EE UU convertirá en definitiva la restrictiva ley antiterrorista adoptada tras el 11-S

El Congreso y el Senado de EE UU han alcanzado un principio de acuerdo para hacer permanentes las medidas extraordinarias que se adoptaron tras el 11-S para mejorar la lucha contra el terrorismo. La mayor parte de las 14 previsiones de la llamada Ley Patriótica, que expiraba en seis semanas, van a ser convalidadas; las más polémicas se van a prorrogar durante siete años.

El pacto entre los representantes de congresistas y senadores aún no está firmado y los diarios estadounidenses reflejan en sus portadas de hoy que aún queda algún último fleco por rematar. Previsiblemente el acuerdo definitivo se cerrará hoy e inmediatamente se someterá al Pleno de ambas Cámaras para su aprobación definitiva.

Pero lo cierto es que después de varios meses de duros debates, la renovación de la Ley supone una victoria algo inesperada para la Administración Bush que ha logrado ampliar sustancialmente su capacidad para investigar, controlar y realizar un seguimiento de los sospechosos de terrorismo. Los defensores de los derechos fundamentales y la oposición demócrata no han tardado en poner el grito en el cielo al ver cómo una legislación extraordinaria que restringe notablemente las libertades individuales se convierte en normativa permanente.

El nombre de Patriot Act responde a las siglas en inglés de "Proporcionar las Herramientas Adecuadas Necesarias para Interceptar y Obstruir el Terrorismo". Su objetivo es "prevenir y castigar acciones terroristas en EE UU y en el mundo y reforzar las herramientas policiales" y actualiza lo aprobado 27 años antes en materia de interceptación de comunicaciones electrónicas y se divide en cuatro partes.

Control de las comunicaciones

En síntesis, da mayor poder a las fuerzas del orden para interceptar comunicaciones; crea nuevos delitos, nuevas penas y nuevos procedimientos en la lucha contra el terrorismo nacional e internacional; permite un mayor control de las fronteras y facilita los procedimientos de detención y expulsión de sospechosos de actividades terroristas; refuerza la capacidad del Tesoro para investigar movimientos de dinero.

En la primera parte aparecen las polémicas secciones 206 y 215. La 206 recoge la antigua posibilidad de intervenir comunicaciones telefónicas, la amplía a Internet y otros sistemas y simplifica el procedimiento, al no exigir permiso para cada operación, sino para cada persona o investigación, con lo que las posibilidades son casi infinitas. Con la 215, mediante un permiso judicial -para el que no hay que argumentar causa probable, sino pura sospecha-, se puede tener acceso a "cualquier elemento tangible", incluidos historiales financieros o médicos, a los datos telefónicos o de alquiler de libros o de vídeos y a los viajes realizados.