Un Estado en el 'banquillo de los acusados'

El asesinato de Óscar Romero se mantiene en la impunidad, pese a que ha sido considerado como un crimen de lesa humanidad, asegura Maria Julia Hernández, quien fuera ayudante de la víctima. Pero las presiones para que el caso se reabra no cesan y El Salvador está constantemente en el banquillo de los acusados.

En 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitió una resolución que el Estado salvadoreño aún no ha cumplido y por la que el caso podría elevarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos regresar a la CIDH. En ella se establecía no sólo la responsabilidad del Estado en la muerte de Óscar Romero, sino la falta de administración de justicia y la omisión en procesar y sancionar a los asesinos; además, exige que quede sin efecto la Ley de Amnistía.

Después de 14 años de proceso democratizador en El Salvador, sus gobernantes —desde 1989 y hasta hoy, miembros de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fundada por D'Aubuisson— se han negado a impartir justicia.

D'Aubuisson murió en 1992, cuando la paz estaba en pañales, pero militares y poderosos empresarios que lo apoyaron están vivos y conservan su poder.

El ex capitán Álvaro Saravia, acusado en la ciudad estadounidense de Fresno y ex mano derecha de D'Aubuisson, ha dicho reciente y públicamente que está en disposición de pedir perdón y publicar los pormenores que rodearon la muerte del arzobispo.

Con sus declaraciones ha avivado la llama de la intriga, ya que podría revelar la identidad de los integrantes del llamado Grupo Molina, formado por altos oficiales, así como del Grupo de Miami, con poderosos empresarios, y el posible nexo de agentes argentinos que habrían planeado y ejecutado a Óscar Arnulfo Romero Galdámez.