Una comisión independiente investigará los abusos policiales en São Paulo

Una comisión independiente investigará la participación de organismos policiales en supuestas ejecuciones de decenas de inocentes en la reacción a los ataques del crimen organizado en São Paulo, según informaron ayer fuentes judiciales.

La comisión, formada por 12 organizaciones, entre ellas el Ministerio Público, la Orden de Abogados de Brasil (OAB) y defensores de los derechos humanos, tratará de esclarecer si la policía abusó en su respuesta a los ataques de la mafia de presos Primer Comando de la Capital (PCC), que a mediados de mes dejaron al menos 133 muertos.

Los investigadores se encargarán en concreto de entre 24 y 34 casos conocidos de personas muertas con disparos en la cabeza en Guarulhos, área metropolitana de São Paulo, y que figuran entre las víctimas de la guerra urbana que durante una semana libró la policía con el PCC.

"Las autoridades negaron abusos de autoridad y la policía afirmó que sus fuerzas actuaron en legítima defensa y en cumplimiento del deber, pero entendemos que no fue estrictamente así, por eso desconfiamos", dijo el abogado Francisco Lucio Franca, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la sección regional de la OAB en São Paulo.

La ola de violencia desatada por el PCC comenzó el 12 de mayo y se prolongó durante una semana, con un resultado de al menos 133 muertos, entre ellos 41 policías o guardianes, cuatro civiles y 79 supuestos delincuentes, así como nueve presos, según datos oficiales.

Venganza policial

Organismos de defensa de derechos humanos han advertido de que tras los ataques del PCC a la policía, en represalia por las medidas de aislamiento de sus cabecillas en prisiones de máxima seguridad, los agentes del orden desencadenaron una venganza en barrios de la periferia de São Paulo.

Franca señaló que no se ha logrado establecer el número exacto de personas supuestamente ejecutadas por la policía porque las autoridades no han divulgado la lista total de víctimas y los respectivos informes forenses, pese a que ayer expiró el plazo de 72 horas que que había fijado el Ministerio Público para hacer públicos esos datos.

"No tuvimos acceso a la lista y a los informes. Probablemente la comisión pedirá los informes y los boletines policiales que no fueron entregados al Ministerio Público", expresó el abogado.

La comisión tenía previsto reunirse ayer para definir el plan de trabajo y si se comprueba que realmente hubo ejecuciones sumarias, llevará a juicio al Estado de São Paulo para que indemnice a los familiares de las víctimas.

Por otra parte, ayer presentó su dimisión el secretario de Administración Penitenciaria de São Paulo, Nagashi Furukawa.