzas más retrógradas y violentas el funcionamiento del Estado". Por lo tanto, concluye, por más doloroso que resulte la retirada de Calvo, no se deben aceptar las imposiciones favorables al sindicalismo.