El Gobierno boliviano puntualiza que la nacionalización de los hidrocarburos no es una confiscación

El gobierno boliviano ha asegurado que la nacionalización de los hidrocarburos no es una confiscación, aunque el decreto firmado por el presidente Evo Morales ordena el traspaso de las acciones suficientes para que el Estado asuma el control de las compañías que operan en el país.

Ha sido el ministro de Hidrocarburos,Andrés Soliz Rada, quien ha rechazo usar la palabra "confiscación" para referirse a los efectos del decreto anunciado por Morales. "La palabra confiscatorio implica apropiarse gratuitamente de algo que no es nuestro" y su otra aplicación "es la expulsión", y en Bolivia "no ha habido confiscación, porque no ha habido robo, ni expulsión", sino una nacionalización, ha aclarado Soliz Rada.

Polémico decreto

El decreto estipula que "se nacionalizan las acciones necesarias para que YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) controle como mínimo el 50 % más 1 en las empresa Chaco S.A., Andina S.A., Transredes S.A., Petrobrás Bolivia Refinanciación S.A. y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia S.A.".

En las tres primeras empresas (Chaco, Andina y Tranredes), tenían la mitad de las acciones y el control de la administración la British Petroleum, la hispano-argentina Repsol YPF y la estadounidense Enron-Shell, que ahora deberán ceder el control de las sociedades al Estado si quieren seguir en Bolivia. Además, el Gobierno de Morales reclama todas las acciones de ciudadanos bolivianos en esas petroleras mixtas.

El decreto señala que "se transfieren en propiedad a YPFB, a título gratuito, las acciones de los ciudadanos bolivianos que formaban parte del Fondo de Capitalización Colectiva en las empresas petroleras capitalizadas Chaco S.A., Andina S.A. y Transredes S.A.". Las acciones de empresas petroleras que ese Fondo ha depositado en Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) "serán endosadas a nombre de YPFB", agrega el decreto.

Dos AFP, una de ellas del BBVA de España, tienen un 48 por ciento de las acciones de Chaco y Andina, y un 34 por ciento de Transredes, en nombre de ese Fondo creado para asegurar una pensión anual vitalicia a todos los bolivianos que tenían más de 21 años en 1995. En los dos primeros casos, el Gobierno necesita "nacionalizar" un 3%, pero en Transredes, donde hay más inversores, tendrá más dificultades, porque YPFB necesita un 17 por ciento para controlar el directorio.

Además, el decreto determina que en otras dos compañías hasta ahora totalmente privadas, Petrobras-Bolivia Refinación y la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia, el Estado asumirá el control del 51 por ciento, para controlarlas.

Primeras medidas

Todos los yacimientos petroleros y de gas están militarizados desde el lunes, y las oficinas de las multinacionales custodiadas a la espera de que YPFB asuma "el control absoluto" de todo el sector.

El ministro de Hidrocarburos,Andrés Soliz Rada ha defendido la nacionalización ante la preocupación en países como España y Brasil, y ha dicho que a partir de ahora las empresas contarán con seguridad jurídica, una vez el Congreso apruebe sus nuevos contratos, antes de 180 días.

Sin embargo, fuentes diplomáticas y de las petroleras han señalado que es casi confiscatoria la decisión de aumentar del 50% al 82 el impuesto por la producción de los dos mayores pozos de gas, sin aclararse hasta ahora si sobre el 18 por ciento restante habrá que pagar otras tasas de beneficios o de envíos de dinero al exterior.