El Salvador pide a EE UU ayuda en el combate contra las 'maras'

El Gobierno de El Salvador pidió ayer a Estados Unidos que se convierta en su "aliado en la lucha y en el combate contra las pandillas juveniles", conocidas como maras, del mismo modo en que ambas naciones han sido aliadas en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. El Gobierno de El Salvador ha hecho de la eliminación de las maras un objetivo primordial. Sin embargo, la realidad indica que la violencia de las pandillas empeora y va en ascenso.

El ministro de Gobernación, René Figueroa, afirmó que Estados Unidos debe entender que el combate contra las pandillas "también les conviene, puesto que un pandillero que es deportado a El Salvador se integra a las pandillas, comete delitos y se regresa Estados Unidos a cometer más delitos".

El Gobierno de Elías Antonio Saca no expresa su malestar explícitamente a Washington, pero ayer las autoridades aseguraron que la criminalidad ha aumentado proporcionalmente al incremento de las deportaciones desde Estados Unidos de salvadoreños con antecedentes criminales, que incluyen homicidios, narcotráfico, violaciones y robos.

"El año pasado fueron deportados aproximadamente 1.900 salvadoreños con antecedentes criminales; en lo poco que va del presente año, los deportados son más de 500", aseguraron tanto el ministro Figueroa como el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), Rodrigo Ávila, quien afirmó que se están manteniendo contactos con Washington para lograr establecer un tratado por el que "salvadoreños que han delinquido en Estados Unidos puedan cumplir penas en El Salvador".

'Plan Mano Dura'

Desde 2003, El Salvador ha puesto en marcha varios planes contra las pandillas. El ex presidente Francisco Flores inauguró el llamado Plan Mano Dura, con el que se pretendía legalizar una serie de acciones represivas a través de la llamada Ley Antimaras, que fue derogada en 2004 por presiones de la ONU, dado que violaba varios convenios internacionales defensores de la niñez y la juventud. El actual Gobierno impulsa el Plan Súper Mano Dura, que ha enviado a la cárcel a más de 3.000 líderes de pandillas.

No obstante, analistas independientes sostienen que la represión, sin medidas preventivas, ha desatado una reacción de mayor violencia. Los datos se traducen en cifras: antes de 2003, las tasas de homicidios eran de 34 por cada 100.000 habitantes; en la actualidad, rondan los 55 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Rodrigo Ávila reconoce el alto nivel de criminalidad. Por eso, ayer dio por iniciada una "intensa campaña y sin cuartel" contra la delincuencia, "llámese pandillas o como quieran llamarle. Hoy desplegamos al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPES), para que con inteligencia y fuerza capture en flagrancia a los extorsionistas y homicidas. La nueva unidad tiene 40 efectivos, podrá actuar de civil e infiltrarse en las filas de las pandillas".

Sin embargo, Alejandro Álvarez, investigador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), critica la falta de integración de las políticas públicas contra la inseguridad ciudadana, tanto en El Salvador como en el resto de naciones latinoamericanas, que basan sus estrategias en la represión.

En El Salvador, el Gobierno hace poco por controlar efectivamente la tenencia y el porte de armas de fuego, a pesar de que más del 70% de los homicidios se cometen con armas de fuego y, de ellas, casi medio millón circulan en manos de civiles, en una población de 6,7 millones de habitantes.