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Comienza en Bolivia el juicio contra el sevillano acusado del asesinato de una fiscal

El ministerio público pedirá 30 años de cárcel para Villanueva y otros cuatro procesados

El juicio oral contra el sevillano Javier Villanueva de Martino, así como contra otros cuatro acusados —dos brasileños, un italiano y un boliviano—, ha comenzado en la ciudad boliviana de Santa Cruz en medio de una gran expectación entre los bolivianos, que esperan desde hace casi dos años el esclarecimiento del atentado con explosivos en el que fue asesinada la fiscal antidroga Mónica von Borries.

El tribunal Cuarto de Sentencia, con un jurado formado por tres ciudadanos y dos técnicos, ha comenzado a escuchar la lectura de la acusación contra Villanueva —actualmente bajo detención domiciliaria —, el brasileño Ricardo Borba y el boliviano Freddy Hurtado, así como contra los prófugos Marino Diodato, italiano, y Sandro Carvalho, brasileño.

El 27 de febrero de 2004, la fiscal Von Borries falleció a causa de la explosión de una bomba colocada debajo de su coche, cuando lo utilizaba para volver a su trabajo después del descanso del mediodía. La fiscal antidrogas logró encarcelar a varios narcotraficantes, entre ellos el italiano Marco Marino Diodato, que fue condenado a doce años de cárcel, pero se fugó el 30 de enero de ese mismo año.

Retrasos judiciales

Se calcula en tres semanas la duración del juicio, un brevísimo tiempo para un proceso judicial en Bolivia, que continúa luchando para acabar con los retrasos en la justicia. Un informe publicado por el diario El Deber de Santa Cruz menciona que, de los 7.782 presos en cárceles bolivianas, solamente 1.950 son reos con sentencia ejecutada.

El español Villanueva, de 29 años, logró salir de la pesadilla que representa una cárcel tras largas gestiones ante las autoridades judiciales que, finalmente, aprobaron su detención domiciliaria, el arraigo en el país y una fianza de medio millón de bolivianos (algo más de 50.000 euros).

El español fue detenido el 29 de abril de 2004 en el local en el que trabajaba, después de que el brasileño Ricardo Borba —detenido 48 horas después del crimen— lo involucrara en sus declaraciones ante las autoridades policiales. Según la policía explicó entonces, Villanueva se encontraba en situación irregular, ya que que su permiso de estancia en el país había expirado. En sus primeras declaraciones, que fueron grabadas en la Policía y difundidas posteriormente por los medios locales, Villanueva admitió su participación en el atentado que acabó con la vida de la fiscal Von Borries e informó de que un tal Leo fue el encargado de poner la bomba debajo del coche de la fiscal y que el italiano Diodato hizo detonar desde un teléfono móvil.

Pero apenas 24 horas después, Villanueva pudo comunicarse con medios locales para denunciar que sus declaraciones fueron producto de torturas en las celdas policiales, aplicadas con el fin de obligarle a incriminarse.

Los abogados de Villanueva alegan la inocencia de su defendido y, tras la presentación de varios recursos, lograron al menos sacarlo de la cárcel de alta seguridad de Palmasola, donde se hacinan casi 3.000 presos, según las cifras de El Deber.

Los fiscales han anunciado que pedirán la pena máxima de 30 años por el delito de asesinato para los cuatro acusados principales.

Javier Villanueva, bajo arresto domiciliario, es vigilado por un policía en noviembre de 2005
Javier Villanueva, bajo arresto domiciliario, es vigilado por un policía en noviembre de 2005EFE

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